Todas las crisis políticas se disputan dos elementos ante la opinión pública: los hechos y el relato que se construye sobre ellos, y desde hace semanas, los dos polos del conflicto entre el oficialismo y la oposición libran una campal en los medios de comunicación tradicionales, en las redes sociales y en las calles; esa batalla busca sobre todo ganar más el relato que la verdad sobre los hechos. Cada bando trabaja para instalar en la opinión pública una historia a la medida de sus intereses, y vale la pena nombrarlas antes de medir si están funcionando.

El relato es una estrategia de comunicación política, se cuenta una historia persuasiva que funciona como marca para un líder o un gobierno, que moviliza y compromete a los ciudadanos activando emociones, y que se edifica casi siempre sobre la lógica binaria del amigo y el enemigo, con su elenco fijo de héroe, víctima y villano. El relato de la Cuarta Transformación es el de la soberanía agredida. En su versión, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, abrió la puerta a agentes de la CIA que operaron en la Sierra Tarahumara sin aval federal, y ese acto «traición a la patria», en boca de los legisladores de Morena, convierte a la Presidenta Claudia Sheinbaum en la guardiana de la dignidad nacional frente al intervencionismo extranjero. El relato del PAN, en cambio, es el espejo invertido: el de la perseguida que da la cara; en su explicación de los hechos, Maru es una gobernadora que combate al crimen, que desmanteló un narcolaboratorio, y a quien el «narcogobierno» castiga “por hacer bien su trabajo” mientras protege a sus propios gobernadores señalados por sus vínculos con el narco. «Yo con Maru», repiten en redes y en camisetas. Dos historias, dos heroínas, dos villanos. El problema es que ninguna de las dos resiste el contraste con lo que el ciudadano realmente piensa. Hay un tercer elemento que ambos relatos pasan por alto, y conviene tenerlo presente: el problema de fondo de la Cuarta Transformación no se llama Maru Campos, se llama inseguridad. La última medición de Enkoll lo deja sin ambigüedad: el 45% de los mexicanos identifica la inseguridad y el narcotráfico como el principal problema del país, y el 26% de quienes desaprueban a la presidenta señalan precisamente «no combatir la inseguridad» como su mayor error, en una curva que sube desde hace un año. El saldo de opinión sobre la marcha del país se desplomó de +51 a +19 en ocho mediciones. El terreno donde se juega la conversación pública es la percepción de inseguridad, el narco y la corrupción. Y paradójicamente ese escenario es estructuralmente, el más resbaladizo para Morena. Ahí está la clave para leer el conflicto entre el Gobierno federal y Chihuahua. La defensa de Rubén Rocha Moya sería un suicidio frontal, porque nadie gana defendiendo a un gobernador que Estados Unidos pide extraditar por presuntos vínculos con el narco. Entonces no se le defiende, se cambia de tema. Y el cambio de tema tiene nombre técnico: reencuadre. Mover la discusión del encuadre de “NARCOGOBIERNO” —donde la 4T pierde— al marco “SOBERANÍA” —donde el nacionalismo mexicano le ha dado réditos por décadas—. Para quienes creen que Maru Campos es el blanco, se equivocan, la gobernadora simplemente es la palanca para cambiar la conversación pública a un relato más favorable para la 4T, sobre todo cuando falta un año para las elecciones intermedias de 2027. El andamiaje metafórico del oficialismo es impecable en su construcción. La nación opera como un cuerpo, y los agentes de la CIA en la Sierra Tarahumara son una penetración, una intrusión en la integridad del organismo. «Injerencia» va más allá de ser un concepto jurídico, es la imagen de un cuerpo extraño cruzando la piel. De ahí las arengas de «no agachamos la cabeza» —la dignidad como verticalidad— y de ahí que la prueba estadounidense se reduzca, despectivamente, a «una hoja de papel». La traición se vuelve el acto de abrir la puerta desde dentro. Es buen framing, sin membargo, el problema es que está mal apuntado.

