En medio del debate por la propuesta del gobierno federal para establecer nuevos criterios sobre la difusión de contenidos en radio y televisión, la iglesia católica sostuvo que ninguna autoridad puede impedir que una persona exprese sus ideas o difunda información, pues considera que ello vulnera el derecho fundamental a la libertad de expresión. En un pronunciamiento difundido por Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de México señaló que la libertad de expresión no solo implica rechazar cualquier forma de censura previa, sino también garantizar que las personas puedan buscar la verdad, formarse un criterio propio y participar libremente en la vida pública.
“Ninguna autoridad puede impedir anticipadamente que una persona exprese sus ideas o difunda información, pues resulta incompatible con la libertad que corresponde a toda persona, pero también lo es cualquier forma de comunicación que manipule, degrade o instrumentalice al ser humano”, planteó. El posicionamiento surge luego de que el gobierno federal anunciara un proceso de consulta para analizar los mecanismos relacionados con la veracidad de los contenidos, el derecho de réplica y la distinción entre información y opinión en medios electrónicos. La iglesia destaca que, aunque las autoridades argumentan que la intención es fortalecer los derechos de las audiencias, la iniciativa genera inquietud entre especialistas y representantes de medios, quienes advierten posibles riesgos para la libertad de información. Recordó además que el marco constitucional protege la libre expresión de las ideas y establece que ese derecho no puede estar sujeto a controles previos, aunque afirmó que también hay responsabilidades cuando se afectan los derechos o la dignidad de terceros. Expresar pensamientos, intercambiar conocimientos y comunicar opiniones, agregó, forman parte de los derechos inherentes de toda persona. Afirmó que ninguna instancia administrativa debe decidir qué opiniones son aceptables o determinar de antemano la veracidad de los contenidos.
Advierte además sobre otros desafíos que enfrenta la libertad de las personas en el entorno digital. Entre ellos menciona la manipulación de la información, el uso de algoritmos que incentivan la polarización y la reducción de los individuos a “perfiles de consumo con fines económicos o tecnológicos”. Como parte de su postura, la iglesia planteó que el debate no debe limitarse a definir el alcance de la regulación estatal, sino incluir la responsabilidad ética de quienes participan en la comunicación pública. Entre los principios que propuso destacan la prohibición de cualquier censura previa, el fortalecimiento del derecho de réplica, la autorregulación de los medios mediante códigos de ética, la protección de la dignidad humana como eje de la comunicación y la regulación de las plataformas digitales y los algoritmos para evitar «prácticas de manipulación o polarización». Sostuvo también que una sociedad democrática requiere una comunicación basada en la verdad, el respeto a los derechos humanos y el compromiso compartido de autoridades, medios, plataformas digitales y ciudadanía para fortalecer el debate público.
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