Hoy comienza el Mundial. Todos deseamos que el torneo sea exitoso y —es lo más probable— sin incidentes graves de seguridad que empañen la competencia. Estar en el reflector del mundo ofrece una oportunidad para discutir si comprendemos y atendemos correctamente los problemas de violencia estructural que seguirán ahí cuando se apaguen los reflectores y la atención internacional se disipe. Durante años hemos evaluado los avances principalmente a partir de indicadores como homicidios, detenciones, decomisos y aseguramientos. Todos son relevantes, pero también pueden invisibilizar fenómenos que afectan profundamente la vida cotidiana de las personas. El hecho es que muchas de las violencias que se mediatizaron en vísperas del evento no nacieron con el Mundial ni desaparecerán cuando termine.
1. Violencia psicosocial 2. Mercados ilícitos 3. Armas de fuego en manos civiles
La primera es la violencia de corte psicosocial. Durante mucho tiempo asociamos la violencia letal casi exclusivamente al crimen organizado. Sin embargo, los meses previos al Mundial nos recordaron que no todos los homicidios responden a esa lógica. Ahí están casos como el ataque armado a turistas en la zona arqueológica de Teotihuacán, o el asesinato de dos maestras a manos de un adolescente de 15 años en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Detrás de estos hechos suelen encontrarse conflictos personales, violencia familiar, problemas de salud mental o procesos de radicalización que pocas veces ocupan el centro de la agenda pública. La violencia familiar, uno de los principales factores de riesgo, acumula más de 266,000 denuncias al año pese a la enorme cifra de delitos que ni siquiera se denuncian. Son registros que superan por más de diez veces los del homicidio doloso. Una parte importante de la violencia que enfrenta el país no se combate con operativos contra grupos criminales, sino con mejores políticas de prevención social. El segundo tipo de problemática son los mercados ilícitos que normalmente pasan desapercibidos, como la trata de personas con fines de explotación sexual. El feminicidio de Edith Guadalupe Váldez, de 21 años de edad, en la Ciudad de México volvió a colocar este tema en la conversación pública y reabrió preguntas sobre la capacidad del Estado para detectar y desmantelar estas redes. Los datos son preocupantes: las víctimas de trata registradas por las autoridades prácticamente se duplicaron entre 2018 y 2025. Lo más inquietante es que estos mercados pueden operar durante años sin generar altos niveles de violencia visible, pero con costos enormes para la libertad, la dignidad y los derechos de las personas. La tercer problemática es la disponibilidad de armas de fuego. Se estima que en México circulan alrededor de 15 millones de armas en manos de particulares, muchas de ellas fuera de control institucional. Cuando el uso de armas se expande socialmente, cualquier conflicto cotidiano puede terminar en asesinato. En los meses previos al Mundial se hicieron virales casos de personas armadas en espacios públicos involucradas en conflictos viales, vecinales, familiares y de agresiones contra civiles. Hay que mirar más allá del crimen organizado. La disponibilidad de armas también es un problema de regulación estatal, convivencia social y salud pública.
4. Control territorial por el crimen organizado Lo que se necesita
Finalmente, está el control territorial del crimen organizado. Quizá es el más importante porque habla directamente de la capacidad del Estado para gobernar. Lo vimos este año con los narcobloqueos, los incendios de vehículos, la suspensión de actividades y las afectaciones a la movilidad registradas tras operativos contra grupos criminales. El propio gobierno reconoció más de 200 narcobloqueos en distintas entidades derivados de un sólo evento en Jalisco. Estos hechos muestran que una reducción de homicidios no necesariamente significa que el Estado haya recuperado el control del territorio. Un grupo criminal puede matar menos y, aun así, conservar la capacidad de imponer reglas, cobrar extorsiones, paralizar actividades económicas, bloquear carreteras o desafiar abiertamente a las autoridades. El control territorial trasciende las estadísticas de homicidios; define en cambio quién tiene la capacidad efectiva de gobernar la vida cotidiana. La discusión pública tiene que avanzar hacia una agenda más amplia, como la que ha propuesto México Evalúa . Necesitamos fortalecer las capacidades de investigación criminal y evaluar el desempeño institucional por su capacidad para esclarecer delitos y reducir la impunidad, no únicamente por el número de detenciones. Debemos también reconstruir las policías locales, mejorar sus condiciones laborales y profesionalizarlas Finalmente, es indispensable recuperar la prevención como componente central de la política pública e incorporar el control territorial como una variable fundamental para evaluar la seguridad. Sobre todo necesitamos reconocer que los homicidios dolosos no capturan todas las violencias que afectan a la población. Las problemáticas aquí abordadas deben incorporarse en la agenda de evaluación de la política de seguridad pública. Sería un error ignorarlas una vez que la atención internacional se esfume. _____ Nota del editor: Armando Vargas (@BaVargash) es doctor en Ciencia Política, profesor de posgrado en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa (@mexevalua). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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