Rumbo a las elecciones de 2027, Morena sabe que, además de los cargos que estarán en disputa , también se jugará su credibilidad y lo que el propio partido denomina su «autoridad moral» . Por ello, para definir a los aspirantes que postulará en las 17 entidades donde se renovará la gubernatura, el partido endureció los requisitos y, más allá de la popularidad, exige una «trayectoria inobjetable» y un perfil libre de señalamientos por corrupción. Sin embargo, al menos 20 de los aspirantes que se registraron hace unos días para competir por la coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena —antesala de la candidatura a gobernador— cuentan con algunas polémicas que podría traerles problemas con su registro. A lo largo de su trayectoria política y en el servicio público, han estado involucrados en polémicas relacionados con lujos, denuncias por corrupción, prácticas de nepotismo, así como presuntos casos de peculado , cohecho, desvío de recursos públicos e incluso señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Lilia Gómez, profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, considera que, ante los señalamientos que pesan sobre varios de sus aspirantes, Morena tendrá que depurar sus perfiles, aunque ello implique dejar fuera a figuras con mayor popularidad. “Morena va a tener que decidir si hace procesos de depuración apegados a las propias reglas que han definido y se arriesga a tener candidatos que no son más polémicos, aunque atraigan un mayor número de votos, o si se queda con candidatos que no tienen esa polémica, esa presencia, que no figuran tanto en los medios, pero que tendrá que promover para que ganen”, explica la también analista política. La convocatoria de Morena para definir a sus coordinadores de la Defensa de la Transformación establece criterios relacionados con la honestidad y la trayectoria de los aspirantes. “Resulta procedente definir a las personas que coordinarán la Defensa de la Transformación en las entidades federativas, distritos, municipios o ámbitos territoriales que correspondan, quienes deberán contar con aceptación, cercanía con el pueblo de México y reconocimiento popular; ser consideradas por el pueblo como personas honestas, de inobjetable trayectoria y comprometidas con los principios de la Cuarta Transformación”, señalan las convocatorias emitidas para las 17 entidades que renovarán la gubernatura. El endurecimiento de los requisitos ocurre en un contexto marcado por los señalamientos contra algunos de sus integrantes. Entre ellos se encuentra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, quien ha sido señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado. También ocurre después de que surgieran rumores sobre el retiro de las visas al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y al de Tamaulipas, Américo Villarreal, ambos morenistas.
Javier Rosiles, profesor de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán (Ucemich), considera que la etapa de revisión de requisitos para los aspirantes busca proyectar la idea de que existe una contienda abierta. Sin embargo, sostiene que, en los hechos, ya hay personas que se perfilan como los próximos coordinadores estatales. “Honestamente, los perfiles que tienen una oportunidad real son los que todos conocemos públicamente. Es una cuestión de narrativa: lo que se busca transmitir es que se trata de un proceso amplio, pero me parece que la dirigencia de Morena ya tiene consensuado quién será el perfil en cada estado”, señaló. El también analista considera que la decisión difícil será la paridad de género en las candidaturas, es decir, establecer en qué estados habrá mujeres encabezando la coordinación de estos trabajos.
