Brenda Quevedo Cruz, una de las acusadas por el presunto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, podrá dejar la prisión domiciliaria luego de que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México determinó poner fin a esta medida cautelar. Se trata de lo más cerca que Quevedo ha estado de recuperar su libertad en casi dos décadas. Fue detenida en 2007, cuando tenía 24 años, y permaneció 16 años y medio en prisión preventiva, sin recibir una sentencia. En junio de 2024, la medida cautelar fue modificada a prisión domiciliaria, donde permaneció durante los siguientes dos años bajo vigilancia de la Policía Federal Ministerial y con un localizador electrónico.
La prisión domiciliaria había sido impuesta luego de que la parte acusadora argumentara que Quevedo representaba un potencial riesgo para la integridad de Isabel Miranda de Wallace, empresaria y madre de la víctima. Sin embargo, después de una audiencia de 12 horas, el juez determinó modificar nuevamente las condiciones cautelares, luego de que la defensa acreditara que las circunstancias habían cambiado desde 2024. Entre los principales cambios se encuentra el fallecimiento de Miranda de Wallace, ocurrido en marzo de 2025. Quevedo aún no recupera plenamente su libertad. El proceso penal en su contra continúa y deberá cumplir otras medidas cautelares, entre ellas acudir a firmar periódicamente y solicitar autorización judicial en caso de que pretenda salir del país. En torno a las acusaciones contra Quevedo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria han documentado prácticas de tortura y la exposición pública de personas señaladas como responsables del secuestro, pese a que en México toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad. Brenda Quevedo Cruz es una de las seis personas detenidas en relación con el Caso Wallace.
Después de casi dos décadas, solo una de las personas acusadas en este caso ha obtenido su libertad: Juana Hilda González Lomelí. Tras permanecer 19 años y cinco meses en prisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le concedió un amparo en junio de 2025, con el que ordenó su inmediata y absoluta libertad. El máximo tribunal del país determinó que las pruebas presentadas eran insuficientes para demostrar su responsabilidad en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda. La Corte también señaló inconsistencias en el proceso contra González Lomelí y sostuvo que la confesión incriminatoria que se utilizó en su contra fue obtenida mediante presiones, intimidaciones y amenazas. Con la resolución de la SCJN quedó sin efecto la sentencia de 78 años de prisión que había sido impuesta a González Lomelí. Mientras tanto, otras cuatro personas acusadas permanecen en prisión: Jacobo Tagle Dobín, César Freyre Morales y los hermanos Albert y Tony Castillo Cruz. En el caso de César Freyre Morales, señalado como el presunto líder operativo del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, se le impuso una sentencia de 131 años de prisión.
No obstante, a partir de un juicio de amparo promovido en 2020, su condena fue revisada. El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal invalidó la acusación por extorsión, por lo que se redujeron 12 años a la sentencia. Su proceso por el delito de secuestro continúa bajo revisión. Los hermanos Alberto y Tony Castillo Cruz permanecen en prisión y sus respectivos casos también se encuentran bajo revisión en tribunales de amparo. Tras denunciar ante las autoridades y los medios de comunicación el presunto secuestro de su hijo, ocurrido en 2005, Isabel Miranda de Wallace se convirtió en una figura pública y activista contra el secuestro, al cuestionar la falta de resultados de las autoridades para esclarecer el caso. Su notoriedad creció al grado de ser recibida personalmente por el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012), fundar la organización Alto al Secuestro y, posteriormente, contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2012 como candidata del PAN. Sin embargo, con el paso de los años comenzaron a salir a la luz diversas irregularidades en torno al Caso Wallace. Entre los señalamientos se encuentra que fue la propia Miranda de Wallace quien identificó y señaló públicamente a quienes consideraba responsables del secuestro. A su vez, las personas acusadas han denunciado que las declaraciones autoincriminatorias utilizadas en su contra fueron obtenidas mediante tortura física, amenazas y otras formas de coerción.
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