Veamos el lado oficialista. Sí, el 65% rechaza que la CIA o la DEA hagan operativos en territorio mexicano: el frame antiintervención aterriza. Pero el mismo encuestado en la pregunta siguiente, aprueba en 74% que esas mismas agencias colaboren con México en inteligencia y capacitación. Y el golpe definitivo: el 60% está de acuerdo con extraditar a Rocha Moya a Estados Unidos. La soberanía que invoca Palacio Nacional es creíble en abstracto y se rompe exactamente en el caso que se quería enterrar. No es antiamericanismo. Es otra cosa, más precisa y más interesante. Ahora el lado panista, donde la euforia merece una ducha fría. El Comité Ejecutivo Nacional ha convertido el «Yo con Maru» en una cruzada que les ha permitido despavilarse y reagruparse, ya más de un dirigente sueña en voz alta con la analogía del desafuero: si Salinas hizo a Fox y Fox hizo —sin querer— a López Obrador, y AMLO construyó a Xóchitl Gálvez, ahora Sheinbaum estaría haciendo a Maru Campos. Es una fantasía absurda porque estamos muy lejos aún de la elección presidencial de 2030. Además, el mecanismo mártir-catapulta exige una condición que aquí no se cumple: amplio nivel de conocimiento y simpatía pública previa hacia el perseguido. López Obrador tenía aprobación de sobra y el desafuero se leyó como abuso. Maru apenas sale del conocimiento regional en Chihuahua y entre quienes la conocen el 59% considera creíbles las acusaciones en su contra y el 66% respalda que se inicie el juicio político, es decir, Maru no cuenta con aprobación como en su momento la tuvo AMLO; no hay catapulta sin trampolín de opinión. Si juntamos las dos columnas de datos, lo que opina la gente sobre el caso Rocha Moya y el caso Maru Campos, emerge el marco real del electorado, ese que ni Morena ni el PAN se han atrevido a nombrar, porque no se trata de soberanía contra entreguismo, se trata de que no entren botas extranjeras a pisar el territorio, pero que tampoco haya intocables adentro. Si leemos con más detenimiento la encuesta de Enkoll podemos encontrar que los mexicanos reclaman al mismo tiempo, «fuera la CIA de la sierra» y «que se extradite al narcogobernador». Y ese marco, llamémoslo ANTIIMPUNIDAD CON DIGNIDAD, aún sigue vacante y nadie lo ha querido ocupar. Está vacante porque ninguno de los dos puede ocuparlo sin contradecirse. Morena no puede prometer «a todos por igual» mientras resguarda a Rocha en su domicilio y mientras su propia Secretaría de Seguridad desmiente sobre una ficha roja de Interpol que nunca existió. El PAN no puede prometerlo mientras blinda a Maru «tope donde tope», los dos están atrapados en la lógica tribal de proteger al propio y entregar al ajeno. Y mientras tanto, el 71% de los mexicanos ya anticipa que la investigación castigará «solo a algunos» o a «ninguno». El cinismo está servido en bandeja, esperando a quien sepa nombrarlo. Esa es la conversación que importa, y por eso conviene desconfiar del entusiasmo de la semana pasada. La batalla de fondo no se ganará con la plaza más llena, sino con el relato que se logre instalar en la cabeza del que se quedó en casa. Y por ahora los dos bandos están tan ocupados puliendo sus propias historias —la soberana agredida, la perseguida que da la cara— que no advierten que la única historia capaz de conectar con el votante sigue sin narrador: la sospecha de que aquí, gobierne quien gobierne, nadie paga.

Un relato se mide por la fortaleza del contrarrelato que enfrenta, y las buenas historias necesitan buenos narradores. Esta tercera historia, la que ni el PAN ni la 4T quieren contar, tiene la trama servida. Le falta solo quien se atreva a contarla. _____ Nota del editor: José Manuel Urquijo es maestro en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica por la George Washington University. Fundó la agencia Sentido Común Latinoamérica y es consultor y estratega político con experiencia en campañas políticas en México y Latinoamérica. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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