Mientras México acelera la construcción de infraestructura para atender la creciente demanda de electricidad , en Hidalgo productores de pulque y tlachiqueros alertan sobre el impacto que podrían tener siete proyectos fotovoltaicos en una región donde el paisaje de magueyales no solo sostiene una actividad económica, sino también una tradición gastronómica y cultural con raíces mesoamericanas. Aún no amanece cuando Brisa Fernanda Flores comienza su recorrido por los magueyales de Jalapilla, una pequeña comunidad del municipio de Singuilucan. Con un acocote y herramientas que, asegura, apenas han cambiado desde tiempos mesoamericanos, extrae el aguamiel de los magueyes para llevarlo después al proceso que lo convertirá en pulque.
«No nos oponemos a la energía limpia»
«Para nosotros el maguey no es solamente una planta. Es nuestra forma de vida», dice la campesina y tlachiquera, integrante del colectivo El Maguey, la Casa de Todos. Pero ese paisaje que durante generaciones ha dado sustento a cientos de familias hoy enfrenta una nueva amenaza: la instalación de parques fotovoltaicos o de energía solar, que ocuparían miles de hectáreas en Singuilucan, Epazoyucan y Zempoala. Las comunidades sostienen que los proyectos pondrían en riesgo la producción de maguey, la elaboración de pulque, la biodiversidad del semidesierto y la recarga de acuíferos. También denuncian que, pese a haber enviado oficios desde 2025 a distintas dependencias federales y estatales, siguen sin recibir información completa sobre los impactos ambientales y sociales de las obras que se proyectan . México busca ampliar con rapidez su capacidad de generación eléctrica, luego de que en marzo de 2026, el gobierno de Claudia Sheinbaum dio a conocer que calcula invertir 5.6 billones de pesos en infraestructura durante el sexenio y destinar el 54% de esos recursos al sector energético, bajo un nuevo modelo que impulsa proyectos desarrollados conjuntamente por el Estado y empresas privadas para atender el crecimiento de la demanda eléctrica nacional. En ese contexto, la disputa del territorio también se ha desatado. Y es que si bien, la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de abril, busca impulsar proyectos prioritarios de infraestructura mediante la participación mixta de los sectores público, privado y social, para atender el déficit de infraestructura energética, en Hidalgo esa transición energética ya enfrenta resistencia. Ante ello, Brisa Fernanda Flores, representante del colectivo en defensa del territorio pulquero, asegura que las comunidades de Hidalgo no están contra de las energías renovables, sino de la forma en que los proyectos han avanzado. «Somos campesinos y tuvimos que volvernos investigadores para entender qué empresas vienen, qué permisos tienen y qué quieren hacer en nuestro territorio», afirma.
De acuerdo con la investigación realizada por el colectivo, existen al menos siete proyectos fotovoltaicos previstos para Epazoyucan, Singuilucan y Zempoala, que en conjunto ocuparían más de 3,200 hectáreas. Entre ellos figuran Akuwa Solar, Saturno Solar, Delfín Solar, Ocote Solar, Wisenergy Solar, Luciérnaga y un proyecto en Tulancingo. Sin embargo, según el colectivo, los desarrollos con mayores avances son Akuwa Solar , Saturno Solar, Delfín Solar, de la empresa empresa Dhamma Energy México, que es parte del grupo Dh2 Energy (con sede en Madrid, España) y que ya cuentan con permisos federales. Dichos proyectos buscan contribuir al crecimiento de la energía limpia de forma diversificada y sostenible, bajo altos estándares técnicos, ambientales y sociales. En 2025, la Comisión Nacional de Energía otorgó a Akuwa Solar el permiso para desarrollar una central fotovoltaica de hasta 130.8 megawatts, con un sistema de almacenamiento mediante baterías, entre los municipios de Epazoyucan y Singuilucan. El permiso establece un calendario que prevé el inicio de obras entre 2026 y 2027 y el arranque de operaciones en junio de 2028. Brisa Fernanda Flores asegura que Akuwa Solar es el proyecto con mayores avances administrativos y el único del que han podido confirmar permisos ambientales y energéticos. La incertidumbre llevó a habitantes y ejidatarios a tocar las puertas de distintas dependencias.
