El Gobierno de Sinaloa envió al Congreso local una iniciativa para autorizar la pensión por retiro anticipado de Alberto Jorge Contreras Núñez , exmando de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado . La propuesta, impulsada por la gobernadora interina Yeraldine Bonilla , plantea otorgarle este beneficio pese a que el exfuncionario ha sido señalado en Estados Unidos por presunta protección a integrantes de “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con el documento remitido al Poder Legislativo , se solicita que se reconozca su derecho a la pensión por retiro anticipado al considerar que acreditó los requisitos establecidos para acceder a dicha prestación. El planteamiento también contempla una pensión mensual de 67,477.75 pesos , además de ajustes administrativos para su implementación . La iniciativa incluye además la modificación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 2026, con el objetivo de asegurar la suficiencia presupuestal para cubrir el pago correspondiente. Yeraldine Bonilla asumió su cargo después de que Rubén Rocha Moya pidiera licencia ante los señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado por parte de Estados Unidos.
En una acusación federal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) y difundida en abril por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Alberto Jorge Contreras Núñez es incluido entre varios funcionarios mexicanos señalados por su presunta participación en una red de corrupción vinculada al Cártel de Sinaloa. El documento lo identifica como excomisario de la Policía de Investigación en Sinaloa y lo ubica dentro de un esquema más amplio de colaboración entre autoridades locales y la organización criminal. De acuerdo con la acusación, Contreras Núñez habría participado en un sistema de protección institucional que facilitaba las operaciones del cártel a cambio de beneficios económicos. En ese contexto, se le atribuye haber contribuido a permitir el movimiento de drogas hacia Estados Unidos y a la operación segura de células criminales dentro del territorio sinaloense. La acusación incluye a Contreras Núñez dentro de un grupo más amplio de exfuncionarios estatales y municipales que habrían operado en favor de una facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”. El caso forma parte de una investigación transnacional que busca documentar la relación entre estructuras de gobierno locales y organizaciones criminales. Entre los nombres involucrados también destaca el de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y Enrique Inzunza, senador de Morena. Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han emitido una sentencia ni declarado culpabilidad. Se trata únicamente de cargos presentados ante una corte federal, por lo que las imputaciones deberán ser probadas durante un eventual proceso judicial. En México, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) ya adelantó que funcionarios de Estados Unidos no presentaron pruebas al momento de pedir la captura y extradición de Contreras y los otros señalados. En un discurso por el segundo aniversario de su triunfo electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el caso formaba parte de un intento de injerencia por parte de la ultraderecha de Estados Unidos.
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