Baja California
Baja California Sur
Aquí algunos de los aspirantes que han estado envueltos en la polémica y que buscan ser coordinadores y candidatos de Morena :
Aguascalientes Es uno de los estados más importantes para Morena, ya que actualmente la gubernatura está encabezada por la panista
Tere Jiménez. Para la entidad se registraron de forma presencial cuatro personas, entre las cuales destaca Nora Ruvalcaba. Esta no es la primera vez que la morenista busca la gubernatura del estado. En 2022 también compitió por el cargo; en aquella elección, el Tribunal Electoral del Estado determinó que incurrió en calumnia electoral en contra de su entonces contrincante panista al afirmar “Teresa Jiménez nos dio agua envenenada”. Posteriormente, el Tribunal Electoral federal revocó dichas sentencias. En esta ocasión, Ruvalcaba se inscribió sin cumplir con uno de los requisitos establecidos por Morena, ya que hasta ese momento el Congreso de la Unión no había aprobado su licencia como senadora. La aspirante señaló que será la Comisión de Elecciones la que determine su participación en el proceso. Es uno de los tres estados que registró el mayor número de aspirantes de forma presencial, ya que 10 personas se inscribieron para coordinar los trabajos de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. Sin embargo, al menos tres de ellos han sido señalados en distintos escándalos que van desde presunto peculado hasta nexos con la delincuencia y lavado de dinero. Entre los aspirantes se encuentra Armando Ayala Robles, quien en abril de 2026 fue denunciado por el PAN ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto peculado y el desvío de aproximadamente 120 millones de pesos de recursos federales durante su gestión como alcalde de Ensenada. Al momento de su registro, el aspirante aseguró que no será descalificado por no cumplir con el requisito de no haber cometido ningún delito, al sostener que cuenta con una trayectoria “limpia” y que las denuncias en su contra responden a “ruido mediático”. Se encuentra entre los anotados Julieta Ramírez, quien ha sido señalada por presuntos actos anticipados de campaña, no solo por partidos de oposición, sino también al interior de Morena. Incluso, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido le abrió un expediente y le ordenó abstenerse de realizar actos de promoción. También figura Montserrat Caballero Ramírez, aspirante del PT a coordinar los trabajos en Baja California. En octubre de 2025, la actual gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila, informó que la exalcaldesa de Tijuana era investigada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). No obstante, la exalcaldesa negó dichos señalamientos y sostuvo desde entonces que se trata de una investigación impulsada por la mandataria estatal. Este estado es encabezado por el morenista Víctor Manuel Castro Cosío, y en el proceso se ha registrado Milena Quiroga Romero, alcaldesa de La Paz, cuyo nombre apareció en abril pasado en una “narcomanta”. En dicho mensaje se le acusaba de estar presuntamente relacionada con el cobro de piso en la entidad. En la manta se leía: “Ponte al corriente o sacaremos tus trapitos al sol”. Ante ello, Quiroga Romero calificó el hecho como parte de una “guerra sucia” y solicitó a las autoridades abrir una carpeta de investigación para dar con los responsables. En respuesta, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur inició las indagatorias correspondientes para identificar a quienes colocaron el mensaje.
Campeche Chihuahua
Colima Guerrero
Para este estado se encuentra Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la actual gobernadora Layda Sansores, lo que implicaría un posible incumplimiento del principal requisito establecido por Morena para respaldar candidaturas al gobierno estatal, debido a que el oficialismo anunció desde marzo que no apoyaría casos de nepotismo en la contienda. Su registro fue respaldado por el PT. A ello se suma que en 2022 se filtraron audios presuntamente atribuidos a Sánchez Sansores, en los que se le acusaba de solicitar sobornos de hasta 80 “milloncitos” de pesos a cambio de otorgar permisos de construcción. De acuerdo con versiones difundidas, las grabaciones habrían sido realizadas durante la gestión de Layda Sansores al frente de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Gerardo Sánchez expuso con el audio está «editado» y «sacado de contexto». Una semana antes de su registro en el proceso de Morena, PT, PVEM, el PRI lo denunció por presunto tráfico de influencias. El