Ante los escándalos y señalamientos que vinculan a políticos con el crimen organizado, desde el Gobierno federal hasta los partidos alistan ‘candados’ para filtrar los perfiles de cara a las próximas elecciones. El Congreso aprobó la semana pasada una reforma para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas para que consejeros electorales analicen los perfiles de los candidatos, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero desde Morena, PAN y PRI se alistan acciones internas. Desde Morena, se pedirá apoyo a autoridades como la Fiscalía General de la República (FGR) o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para revisar los perfiles; en el PAN, se pedirá una carta de antecedentes no penales, se investigará a aspirantes envueltos en escándalos y se prevé el uso de agencias privadas para indagar perfiles. En el caso del PRI, además del historial de antecedentes penales, escuchará a los militantes y dirigencias municipales.
Partidos necesitan implementar medidas internas Esta (reforma) es insuficiente y superficial y solo la están usando como una narrativa para decir que están haciendo algo por las presiones de Estados Unidos, cuando en realidad no resuelven ningún problema».
Para analistas, estos filtros nacen bajo el escepticismo, ya que las tres fuerzas políticas tienen en sus filas casos de políticos relacionados con el crimen organizado . El caso más reciente es de los políticos de Morena acusados por Estados Unidos de proteger al Cártel de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha. El señalamiento contra los políticos de Morena se dio en medio de una campaña más agresiva del gobierno de Donald Trump contra los cárteles, en la que ataca, por primera vez, la estructura financiera y los vínculos políticos, un problema añejo en México, que presiona a la presidenta Sheinbaum. El Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, integrada por consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). Paulina Creuheras, abogada y analista especializada en derecho electoral y riesgo político, señaló que la reforma es «insuficiente» porque no tiene ningún mecanismo para evitar la cooptación de políticos durante las campañas ni algún planteamiento sobre anulación de elecciones cuando haya atribución del crimen organizado. Además la Comisión recibirá, de forma voluntaria de los partidos políticos , las listas de los aspirantes a candidatos a un cargo de elección popular, y a su vez será enviada a la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para que revisen los perfiles. Estas autoridades determinarán si existe o no un “riesgo razonable” sobre las candidaturas y en caso de existir, lo comunicarán de forma confidencial a los partidos políticos, pero sin señalar el asunto del se derive el “riesgo” con la finalidad de no afectar el debido proceso. La exconsejera electoral Dania Ravel señaló en el más reciente capítulo del podcast Política y Otros Datos «Reforma electoral: entre narcopolítica e intervención extranjera» que es una obligación de las candidaturas dar esta información, pero es voluntario para los partidos políticos someter a la consideración de la comisión el que se haga la valoración de sus candidaturas. La especialista de Integralia coincidió que la creación de la Comisión no va a resolver el problema, debido a que las resoluciones que tome no serán vinculantes. «(El INE) podrá hacer una serie de análisis, pero no será vinculatorio. Podrían decir ‘no se debería registrar este candidato porque parece que tiene unos vínculos, pero igual se les registrar’. Esto tiene una lógica de presunción de inocencia, pero por eso digo que no va resolver ningún tipo de problema», comenta. Por lo que añade que ante esta reforma, los partidos políticos deben tener sus propios filtros para evitar que personajes relacionados con el crimen organizado lleguen a a las candidaturas.
