En solo 21 meses como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ), Leonardo Lomelí Vanegas ya enfrentó dos de las crisis más graves de la institución: el homicidio de un estudiante al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur y la pérdida de credibilidad del examen de ingreso a licenciatura por trampas y fraude. Los años 2025 y 2026 se cuentan entre los periodos más complejos para la casa de estudios, marcada en la última década por denuncias de acoso sexual, casos de plagio y una ola de protestas.
Lomelí Vanegas inició su administración con problemas a resolver desde el minuto cero, porque su nombramiento fue cuestionado por algunos universitarios y hasta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Un día después de su designación, el mandatario lo señaló de pertenecer a un supuesto grupo de la Facultad de Economía que controla la UNAM, que no se opone a las políticas neoliberales y lo relacionó con los exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. En su primer discurso como rector, sin embargo, Lomelí ofreció dialogar con López Obrador sobre encontrar vías de cooperación “para el bien del país”. Tras la toma de protesta del cargo, un grupo de personas se manifestó en la Torre de Rectoría de la UNAM para exigir al nuevo rector atención a las denuncias por violencia de género, imponer sanciones a los profesores señalados y brindar atención integral a las denunciantes. Durante tres semanas consecutivas se realizaron protestas en la Rectoría, con destrozos en las instalaciones. Una manifestaciones fue convocada por estudiantes de la Prepa 5, que también demandaron solución de las denuncias por acoso sexual. Lomelí Vanegas aseguró que su plan de trabajo incluía el acercamientos con los alumnos, pero acusó que “grupos de choque” utilizaban las demandas legítimas de la comunidad universitaria para desestabilizar a la UNAM. En una conferencia de prensa el 29 de noviembre de 2023, advirtió que los grupos porriles estaban resurgiendo y que algunos eran financiados por partidos políticos, sin especificar cuáles.
La crisis del CCH Naucalpan El problema de los grupos porriles se extendió hasta 2024 y creó una de las primeras crisis de la administración de Lomelí. El 8 de mayo de ese año, Óscar Yael, un estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, murió de un paro cardiaco tras quedar en medio de un ataque porril afuera del CCH Naucalpan. El joven de 19 años acudió a ese bachillerato a recoger a su hermano, pero a la salida un grupo de jóvenes encapuchados lanzó petardos en contra de los estudiantes y robó las pertenencias de algunos. La universidad dijo que Yael cayó previamente de un puente vehicular y se desvaneció al llegar a la entrada del CCH. Las clases fueron suspendidas un día después para investigar los hechos. A la semana siguiente, los estudiantes tomaron las instalaciones del plantel para exigir a la UNAM seguridad escolar y un alto a la presencia de porros en las instalaciones escolares.
Los manifestantes tomaron la Dirección General del CCH Naucalpan por alrededor de dos meses y la institución acusó que hicieron destrozos al mobiliario y espacio, por lo que en agosto expulsó a siete estudiantes que acusó de ocupar de manera ilegal este espacio. La universidad advirtió entonces que no toleraría “conductas que violentan el quehacer universitario y que afectan el patrimonio bajo el resguardo de la Universidad de la Nación».
El caso Yasmín Esquivel A la administración de Lomelí le tocó continuar la batalla jurídica que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, emprendió en contra de la UNAM por un dictamen que encargó para determinar si cometió plagio en su tesis de licenciatura en 1987. La exhibición del trabajo que Esquivel hizo para titularse en Derecho abrió un debate sobre los filtros de la UNAM para detectar el plagio, lo que llevó a la institución a implementar nuevos mecanismos de revisión de todas las tesis con herramientas tecnológicas que permitan evaluar la originalidad de los trabajos. Aunque este escándalo estalló en diciembre de 2022, en la administración de Enrique Graue, el caso se extendió hasta 2024, cuando un juez federal confirmó, en definitiva, que la UNAM no puede sancionar a Esquivel por el presunto plagio ni difundir su resolución sobre el caso.
Tragedia en el CCH Sur Una de las crisis más importantes de la administración de Lomelí fue el homicidio de Jesús Israel, un estudiante de 16 años del CCH Sur, quien fue atacado con una navaja al interior del plantel por otro alumno de 19 años. La tragedia de septiembre de 2025 destapó dos grandes problemáticas en la UNAM: la falta de mejores protocolos para garantizar la seguridad escolar y de servicios más amplios para la atención de la salud mental en las escuelas. Para demandar una resolución a esas carencias, estudiantes se manifestaron en Ciudad Universitaria y el caso también reabrió el debate sobre cómo la violencia cada vez está más presente en las aulas. La UNAM presentó un plan para reforzar la atención a la salud mental de su comunidad con el Programa Universitario de Cuidado y Apoyo para la Salud Mental.
Irregularidades en el examen de la UNAM Este año, la universidad enfrentó una severa crisis, tras confirmar irregularidades y fraude en el examen de ingreso a licenciatura 2026. Tras decenas de quejas, la institución ordenó realizar un informe sobre el proceso de selección y conformó una Comisión Técnica de expertos que revisó las conclusiones del reporte. El organismo presentó los resultados el viernes pasado y confirmó prácticas prohibidas expresamente en la convocatoria del concurso de admisión, como el uso de celulares durante el examen, la presencia de personas que auxiliaban a los aspirantes o el apoyo externo para la resolución de la prueba. También se documentaron casos de suplantación de identidad, venta y filtración de las respuestas, así como ofertas para responder los exámenes completos mediante el empleo de recursos tecnológicos y el uso masivo de IA. La UNAM optó por aplicar un examen de control a todos los alumnos seleccionados y a aquellos con altos puntajes con el fin de verificar los resultados obtenidos y tratar de garantizar la transparencia y equidad en el ingreso. Además interpuso una denuncia penal por estos hechos y la secretaria general de la UNAM, Patricia Dávila, renunció a su cargo en medio de esta polémica. “Ofrezco una disculpa a las y los aspirantes que, habiendo sido aceptados limpiamente, serán convocados a presentar el examen de control, pero es necesario para dar certeza y garantizar la equidad en el acceso”, declaró el rector Lomelí. «El rector está agraviado, como lo está la universidad en su conjunto, pero también se ocupa de la solución al problema”, agregó. Con el examen de control, la UNAM busca salvar el ciclo escolar que arranca en agosto, pero el debate sobre la prueba sigue abierto mientras los estudiantes reclaman respetar la primera selección y regresar a los exámenes presenciales.
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