La libertad de expresión en México nunca ha sido gratuita. Se conquistó. Se defendió. Se pagó muy caro. Hubo una época en la que un gobernador levantaba el teléfono y un periódico amanecía sin publicidad oficial. Otra en la que un presidente decidía quién tenía micrófono y quién desaparecía de la conversación pública. También hubo periodistas que perdieron su empleo por publicar una investigación incómoda, y otros que perdieron mucho más que eso, su libertad y su propia vida. Cada espacio de libertad que hoy existe fue ganado después de décadas de presiones, amenazas y silencios impuestos.
Por eso, cuando un gobierno anuncia nuevas reglas para los medios de comunicación, la discusión nunca puede reducirse a un “no pasa nada” o a un “ya llegó la dictadura”. Entre esos dos extremos existe una conversación mucho más seria, y es la que hoy deberíamos estar teniendo. Esta vez no hablamos de algo hipotético. El martes 28 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los nuevos lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias en radio y televisión. Al día siguiente se abrió la consulta pública y, hasta el 21 de agosto, cualquier persona puede ingresar al portal de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y dejar sus comentarios. Vale la pena leer la letra pequeña antes de formarse una opinión definitiva. Empecemos por lo que no es nuevo. Los derechos de las audiencias no nacieron con este gobierno. Se incorporaron a la Constitución en 2013 y se desarrollaron un año después en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En 2017, una contrarreforma impulsada por el PAN los eliminó de la legislación secundaria y la Suprema Corte tardó cinco años en declarar, en 2022, que aquello había sido un retroceso inconstitucional. La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada por el Congreso en julio de 2025, los recuperó y amplió. Esa ley ordenó a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) redactar los lineamientos que ahora están en consulta. Conviene detenerse aquí un momento: la CRT no es el mismo tipo de órgano que regulaba antes. Sustituyó al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que era autónomo por diseño constitucional precisamente para que sus decisiones no dependieran del Ejecutivo en turno. Ese cambio, por sí solo, ya merece más atención de la que ha recibido. ¿Y qué dicen exactamente los lineamientos? En términos prácticos, obligan a todas las estaciones de radio, canales de televisión abierta, servicios de radio y televisión de paga, así como a medios públicos, comerciales y de uso social, a contar con un código de ética, nombrar un defensor de las audiencias y distinguir con claridad los hechos de las opiniones. La funcionaria encargada de presentarlos, Luisa María Alcalde, ha insistido en que el propósito es “evitar interpretaciones discrecionales” sobre lo que ya establece la ley. La propia presidenta también ha sido enfática: “el objetivo no es estar multando”, dijo, pues se trata de un esquema de autorregulación en el que son los propios medios quienes designan a su defensor y elaboran su código de ética. Dicho así, resulta difícil encontrar a alguien que se oponga. Todos queremos mejores medios. Todos queremos combatir la desinformación. Todos queremos que las mentiras tengan consecuencias. El problema comienza cuando dejamos de leer el discurso y empezamos a revisar las implicaciones. Y aquí no soy solo yo dudando desde el escritorio. Irene Levy, presidenta de Observatel, una de las organizaciones que más de cerca ha seguido la evolución de las telecomunicaciones en México, advierte que el anteproyecto va más allá de lo que la propia ley permite, porque crea facultades, procedimientos, sujetos obligados y consecuencias sancionatorias que no estaban contemplados originalmente. Y no es la única voz con reservas. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, que agrupa a más de mil 200 estaciones afiliadas en todo el país, respaldó públicamente el objetivo de proteger a las audiencias, pero al mismo tiempo presentó objeciones técnicas concretas sobre la forma en que se pretende aplicar la regulación. Cuando las dudas no provienen únicamente de la oposición política, sino también de especialistas y de la propia industria regulada, vale la pena revisar el proyecto con mayor detenimiento. Porque la pregunta no es si debemos combatir la desinformación. Claro que debemos hacerlo. La verdadera pregunta es quién tendrá la facultad de decidir qué información es suficientemente veraz, qué contexto resulta adecuado y cuándo un medio cruzó la línea que amerita una sanción. Y ahí empiezan las dudas. El periodismo no funciona como una operación matemática. No existe una sola manera de contar una historia. Dos reporteros pueden cubrir exactamente el mismo hecho y llegar a conclusiones distintas. Dos analistas pueden observar la misma conferencia presidencial y escribir columnas completamente opuestas sin que ninguno esté faltando a la verdad. Esa diversidad de enfoques no representa un problema para la democracia; representa una de sus principales fortalezas. El gobierno insiste en que nada de esto constituye censura porque a nadie se le impedirá publicar una nota. Y es cierto: jurídicamente no estamos hablando de censura previa. Pero la libertad de expresión no solo se pone en riesgo cuando alguien prohíbe hablar. También cuando logra que los demás prefieran quedarse callados. Ese es el punto que realmente preocupa a periodistas, especialistas y organizaciones nacionales e internacionales, sobre todo en un momento en el que Article 19 documenta una ola de violencia contra la prensa en México que no ha cedido. No se trata únicamente de la posibilidad de recibir una sanción. Se trata del efecto que esa sola posibilidad puede generar dentro de una sala de redacción. Imaginemos a un reportero que tiene lista una investigación incómoda sobre un funcionario local. Sabe que, si alguien se siente aludido, puede presentar una queja ante el defensor de las audiencias; que esa queja puede escalar a un procedimiento, y que ese procedimiento podría terminar en una multa. Antes de dar clic en “publicar”, surge la pregunta inevitable: ¿vale la pena meterse en este problema? Ese instante, casi invisible, es el nacimiento de la autocensura.