Morena busca que autoridades revisen perfiles Luego de que se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos investigaba a funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, Morena anunció sus propias medidas. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones, señaló el pasado 13 de mayo que pedirán a las autoridades (Unidad de Inteligencia Financiera, Fiscalía General de la República) que revisen los perfiles de aquellos aspirantes de candidatos “cuestionables”. Explicó que
habrá dos mecanismos para elegir a los contendientes: las
encuestas para seleccionar a los coordinadores de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la
petición a las autoridades
para que revisen los perfiles de aquellos aspirantes a candidatos que tengan “elementos cuestionables”. “Para nosotros es muy importante que quienes representen a nuestra coalición, sean personas con cercanía a la ciudadanía, con una trayectoria honesta y que no tengamos en nuestras filas personas que manchen los principios e ideales que manchen esta coalición”, declaró. La dirigente nacional del partido Ariadna Montiel detalló que se auxiliarán de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera para inspeccionar los perfiles de los aspirantes que busquen contender por la alianza Morena, PT y PVEM. “Todos los partidos debemos llevar candidatos honestos”, expresó. Aun cuando Morena es el partido político más joven de México, al llevar 11 años con registro nacional, ya tiene militantes señalados de nexos con el crimen organizado. Además del gobernador con licencia Rubén Rocha, está el caso de
Hernán Bermúdez Requena, quien era secretario de Seguridad en la entidad durante el gobierno de
Adán Augusto López y quien fue detenido en 2025 por encabezar un grupo criminal «La Barredora» que operaba en Tabasco y era brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Está también el caso de Arisbel Rubí Vázquez Amaro, quien fue consejera estatal en Morena y candidata a alcalde de Atlatlahuacan, Morelos. Ella ya fue detenida por la FGR al ser investigada del atentado contra el exalcalde de Ocuituco, Vícto Hugo Bobadilla y por tener presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. También se encuentra
Diego Rivera Navarro, quien era alcalde de Tequila , Jalisco. Fue detenido en febrero de 2026 por la Marina en un operativo llamado «Operación Enjambre» por tener presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
PAN incluirá agencia privada para investigar Para estas elecciones,
el PAN se encuentra en la redacción de su nuevo reglamento, en el que establecerán el proceso para la selección de sus contendientes, luego de que el año pasado modificaron sus Estatutos, por lo que establecieron nuevas reglas y requisitos para los candidatos. Jorge Triana Tena, vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, adelantó que el primer paso será que los aspirantes cumplan con los requisitos para ocupar el cargo, después pasarán un
segundo filtro, donde se les solicitará
la carta de no antecedentes penales y
serán investigados si han estado en
escándalos relacionados con actos criminales o corrupción , además de que deberán comprometerse con respetar los principios del partido. Además, Triana reveló que, en casos excepcionales, el partido ha analizado contratar alguna
agencia para que investiguen a algunos personajes. “Tendrá que ser una búsqueda independiente la que hagamos nosotros. No descartamos que en algún momento, si vemos que hay lugares donde se requiere profundizar más, nos apoyemos en algún especialista en interpretación y búsqueda de datos”, comentó. Los aspirantes que pasen estos filtros, irán a la tercera etapa, donde e
l PAN los medirá a través de encuestas o elecciones primarias con el fin de
“saber la rentabilidad” de los aspirantes. El PAN también ha tenido servidores públicos relacionados con algún delito. El caso más sonado es el de
Genero García Luna , pues si bien él nunca se afilió al PAN, fue el expresiende Felipe Calderón quien lo nombró como secretario de Seguridad Pública de 2006 al 2012. Ahora se encuentra en Estados Unidos pagando una
condena de 38 años por sus nexos con el Cártel de Sinaloa. Otro caso es el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien ha sido señalado de presuntamente cometer delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal. Otro caso fue el de Lucero Sánchez López, quien fue conocida como “la chapo diputada”. Ella fue elegida como legisladora local en Sinaloa de 2013 a 2016 en una alianza entre el PAN y el PRD. En 2017 fue detenida por las autoridades de Estados Unidos por sus vínculos directos y sentimentales con Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Si en el PRI hay alguien que tenga relaciones con el narco, investíguelo y castíguenlo. Es la obligación del gobierno. No vamos a defender a nadie.
PRI va a territorio a preguntar La secretaria General del PRI, Carolina Viggiano, confirmó que su partido exigirá a sus aspirantes su
carta de no antecedentes penales y serán investigados desde territorio , pues dice, desde ahí se conoce todo. “Hay veces que la vox populi también te dice. En el pueblo se sabe todo. Tenemos delegados de partido que pueden hacer investigaciones, no tan formales ni oficiales. Tenemos que escuchar a nuestros militantes y dirigencias municipales y estatales, ellos saben”, comenta. La también senadora asegura que su partido no “defenderá” a nadie que sea acusado, dentro de su partido, de haber cometido algún acto delictivo, y recordó que, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, más de seis gobernadores militantes del PRI fueron llevados a prisión. Al menos
14 políticos que llegaron al cargo de gobernadores bajo las siglas del PRI han caído en prisión por diversos delitos que van desde lavado de dinero hasta tener nexos con cárteles del narcotráfico. Uno de los casos es el de Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit. Fue detenido y sentenciado por recibir sobornos del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 4 «El Rincón». Otro es el de Mario Villanueva Madrid, quien fue el primer exgobernador mexicano juzgado y sentenciado por su relación con el narcotráfico. Él gobernó Quintana Roo de 1993 a 1999, y fue detenido en 2001 por recibir millones de dólares del Cártel de Juárez para facilitar el trasiego de cocaína a través de este estado. También está Tomás Yarrington quien fue acusado de aceptar sobornos del Cártel del Golfo para que los dejara traficar drogar en Tamaulipas, estado que encabezó de 1999 a 2004.
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