«Hemos entregado documentos al gobernador, a Semarnat, a la Procuraduría Ambiental, a distintas dependencias, y las contestaciones han sido muy ambiguas. Nos dicen que existen parques fotovoltaicos, pero que les mandemos otra vez la información con todos los números de permiso para poder responder» El respaldo de Sheinbaum y la apuesta de Hidalgo
En marzo de este año enviaron un nuevo oficio a la representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Hidalgo para exigir respuesta a solicitudes presentadas desde octubre de 2025. Entre ellas pidieron conocer el inventario de especies protegidas presentes en la zona, la Evaluación de Impacto Social, la fecha de una eventual consulta pública y las opiniones técnicas de instituciones como Conagua, Conafor, Conanp, Profepa, el INAH y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas . También solicitaron que la UNESCO fuera informada del proyecto, al considerar que el área forma parte del Geoparque Mundial Comarca Minera . La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación también recibió la inconformidad de los habitantes y la turnó al gobierno de Hidalgo para que atendiera las demandas relacionadas con la consulta previa y los derechos de las comunidades indígenas. En este camino por obtener información y a través de solicitudes de información fue que el ayuntamiento de Singuilucan aseguró que no existía una licencia municipal para construir un parque fotovoltaico y explicó que el cambio de uso de suelo corresponde a autoridades estatales, debido a que el municipio no cuenta con un Programa de Desarrollo Urbano. El conflicto y el descontento por la instalación de parques fotovoltaicos en esta región pulquera del Hidalgo, llegó hasta Palacio Nacional. Fue durante la conferencia matutina del 17 de febrero, que habitantes de Epazoyucan y Singuilucan expusieron a la presidenta Claudia Sheinbaum que habían solicitado información sobre el impacto ambiental y social de los proyectos y que la consulta indígena seguía pendiente. La mandataria respondió entonces que en un ejido no podría desarrollarse un proyecto sin el aval de los ejidatarios y que, cuando existen pueblos indígenas involucrados, la consulta previa debe realizarse conforme a la ley. También aseguró que las autoridades federales atenderían a las comunidades. Mientras tanto, el gobierno de Hidalgo ha mantenido la apuesta por convertir al estado en un polo para la generación de energía solar. En julio, el secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo, Carlos Henkel Escorza , afirmó que los proyectos fotovoltaicos de Epazoyucan y Singuilucan continúan vigentes y descartó que hayan sido cancelados. Explicó que el único desistimiento registrado correspondía a un proyecto distinto, ubicado en Tulancingo y que no formaba parte de los anuncios oficiales de la administración estatal.
Entre la transición energética y el territorio
Para Brisa Fernanda Flores, el debate no gira en torno a las energías renovables, sino al lugar donde se pretende desarrollarlas. «Nuestra comunidad ni siquiera tiene un servicio de electricidad estable. Preguntamos para quién será esa energía y nunca hubo una respuesta clara. Lo único que vemos es que quieren rentar nuestro territorio durante décadas», afirma. Mientras México busca ampliar su capacidad de generación eléctrica para responder a la creciente demanda nacional, en los magueyales de Hidalgo la discusión gira en torno a que si la transición energética puede avanzar sin poner en riesgo territorios donde el paisaje, la economía y la identidad de las comunidades siguen dependiendo del maguey y del pulque. Apenas en junio de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan de Crecimiento de Energías Renovables, con el que busca incorporar 32,000 megawatts (MW) de capacidad instalada hacia 2030, de los cuales 70% provendrá de fuentes renovables, principalmente energía solar y eólica. «Es algo histórico, un esfuerzo enorme para beneficio del pueblo de México, de la nación y de la soberanía energética», sostuvo. Este plan contempla una inversión de 739,000 millones de pesos, combinando recursos públicos, esquemas de inversión mixta y capital privado. De acuerdo con la Secretaría de Energía, el objetivo es reducir la dependencia del gas natural importado, incrementar la generación de electricidad con fuentes limpias y mantener al Estado como el principal generador de energía del país. La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, informó que actualmente existen 50 plantas fotovoltaicas en proceso , con una capacidad conjunta de 7,859 MW, además de 17 parques eólicos que aportarán otros 4,701 MW. Hacia el final del sexenio, la meta es que el 38% de la electricidad del país provenga de fuentes renovables y evitar la emisión de 69 millones de toneladas de dióxido de carbono. Sin embargo, mientras el gobierno federal presenta esta expansión como un paso para fortalecer la soberanía energética y acelerar la transición hacia una matriz eléctrica más limpia, en comunidades como Jalapilla, Singuilucan y Epazoyucan el debate gira en torno a cómo desarrollar esa infraestructura sin afectar territorios donde el maguey, el pulque y la actividad agrícola siguen siendo el principal sustento económico y cultural. Si bien los proyectos de infraestructura energética continúan en distintas etapas de evaluación y permisos, comunidades, colectivos y organizaciones de Hidalgo preparan nuevas acciones para visibilizar el conflicto, por lo que los próximos 5 y 6 de septiembre realizarán un encuentro en la Fundación Arturo Herrera Cabañas, en Pachuca, donde buscarán analizar los posibles impactos ambientales, sociales y culturales de los parques fotovoltaicos proyectados para Epazoyucan, Singuilucan y Zempoala.
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