estado se ha convertido en uno de los principales territorios en disputa frente a la oposición, por lo que Morena ha sostenido en las últimas semanas que encabeza las encuestas de preferencia en la entidad. Entre los aspirantes registrados para la Defensa de la Transformación se encuentra Andrea Chávez Treviño, una de las figuras jóvenes dentro de la estructura del partido, quien inició su carrera política a los 24 años como diputada federal. Es también una de las aspirantes al gobierno de Chihuahua que más controversias ha enfrentado. Uno de los señalamientos surgió por la difusión de imágenes en las que su familia aparece a bordo de un avión privado, lo que contrastó con el discurso de austeridad de Morena. La legisladora explicó que se trató de la renta de un “servicio de taxi aéreo” para asistir a su informe como diputada federal, debido a que su abuela tiene problemas de movilidad que le impiden viajar en vuelos comerciales. A ello se suma que durante más de un año promovió su imagen en el estado, tras expresar públicamente su interés en ser candidata a la gubernatura. En ese periodo, llevó servicios de salud en autobuses rotulados con su nombre e imagen y posteriormente repartió cafés en vasos con su fotografía, lo que generó señalamientos de militantes de Morena por presuntos actos anticipados de campaña. Otro de los contendientes en medio de señalamientos es Cruz Pérez Cuéllar, político con amplia trayectoria tras militar en el PAN, MC y posteriormente en Morena. El alcalde con licencia de Ciudad Juárez fue denunciado en 2023 por el PAN por presunto enriquecimiento ilícito, tras la compra de un inmueble valuado en aproximadamente 26 millones de pesos. Los panistas argumentaron que el costo del inmueble excedía su salario anual y que habría requerido 16 años de ingresos sin gastos adicionales para adquirirlo. Por su parte, el alcalde con licencia señaló que la propiedad no le pertenece, sino que la renta a un exfuncionario de su administración, Daniel Simón Pando Morales, aunque el PAN ha sugerido que éste podría actuar como su presunto prestanombres. Por esta entidad se registró Rosa María Bayardo Cabrera, quien solicitó licencia como presidenta municipal de Manzanillo, Colima. Entre los señalamientos que han marcado su trayectoria se encuentra la presunta vinculación de policías locales con el crimen organizado. En abril de 2026 fueron detenidos ocho policías municipales de Manzanillo, acusados de estar coludidos con el Cártel Jalisco Nueva Generación desde 2023. Al respecto, Bayardo Cabrera señaló que estos elementos formaban parte de la corporación desde antes de su gestión. Guerrero es uno de los estados más competidos, ya que al menos 16 aspirantes buscan coordinar los trabajos de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, cargo del que saldrá el candidato a la gubernatura. Entre los aspirantes se encuentra Abelina López Rodríguez, alcaldesa con licencia de Acapulco, quien ha sido señalada en distintos frentes. Uno de ellos es la denuncia presentada por la Auditoría Superior de Guerrero ante la Fiscalía local, luego de que la funcionaria se negara a comprobar el uso de 898 millones de pesos correspondientes a 2023. A raíz de este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Auditoria estatal carece de facultades para revisar el ejercicio de fondos federales, ya que estos recursos fueron de la Federación. Asimismo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado abrió una investigación por presunto cohecho, relacionada con un collar que presuntamente sería de la marca francesa Van Cleef & Arpels, valuado en aproximadamente 227,000 pesos. Sin embargo, la alcaldesa afirmó que la joya fue un regalo de vecinos de la colonia Simón Bolívar y que no es una pieza original, sino de un valor estimado entre 200 y 300 pesos. López Rodríguez ha sostenido que estas acusaciones forman parte de una campaña de “persecución” en su contra debido a sus aspiraciones a la gubernatura de cara a las elecciones de 2027. Por su parte, Beatriz Mojica Morga busca por segunda ocasión la gubernatura de Guerrero. La primera vez fue en 2015 como candidata del PRD. Desde entonces, ha enfrentado señalamientos por presuntos desvíos de recursos federales y estatales cuando se desempeñó como secretaria de Desarrollo Social en el estado durante la administración de Ángel Aguirre Rivero. La ahora morenista ha negado dichas acusaciones y ha asegurado que los recursos asignados a la dependencia se aplicaron de manera transparente en distintos proyectos sociales.
