La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) impulsa una reforma integral a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente ( LGEEPA ), con la que busca actualizar el principal ordenamiento ambiental del país para responder a retos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la degradación de los ecosistemas. La dependencia propone reestructurar por completo la legislación promulgada en 1988 e incorporar nuevas herramientas como la evaluación ambiental estratégica, fortalecer la restauración ecológica, ampliar los mecanismos de conservación de la biodiversidad, armonizar la ley con el Acuerdo de Escazú y aprovechar tecnologías como imágenes satelitales e inteligencia artificial para la vigilancia ambiental.
Una ley para los retos del siglo XXI Más herramientas para conservar y restaurar
Los planteamientos fueron expuestos durante el Foro Nacional para la Modernización de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente , realizado en la Cámara de Diputados, donde participaron legisladores, funcionarios de Semarnat, Profepa, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), especialistas y representantes de organizaciones ambientales. La subsecretaria de Regulación Ambiental de la Semarnat, Iliana Villalobos Estrada , explicó que la propuesta elaborada por la dependencia no consiste en modificar algunos artículos, sino en rediseñar el andamiaje jurídico ambiental. «Hoy en día nuestra propuesta no se limita a ajustes puntuales, sino que se reestructura en totalidad el articulado de la LGEEPA», afirmó. La funcionaria recordó que la ley fue publicada el 28 de enero de 1988 y, aunque tuvo diversas reformas –la más importante en 1996–, su estructura responde a una realidad ambiental muy distinta a la actual. En ese entonces, explicó, el país aún no enfrentaba con la intensidad actual problemas como la crisis climática, la contaminación por plásticos, la degradación de suelos, la pérdida acelerada de biodiversidad o los contaminantes emergentes. Por ello, la propuesta incorpora nuevos instrumentos como la evaluación ambiental estratégica , que permitiría analizar los efectos ambientales de políticas públicas, programas y planes antes de que éstos se traduzcan en proyectos específicos. Actualmente la legislación contempla la evaluación de impacto ambiental para obras y actividades determinadas; con la reforma se pretende incorporar una visión preventiva desde la etapa de planeación. La iniciativa también plantea fortalecer la política de conservación mediante nuevas figuras derivadas del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal.
Entre ellas se encuentran corredores biológicos terrestres y marinos , paisajes bioculturales , Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), bosques certificados , refugios pesqueros y espacios destinados a la protección de la agrobiodiversidad. Además, la propuesta fortalece el régimen de restauración ecológica y reconoce formalmente el Programa Nacional de Restauración Ambiental , presentado por Semarnat en 2025, el cual establece metas para recuperar ecosistemas degradados y avanzar hacia una deforestación neta cero al final de la década. Villalobos señaló que la restauración será uno de los principales ejes de la política ambiental durante los próximos años. «Pensamos que esa es la gran tarea que tenemos hacia adelante: la restauración ambiental», sostuvo.