Y la autocensura suele ser mucho más eficaz que cualquier decreto. No necesita cerrar periódicos ni apagar estaciones de radio. Basta con sembrar la duda suficiente para que ciertas historias nunca lleguen a escribirse. Hay otro elemento que no deberíamos perder de vista. Las leyes sobreviven a los gobiernos, y las instituciones también cambian de manos. Hoy estas facultades están en manos de funcionarios que aseguran actuar con responsabilidad y que incluso repiten, casi como un mantra, que “no se trata de multar”. Mañana podrían estar en manos de personas con una visión completamente distinta, operando desde un órgano que, a diferencia del que existía antes, ya no cuenta con autonomía constitucional frente al Ejecutivo. Las democracias no diseñan instituciones pensando en el gobernante ideal; las diseñan pensando en impedir que un mal gobernante concentre demasiado poder. Ese es, precisamente, el argumento que llevó a la Suprema Corte a invalidar la contrarreforma de 2017: no importaba tanto la intención del momento, sino el precedente que se dejaba abierto. Esa es la razón por la que cualquier herramienta que permita al Estado intervenir, aunque sea de manera indirecta, en la actividad de los medios merece ser analizada con lupa. No porque toda regulación sea autoritaria —de hecho, buena parte de lo que proponen estos lineamientos existe en otras democracias—, sino porque la historia demuestra que los excesos casi siempre comienzan envueltos en buenas intenciones y en nombres atractivos, como “protección de los derechos de las audiencias”. Nadie discute que las noticias falsas existen. Nadie niega que las campañas de desinformación representan un desafío enorme. El Estado tiene la obligación de enfrentarlas. Pero existe una diferencia enorme entre combatir la mentira y adquirir la facultad de decidir cuál es la verdad. Esa frontera, aunque parezca pequeña, sostiene buena parte de cualquier democracia.
Quizá todavía no estamos frente a un intento abierto de censura. Sería irresponsable afirmarlo, sobre todo mientras el proyecto sigue en consulta pública y puede modificarse antes de entrar en vigor. Pero también sería ingenuo pensar que cualquier regulación es inofensiva únicamente porque se presenta bajo el argumento de proteger a las audiencias o porque quien la impulsa asegura, con toda sinceridad, que no busca multar a nadie. Las libertades rara vez desaparecen de golpe. Normalmente se reducen poco a poco. Un nuevo requisito. Un procedimiento adicional. Una sanción ejemplar. Un precedente. Después otro. Y otro más. Cuando la sociedad descubre que el margen para disentir se hizo más pequeño, ya no recuerda exactamente cuándo empezó a perderlo. Por eso, mientras dure la consulta pública, que concluye el 21 de agosto, vale la pena que quienes se dedican al periodismo, y también quienes simplemente consumen noticias todos los días, entren al portal de la CRT y expresen su opinión. No porque debamos vivir con miedo, sino porque una democracia sana nunca deja de vigilar al poder, sin importar quién lo ejerza. La libertad de expresión no necesita aplausos. Necesita ciudadanos dispuestos a defenderla antes de que haga falta extrañarla. _____ Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
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