Cada año, cuando el Super Bowl paraliza a Estados Unidos, el aguacate mexicano entra al campo sin portar casco ni uniforme. No anota touchdowns ni aparece en las transmisiones, pero es una de las estrellas del espectáculo: el guacamole ocupa un lugar privilegiado en la mesa de millones de consumidores en ese país. En tres décadas, el aguacate pasó de ser un cultivo regional a convertirse en uno de los mayores símbolos de la integración económica entre México, Estados Unidos y Canadá, desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994.
Las nuevas reglas del juego
El fruto, que se produce principalmente en Michoacán, conquistó supermercados, restaurantes y cadenas de comida rápida; mientras que las berries o frutos rojos, como fresas, frambuesas, zarzamoras y arándanos, siguieron una ruta similar y consolidaron a México como una potencia agroexportadora . Pero este éxito tuvo costos ambientales, sociales y laborales que, hoy en día, se encuentran en la mira de los gobiernos mexicano y estadounidense rumbo a la revisión sexenal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) de 2026, con cambios en las reglas del juego, pues más allá de la importancia financiera de la exportación, ahora el escrutinio está en cómo se produce . Mientras el aguacate se consolidaba como el rey de las exportaciones agroalimentarias, los bosques se transformaron en huertas, aumentó la presión sobre los recursos hídricos y se acumularon denuncias sobre informalidad laboral en el campo, lo que ha derivado en la atención de asuntos que durante años permanecieron en los márgenes: la deforestación, la disponibilidad de agua y las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas. Desde antes de que comenzara formalmente la revisión del T-MEC, el gobierno mexicano ya había identificado como un riesgo, para una de las industrias más exitosas del país, las crecientes exigencias ambientales y laborales de los mercados internacionales , pues podían convertirse en una barrera para las exportaciones . La respuesta fue construir un sistema de certificaciones capaz de demostrar que los productos agrícolas mexicanos cumplen estándares verificables de sustentabilidad, trazabilidad y trabajo digno. Los primeros pasos se dieron en octubre de 2025, cuando la Semarnat publicó un acuerdo sobre la creación del Certificado de Libre de Deforestación para acreditar, mediante información oficial, que la producción se realiza sin cambio ilegal de uso de suelo forestal. Su emisión estará a cargo de la Dirección General de Gestión Forestal, Suelos y Ordenamiento Ecológico. Además, como parte del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, también se presentó el Certificado Laboral para la Agroexportación y la plataforma Velagro, diseñada para registrar embarques, verificar condiciones laborales y dar seguimiento a las operaciones de exportación. La estrategia se consolidó en marzo de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa para formalizar el Certificado Laboral para la Agroexportación . La propuesta reconocía que el comercio agroalimentario mexicano enfrenta crecientes exigencias internacionales en materia laboral y ambiental, lo cual resulta relevante si se considera que la informalidad en el sector agrícola alcanza casi el 90%. La legislación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo y reforma la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Comercio Exterior. Faculta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para emitir certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social para actividades agroexportadoras; además, incorpora criterios laborales, de seguridad social y de prevención de la deforestación y del cambio ilegal de uso de suelo como elementos para la regulación del comercio exterior
Para Luis Miguel Morales Manilla, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estas certificaciones responden a una doble presión; por un lado, las exigencias de compradores, reguladores y socios comerciales, pero también las demandas de las comunidades donde se desarrolla la actividad agrícola. “Las certificaciones inevitablemente tienen dos componentes”, detalla el académico. “El de responder a presiones externas, pero también a presiones internas de la población local que demanda que la actividad productiva no tenga afectaciones negativas y drásticas a su forma de vida”.
El precio del éxito exportador En 2024, México exportó cerca de 3,500 millones de dólares en aguacate a Estados Unidos y mantuvo un liderazgo prácticamente indiscutible en el mercado internacional. En berries, se consolidó como el principal proveedor del mercado estadounidense, con envíos valuados en 3,776 mdd. Pero, detrás de esas cifras, existe una transformación territorial sin precedentes. Una investigación de la UNAM, encabezada por Morales Manilla, revela que la superficie sembrada con aguacates pasó de 13,045 hectáreas en 1974 a 266,109 hectáreas en 2024, multiplicándose más de 20 veces en cinco décadas. El investigador describe el fenómeno como una transformación “disruptiva”, capaz de alterar ciclos hidrológicos, ecosistemas y dinámicas económicas regionales. Los efectos incluyen pérdida de cobertura forestal, presión sobre recursos hídricos y alteraciones, cuyos impactos pueden extenderse mucho más allá de las regiones productoras. Para Josefina Cendejas Guízar, investigadora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la expansión agrícola transformó comunidades enteras, modificó economías regionales y convirtió a Michoacán en el principal abastecedor del mercado estadounidense. Explica que, desde la década de 1990, la frontera aguacatera llegó a expandirse entre 8,000 y 10,000 hectáreas por año. A su juicio, la misma lógica de expansión comenzó a replicarse con el auge de las berries. “Aunque la producción de berries parece que no incide directamente en la deforestación, consumen hasta siete veces más agua que el aguacate”, apunta la investigadora.