Michoacán
Nayarit Nuevo León
Querétaro
En este estado se elegirá gobernador en medio de una crisis de inseguridad en la que han sido asesinados desde políticos hasta empresarios, entre ellos el presidente municipal Carlos Manzo. Tras este homicidio, su esposa, Grecia Quiroz, señaló a Raúl Morón Orozco por una presunta vinculación con el hecho. Morón Orozco se registró en la contienda para encabezar los trabajos rumbo a la renovación de la gubernatura en Michoacán. Esta es la segunda ocasión en la que busca gobernar el estado, ya que en 2021 las autoridades electorales le cancelaron su registro como candidato por no haber presentado sus informes de precampaña. Ante las acusaciones de la alcaldesa de Uruapan, el morenista aseguró tener “las manos limpias” y afirmó que, si es requerido, acudirá a declarar ante cualquier instancia. “Nosotros estamos en la misma posición de siempre, no tenemos nada, absolutamente nada que ver con ese hecho tan lamentable”, declaró en febrero pasado. En Nayarit se registraron seis políticos de forma presencial para coordinar los trabajos de la Defensa de la Transformación dentro de la coalición Morena-PT-PVEM. Entre ellos destaca Pável Jarero Velázquez. De acuerdo con el diario Milenio, en 2021 el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) habría investigado al senador con licencia por presuntos vínculos con el crimen organizado, aunque sin precisar con qué grupo delictivo estaría relacionado. Ante ello, el legislador negó dichas acusaciones y aseguró que no es corrupto ni impune: “Me dedico al servicio público, no encontrarán nada”, afirmó. En la entidad, actualmente gobernada por Movimiento Ciudadano, se registraron siete aspirantes de Morena y sus aliados. Entre ellos se encuentra Clara Luz Flores, quien en la elección anterior encabezaba las preferencias, pero se vio envuelta en una polémica tras la difusión de videos de una conversación que sostuvo con Keith Raniere, líder de la secta NXIVM. Raniere fue condenado en Estados Unidos a 120 años de prisión por delitos como explotación sexual infantil, posesión de pornografía infantil, trata de personas con fines de explotación sexual, conspiración y fraude. En un inicio, la entonces candidata negó conocerlo y dijo desconocer qué era NXIVM; sin embargo, tras la difusión del video, reconoció que había mentido. “Cometí un error al haber dicho que no lo conocía y pido perdón”, declaró. A raíz de la polémica, Flores pasó de encabezar las preferencias a ubicarse en un cuarto lugar. Para 2027 busca nuevamente competir por la gubernatura, previo a su eventual designación como coordinadora de Morena en Nuevo León. Otro aspirante, Waldo Fernández, también ha enfrentado controversias. En 2024 fue denunciado por abuso sexual, amenazas y robo. Sin embargo, posteriormente se señaló que las acusaciones habrían sido parte de un intento de desprestigio por parte de Karina “N”, exsecretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, con quien competía por un escaño en el Senado. Fernández presentó una denuncia por falsedad de declaraciones y extorsión, y tras alcanzar un acuerdo con la denunciante —que incluyó una disculpa pública y reparación del daño— la Fiscalía cerró el caso. El ahora aspirante afirmó que, aunque el proceso fue una “pesadilla”, su nombre quedó limpio. “Lo medular es que mi buen nombre quede limpio”, señaló. En su intento por arrebatarle al PAN uno de sus bastiones, alrededor de 10 aspirantes se registraron para la coordinación de Querétaro, entre ellos Santiago Nieto, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y posteriormente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Nieto generó polémica en noviembre de 2021 tras su boda con la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan, en una celebración marcada por el lujo. El evento fue cuestionado por contravenir los principios de austeridad promovidos por Morena, e incluso el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador lo calificó como “escandaloso”, al señalar que los servidores públicos debían conducirse con sobriedad. En respuesta, Santiago Nieto explicó que la ceremonia se realizó en Guatemala por un motivo simbólico, ya que su madre había fallecido en ese país. “¿Valió la pena? La verdad que sí, Carla lo vale”, declaró tras la polémica.
