Durante los primeros 100 días al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández informó que el organismo presentó 21 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades que representarían un posible daño al erario por más de 600 millones de pesos. La información fue dada a conocer durante la presentación del primer informe de resultados individuales correspondiente a la Cuenta Pública 2025 , donde también se reveló la apertura de 31 investigaciones relacionadas con el ejercicio de recursos públicos en dependencias federales, gobiernos estatales y municipios.
Además de las denuncias penales, l a ASF remitió 30 expedientes por presuntas faltas administrativas graves a la autoridad competente, luego de detectar posibles actos de colusión en procesos de contratación pública. Hernández, quien asumió el cargo en marzo, explicó que estas acciones son resultado de un nuevo enfoque institucional que fortalece las facultades de fiscalización y permite actuar desde el momento en que se detectan posibles hechos delictivos, sin necesidad de esperar a que concluya todo el procedimiento de auditoría. Como parte de la reestructuración del organismo, señaló que se implementó un modelo basado en auditorías integrales, con el propósito de evaluar de manera más amplia el funcionamiento de las instituciones públicas y no únicamente aspectos aislados de su gestión. Entre los cambios más relevantes destacó la creación de la Unidad Especializada en Inteligencia y Análisis, encargada de identificar operaciones de riesgo e irregularidades mediante herramientas de investigación que orienten los procesos de revisión. También se estableció la Unidad Especializada en Investigación y Auditoría Forense, con atribuciones para investigar presuntas faltas administrativas graves de manera independiente al procedimiento tradicional de fiscalización. La reorganización interna también contempló la creación de seis Auditorías Especializadas. Dos de ellas estarán enfocadas en la supervisión de entidades federativas y municipios, con el objetivo de fortalecer la presencia de la ASF en campo y verificar directamente la ejecución de obras, la prestación de servicios, la existencia de personal y la adquisición de bienes. Las restantes áreas especializadas revisarán el gasto federal en sectores como salud, educación, desarrollo social, seguridad nacional, hacienda, energía, infraestructura y recursos naturales. Asimismo, se creó una Secretaría General de Fiscalización para supervisar la calidad de los procesos de planeación y ejecución de las auditorías, así como una Auditoría Especializada en Dictaminación e Investigación, cuyo propósito será agilizar la resolución de expedientes y reducir el rezago en la imposición de sanciones. Otra de las novedades es la puesta en marcha de una Unidad de Atención Ciudadana que permitirá recibir denuncias por posibles actos de corrupción a través de redes sociales, correo electrónico, el portal institucional e incluso mediante WhatsApp, con la posibilidad de realizar reportes de forma anónima. En conferencia de prensa, Hernández explicó que las 21 denuncias penales derivan de irregularidades detectadas al revisar expedientes ya existentes. Precisó que, una vez identificados posibles hechos constitutivos de delito, la ASF puede presentar de inmediato las denuncias correspondientes ante la FGR. El auditor señaló que los casos involucran a autoridades de los tres órdenes de gobierno y subrayó que el criterio para actuar no depende del monto económico involucrado, aunque las denuncias presentadas representan un posible desvío cercano a los 600 millones de pesos. Respecto a las 31 investigaciones en curso, indicó que fueron posibles gracias a recientes reformas legales que permiten iniciar indagatorias desde la existencia de indicios, sin esperar a que concluya un proceso completo de auditoría, lo que facilita atender con mayor rapidez asuntos considerados de alto impacto. Finalmente, Hernández afirmó que el nuevo modelo busca dejar atrás el esquema de auditorías fragmentadas para avanzar hacia una fiscalización integral, capaz de evaluar de manera conjunta los aspectos financieros, de cumplimiento y de desempeño de las instituciones públicas, con el objetivo de fortalecer el combate a la corrupción y mejorar la rendición de cuentas.
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