Las advertencias que llegaron al T-MEC No es que nos guste o no la regulación; sabemos que hay un interés legítimo por evitar la deforestación,
Entre la regulación y la realidad
Las preocupaciones ambientales no son nuevas. Desde hace más de una década, académicos y organizaciones civiles propusieron limitar la expansión descontrolada de las huertas, impulsar la restauración forestal y atender las afectaciones sociales derivadas del modelo agroexportador. “Nuestra recomendación pasó sin pena ni gloria, no se logró absolutamente nada”, recuerda Cendejas. Con el paso de los años, las advertencias ambientales comenzaron a coincidir con otro tipo de presión: la comercial. Hugo Alberto Michel Uribe, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), explica que los temas laborales y ambientales han acompañado los acuerdos comerciales de América del Norte desde sus orígenes. A su juicio, en Estados Unidos persiste la percepción de que parte de la competitividad agrícola mexicana descansa en menores costos laborales y altos niveles de informalidad en el campo. “Hay mucho la preocupación de que las ventajas de México en productos agrícolas provengan de trabajo que no está formalizado, que no tenga acceso a seguridad social o a estándares laborales mínimos”. Fernando Cruz, director de Estudios y Proyectos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), coincide en que la discusión viene de años atrás. Considera que la creciente competitividad de productos mexicanos, como el aguacate, las berries, el tomate y otras hortalizas explica parte de la presión política que hoy enfrenta el sector en Estados Unidos. Para muchos productores, las nuevas exigencias no representan una novedad, sino una ampliación de requisitos que ya exigen los mercados internacionales. Incluso, son las propias asociaciones privadas las que se han ido autorregulado y profesionalizando para no perder el mercado, sobre todo, el estadounidense. En ese aspecto, obligan a sus agremiados a obtener certificaciones internacionales que exigen cero deforestación, cuidado del agua y buenas prácticas laborales. Alejandro Ramírez, productor de berries en Michoacán, considera que las certificaciones son inevitables y positivas en la medida en que contribuyan a mejorar las condiciones ambientales y laborales del sector, aunque reconoce que implicarán mayores costos de producción, particularmente, en materia de seguridad social para los trabajadores.
Los exportadores cumplirán con las certificaciones porque necesitan exportar, pero generará costos adicionales que el consumidor asumirá,
A su vez, Serafín Toledano, representante de la Unión de Productores de Aguacate de la Región Volcanes, del Estado de México, observa el fenómeno desde una perspectiva más cercana al territorio. “Yo veo alrededor de mi pueblo y lo que antes eran terrenos de encino ahora ya es pura huerta de aguacate. Créame que aunque sea productor de aguacate, sí me preocupa”. Aunque el sector agroalimentario respalda la continuidad del T-MEC, la nueva regulación causa inquietud entre productores y exportadores. Jorge Esteve, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), reconoce que miles de productores tendrán que incorporarse a los nuevos esquemas de certificación para mantener el acceso a los mercados internacionales. Uno de los mayores retos, dice, será la revisión de cambios de uso de suelo mediante herramientas tecnológicas capaces de identificar posibles afectaciones forestales. La preocupación es particularmente relevante para pequeños productores, quienes suelen enfrentar mayores dificultades para costear procesos de regularización, certificación y trazabilidad, además de contar con menor capacidad técnica y administrativa para cumplir con los nuevos requisitos. Luis Fernando Haro, director general del CNA, advierte que además será necesario contar con capacidad institucional suficiente para procesar las certificaciones sin generar retrasos que terminen convirtiéndose en una barrera para las exportaciones. La preocupación no es menor. Para el sector agroexportador mexicano, el desafío ya no consiste únicamente en producir o vender más. Ahora debe demostrar cómo produce y acreditar que cumple requisitos ambientales y laborales que durante años no estuvieron sujetos a una supervisión. De cara a la revisión del T-MEC, las agroexportaciones dejan de observarse como un tema arancelario y descansan más en un asunto de derechos humanos y cambio climático, donde la presión de Estados unidos no surge solo desde el gobierno, sino de los consumidores que exigen cada vez más productos más éticos desde su producción. Nota editorial: Este reportaje forma parte del número de julio de la revista Expansión, que puede consultarse aquí.
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