La paridad enfrenta una nueva batalla antes de las elecciones de 2027 . A siete años de la reforma constitucional de “paridad en todo”, que garantiza que 50% de los cargos de decisión pública en los tres poderes del Estado, órdenes de gobierno y candidaturas sean ocupados por mujeres, en los estados avanzan medidas, iniciativas y lineamientos que pueden limitar su alcance . Postular mujeres en espacios con pocas probabilidades de triunfo, evitar candidaturas exclusivamente femeninas en municipios donde nunca ha gobernado una mujer e incluso impulsar a esposas de gobernantes son algunas de las prácticas que, según especialistas, pueden utilizar la paridad a conveniencia.
Los estados ponen a prueba la paridad
A nivel local, hay resistencia de todos los partidos a modificar las reglas con las que históricamente han decidido quiénes compiten por el poder. Esperanza Palma, catedrática e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), señala que el problema está relacionado con el control que los hombres mantienen sobre los procesos internos de selección de candidaturas. “(La paridad) rompe una cadena de reclutamiento de candidaturas, que tradicionalmente ha estado controlada por hombres», señala. La paridad no solo no se ha consolidado en los gobiernos estatales y municipales, sino que en algunos casos existe riesgo de retroceso. Uno de ellos es el caso de Jalisco, donde los lineamientos de paridad emitidos por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) fueron impugnados por Morena, el PRI y Movimiento Ciudadano. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó las reglas que obligaban a reservar exclusivamente para candidatas ocho municipios donde nunca había gobernado una mujer, como Zapopan, Tonalá y Chapala. En el caso de Guerrero, el Congreso local avaló la propuesta de un diputado local del Partido Verde para que la paridad sea gradual y se complete hasta 2030 . Además, se exentó a los partidos, “por única ocasión”, de cumplir con los bloques de competitividad, por lo que podrán mandar a mujeres en lugares donde carecen de posibilidades de triunfo . Como añadido, se prohibió al OPLE emitir medidas, fijar requisitos, condiciones o supuestos adicionales a los establecidos en la Constitución local, incluso cuando esas reglas busquen garantizar la paridad sustantiva y no solo una paridad formal, como ocurre con las modificaciones de listas. Este último candado para evitar que los OPLEs ejerzan sus facultades para hacer cumplir la paridad también se impuso en Chihuahua, gobernado por Acción Nacional (PAN) y con mayoría legislativa de ese partido. En Hidalgo, el Congreso local analiza aún una iniciativa promovida por Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y PVEM para establecer la “paridad alfabética” , que consiste en dividir los 84 municipios para que los que empiezan con las letras de la A a la M tengan candidatas mujeres y los de la N a la Z, candidatos hombres. “Es un disparate porque realmente relega a mujeres a competir en demarcaciones en donde (…) hay menos población, más rezago social, presupuestos más reducidos y deja los bloques de municipios donde hay más desarrollo económico, con más relevancia política, a los hombres”, destaca Palma Cabrera. Querétaro, que gobierna el PAN, no se queda atrás. En julio se aprobó una reforma que estableció que, en municipios donde nunca ha gobernado una mujer –entre ellos Querétaro y Tequisquiapan–, sean mujeres “al menos dos de cinco” candidatas; es decir, habrá tres candidatos hombres . Bajo el argumento de apoyar la paridad género en las elecciones, gobernadores han intentado reformas a legislaciones locales para impulsar a sus esposas para que los sucedan. En San Luis Potosí, encabezado por el verde ecologista Ricardo Gallardo, el Congreso local aprobó una iniciativa del mandatario para obligar a los partidos políticos a registrar únicamente a mujeres para la gubernatura del estado en el proceso electoral de 2027 y que en los periodos posteriores las postulaciones siguieran una regla de alternancia entre hombres y mujeres Sin embargo, esta reforma fue vetada por el gobernador tras acusaciones de querer promover a su esposa la senadora Ruth González Silva, quien ha expresado su interés por ser candidata al estado que gobierna su esposo. En Nuevo León también hay una reforma parecida, conocida como “Ley Mariana”, en la cual se reserva para mujeres la candidatura para la gubernatura en el proceso electoral de 2027; sin embargo, se encuentra frenada por falta de consenso. En tanto, Mariana Rodríguez, esposa del actual gobernador Samuel García, defiende este propuesta al asegurar que ésta “pone sobre la mesa una desigualdad estructural que muchos no quieren ver, pero que sigue limitando el acceso de las mujeres a los espacios de mayor poder”.
El reto para los partidos Un desafío para los partidos es que esa intervención (sobre paridad de género en la contienda), no divida a la cúpula estatal; sabemos que cuando esas elecciones internas ocurren, puede haber divisiones en los partidos políticos, El papel de las autoridades electorales
De los 3,842 cargos que se disputarán en la elección 2027 , la mitad de las candidaturas deben ser para mujeres. En el caso de las 17 gubernaturas, al ser número impar, el puesto adicional es para ellas; es decir, cada partido o alianza deberá presentar a nueve candidatas y ocho candidatos. Un desafío para los partidos es evitar que esa intervención en materia de paridad de género divida a las estructuras estatales. Especialistas recuerdan la elección de 2024, cuando Morena eligió a Clara Brugada como contendiente para la jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, pese a que la encuesta de posicionamiento la ganó Omar García Harfuch, lo que causó fricciones entre los morenistas. La experta en materia electoral comenta que para evitar las fricciones en el cumplimiento de paridad, es importante la disciplina de los partidos, labor que, dice, debe lograr la cúpula de cada organismo político, así como tener mecanismos y reglas claras que den certeza a los aspirantes. En eso coincide Claudia Pedraza Bucio, investigadora de la Universidad La Salle, quien señala que, si los partidos no definen los criterios bajo los cuales colocarán las candidaturas de mujeres, puede haber fracturas. El problema no se limita a la resistencia de los partidos. Claudia Espinosa Almaguer, catedrática y abogada feminista, señala que las autoridades electorales también forman parte de la ecuación, particularmente cuando sus decisiones dejan margen para que las fuerzas políticas interpreten las reglas de paridad o encuentren formas de sortearlas. “Tendría que haber una ética política y que los partidos respeten. Paridad es 50-50 sin dar vueltas. Tendría que haber una autoridad electoral que vigile, pero si se deja a los partidos hacer trampa y que decidan cómo conciben la paridad, pues elegirán los municipios con más dinero, para que los gobierne un hombre”, indica. Las especialistas señalan que las mismas autoridades son las que actúan con distintos criterios en casos similares. Por ejemplo, en el caso de Jalisco, donde que el Tribunal Electoral evitó que sean candidatas en municipios donde nunca ha gobernado una mujer, mientras en otros estados sí existe la exclusividad. “Se quitó la postulación exclusiva de mujeres para los ocho municipios, estuvo muy mal. Hay otros estados en donde sí hay municipios exclusivos para mujeres candidatas: Hidalgo, Morelos y Nayarit ya han validado esto. Tenemos también un problema adicional: el tribunal está aplicando distintos criterios para los mismos casos”, plantea Palma Cabrera. Palma Cabrera también considera que el INE incumple el principio constitucional de paridad porque en las últimas designaciones, la presidenta Guadalupe Taddei no aplicó el criterio paritario para los nombramientos internos de direcciones y nombró mayoritariamente hombres. «Eso viola la Constitución, la paridad es un principio constitucional. Es un mandato a todos los órganos del Estado”, asegura.
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