Incorporará principios del Acuerdo de Escazú Semarnat reconoce rezagos en las NOM
Otro de los cambios será armonizar la ley ambiental con el Acuerdo de Escazú , tratado internacional del que México forma parte y que reconoce derechos relacionados con el acceso a la información ambiental, la participación pública y la justicia ambiental, además de establecer medidas para proteger a personas defensoras del medio ambiente. Marco Antonio Esquivel López , subprocurador de Litigio Estratégico y Justicia Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), explicó que la legislación vigente no incorpora plenamente estos estándares internacionales. «Muchas veces falta decantar esos estándares internacionales del Acuerdo de Escazú en la LGEEPA», señaló. Indicó que la reforma contempla fortalecer la denuncia popular, garantizar mejores condiciones para el acceso a la información ambiental, ampliar la participación ciudadana y generar un entorno seguro para personas denunciantes y defensoras ambientales. También se plantea incorporar de manera expresa principios como el precautorio, el preventivo, el de reparación del daño y el enfoque de derechos humanos. Durante el foro, Villalobos reconoció que uno de los principales rezagos del marco jurídico ambiental se encuentra en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM). «Tenemos severas debilidades en todas las disposiciones establecidas en la LGEEPA sobre las normas oficiales mexicanas. Hay una debilidad tremenda, no hubo una actualización adecuada y hoy lo estamos padeciendo en términos de contaminación ambiental», afirmó. Explicó que, aunque recientemente fueron actualizados algunos instrumentos relacionados con planes de manejo de residuos mineros , todavía es necesario fortalecer la regulación ambiental aplicable a distintos sectores industriales. «La industria minera ahí está y tenemos que regularla y evitar accidentes que puedan generar daños ambientales irreversibles. Y no estoy hablando solamente de la minería; hablo en general de toda la industria», agregó. La subsecretaria consideró indispensable modernizar las normas para prevenir accidentes ambientales y reforzar las acciones de remediación y contención de la contaminación. «Cuando veo un problema de contaminación antigua que no se ha logrado resolver me pregunto: ¿cuántos niños más tienen que seguir creciendo con este problema ambiental? Eso es inaceptable; tenemos que atajar los problemas ambientales fuertes que tiene nuestro país», expresó. Añadió que la contaminación atmosférica es uno de los mayores desafíos, particularmente en las zonas metropolitanas, donde –reconoció– aún existen problemas históricos que requieren soluciones de largo plazo. «Tenemos que seguir avanzando en temas de remediación, contención y prevención de la contaminación atmosférica», sostuvo. Al concluir su intervención, subrayó que la protección ambiental no depende únicamente del gobierno.
Digitalización y nuevas instituciones Diputados llaman a actualizar una ley de casi cuatro décadas Especialistas piden una ley aplicable
De acuerdo con la propuesta presentada durante el foro, la reforma también contempla una modernización institucional. Entre los cambios se plantea transformar la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) en un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. Asimismo, se propone que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente evolucione hacia una Procuraduría Federal de Justicia Ambiental. El proyecto también prevé digitalizar diversos procedimientos administrativos mediante registros electrónicos, fortalecer el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes y simplificar trámites ambientales sin disminuir los estándares de protección. El diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo, impulsor del foro, señaló que la ley fue construida cuando México apenas comenzaba a incorporar la protección ambiental dentro de su política de desarrollo. Sin embargo, dijo, cuatro décadas después el contexto es completamente distinto. Recordó que en los últimos 25 años México perdió millones de hectáreas de bosques y selvas y que cerca del 70% de los cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación. También llamó a fortalecer las responsabilidades de los municipios en materia de ordenamiento ecológico, cambio de uso de suelo y crecimiento urbano. «Debemos fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, simplificar procedimientos sin debilitar la protección ambiental, brindar mayor certeza jurídica a la inversión responsable y garantizar que el desarrollo económico y la conservación de la naturaleza no sean objetivos contrapuestos, sino complementarios», sostuvo. Añadió que la nueva legislación deberá fortalecer la prevención, la restauración ecológica y el principio de que quien dañe los recursos naturales asuma el costo de reparar los daños. Durante el foro, el presidente del Colegio de Biólogos de México, Ricardo Medina Calvario , explicó que la iniciativa incrementa el contenido de la ley al pasar de 204 a 331 artículos e incorpora nuevas disposiciones sobre biodiversidad, restauración, participación pública, evaluación ambiental estratégica y digitalización de trámites. No obstante, advirtió que el reto será garantizar que la legislación pueda aplicarse de manera efectiva. También consideró indispensable que la reforma vaya acompañada de recursos suficientes. «Toda reforma será inoperante sin un presupuesto real y suficiente para el sector ambiental en sus tres niveles de gobierno», señaló. El especialista destacó que la actualización de la LGEEPA también busca alinear la legislación mexicana con compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú, el Acuerdo de París, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Agenda 2030. Las propuestas recabadas durante el foro serán entregadas a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados para enriquecer la iniciativa que posteriormente será discutida por el Congreso.
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