Quintana Roo
Sinaloa Sonora Tlaxcala
Zacatecas
Con el objetivo de mantener la continuidad de Morena en el estado, cinco aspirantes se registraron para encabezar la coordinación estatal y convertirse en el eventual candidato a la gubernatura. Entre ellos se encuentra Rafael Fernando Marín Mollinedo, quien recientemente dejó la dirección de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Su gestión al frente de la dependencia estuvo marcada por señalamientos relacionados con huachicol fiscal, en los que incluso se involucró a elementos de la Marina. En marzo de 2025 se dio a conocer el caso del buque Challenge Procyon, que ingresó al país declarando aditivos para aceites lubricantes, pero en realidad transportaba diésel. La investigación derivó en una presunta red de huachicol encabezada por Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. Marín Mollinedo también generó polémica tras revelarse que sostuvo un encuentro con Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo que estuvo detenido por delitos relacionados con narcotráfico. El exfuncionario reconoció la reunión y afirmó que acudió a la invitación. “Lo fui a visitar. Yo visito a quienes me invitan, no tengo ningún problema. Platicamos de Quintana Roo, él es un referente en el estado”, declaró. Con la mira en retener la gubernatura en manos de Morena —actualmente encabezada por una administración interina—, 12 aspirantes se registraron en el proceso interno, entre ellos Gerardo Octavio Vargas Landeros. El exalcalde de Ahome fue desaforado por el Congreso de Sinaloa luego de aprobar un contrato de arrendamiento de patrullas por 171 millones de pesos sin realizar licitación. Posteriormente, recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero su recurso fue desechado por presentarse de manera extemporánea, por lo que el desafuero quedó firme. Vargas Landeros señaló que el gobierno estatal, que era encabezado por Rubén Rocha, impulsó una acusación penal en su contra como parte de presuntas presiones derivadas de sus aspiraciones políticas. Otra aspirante en medio de la polémica es Imelda Castro, señalada por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) por presunta promoción personalizada durante 2025. El PAN también presentó una queja por supuestos actos anticipados de precampaña y campaña. El Instituto determinó que sí se incurrió en promoción personalizada. Al respecto, Castro afirmó que la resolución del instituto “no es jurídicamente justa” por lo que prevé que se revierta. En la búsqueda por retener la gubernatura, se registraron seis aspirantes a la coordinación estatal de Morena. Entre ellos se encuentra Javier Lamarque Cano, exalcalde de Cajeme, quien fue señalado durante su gestión por haber adjudicado directamente cerca del 85% de los contratos municipales, sin procesos de licitación. En respuesta, el entonces alcalde explicó que estas decisiones respondían a la urgencia de atender problemas en el municipio. “Tenemos una ciudad destrozada por los baches, yo ocupo que se empiece a bachear ahorita… hay que hacer una convocatoria, licitar, algo que me lleva un mes o mes y medio, entonces buscamos otras opciones como la adjudicación directa y elegimos la vía más urgente”, afirmó. Para la coordinación estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional se registraron 10 aspirantes. Algunos de ellos han estado involucrados en controversias por declaraciones contra periodistas o por presunta promoción anticipada rumbo a 2027. La senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera fue criticada tras calificar de “estúpidos” a periodistas que cuestionaron su gestión en Tlaxcala. Posteriormente aclaró que el término hacía referencia a “necedad”. Por su parte, el exdiputado federal Carlos Augusto Pérez Hernández fue cuestionado por la difusión de playeras con la leyenda “Alfonso 2027”, pese a que aún no iniciaban los tiempos formales de campaña. Ante los señalamientos, afirmó que solo había visto su venta. “Yo vi que las estaban vendiendo”, declaró. La contienda interna de Morena en Zacatecas se ha visto marcada por debates sobre las nuevas reglas del partido que prohíben el nepotismo. En ese contexto, Saúl Monreal decidió no registrarse, al ser hermano del actual gobernador, David Monreal. En cambio, sí se registró Verónica Díaz Robles para coordinar la Defensa de la Transformación y posteriormente buscar la candidatura. Díaz Robles fue esposa de Luis Monreal y es madre de dos hijos del entorno familiar del mandatario estatal. Durante su registro evitó pronunciarse sobre su vínculo con la familia Monreal. A ello se suma que, durante su gestión como delegada de Programas para el Desarrollo de la Secretaría del Bienestar en Zacatecas (2019–2022), otorgó contratos sin licitación a la empresa Multiservicio La Plata, donde participa Catalina Monreal, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Tras los señalamientos, Catalina Monreal negó cualquier parentesco político relevante y afirmó que su relación familiar con Luis Monreal había terminado antes de la asignación de dichos contratos, además de señalar que la empresa ya operaba desde 2016.
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