La situación jurídica de Ernesto Ruffo Appel quedó en manos de una jueza federal, quien este martes definirá si el exgobernador de Baja California enfrenta un proceso penal por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustibles. La resolución de Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, también determinará la situación de otros siete acusados, quienes permanecen bajo prisión preventiva tras una audiencia inicial que superó las 32 horas.
La FGR acusa al exmandatario y a otros empresarios de integrar una estructura que presuntamente introdujo al país más de 2,137 millones de litros de hidrocarburo sin los permisos correspondientes. La autoridad sostiene que las operaciones generaron un posible daño fiscal de 166 millones de pesos y relaciona la investigación con Ingemar, empresa fundada por Ruffo y de la que es accionista. El expediente incluye señalamientos en contra de socios, representantes de empresas portuarias, operadores logísticos y un agente aduanal, quienes presuntamente habrían participado en un esquema de importación irregular de combustibles mediante transporte ferroviario.
Ruffo fue detenido el 16 de julio en Ensenada, Baja California. Después de su captura, su defensa solicitó un amparo en contra de la orden de aprehensión y argumentó que no existen pruebas que acrediten que el exgobernador conocía o participaba en las presuntas irregularidades. Según sus abogados, Ingemar se limitaba a tareas administrativas relacionadas con trámites de importación. La audiencia en la que se definirá su futuro procesal se mantiene bajo reserva, luego de que la FEMDO solicitara que las diligencias fueran privadas por tratarse de una investigación considerada de seguridad nacional. Mientras se espera la resolución judicial, Ruffo y otros cinco imputados permanecen recluidos en distintos centros penitenciarios; dos más obtuvieron prisión domiciliaria por razones de salud.
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