Las fiscalías del país acordaron actualizar el Protocolo Homologado de Investigación en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, además de presentar un nuevo manual para fortalecer la atención e investigación de casos de extorsión. Los acuerdos se tomaron durante la LIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), realizada en Nayarit, con la participación de fiscales generales y representantes de las instituciones de procuración de justicia de las 32 entidades federativas.
En materia de desapariciones, las fiscalías acordaron acciones para difundir el protocolo actualizado y capacitar y certificar al personal ministerial, pericial y policial encargado de su aplicación. También se acordó fortalecer las Fiscalías Especializadas en la materia y prever recursos específicos en los presupuestos de 2027, con el objetivo de que las labores de búsqueda y la atención a las familias cuenten con instituciones con personal e infraestructura suficientes. En materia forense, los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia acordaron dar seguimiento a la información que integra el Banco Nacional de Datos Forenses, fortalecer sus registros y mejorar el intercambio de información entre la Federación y las entidades federativas. En el marco de la Asamblea, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró también la adopción de un protocolo especializado para investigar delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos. La ONU-DH documentó que, entre 2016 y 2025, 184 personas defensoras de derechos humanos fueron privadas de la vida y otras 43 fueron desaparecidas en posible relación con su labor. El protocolo especializado busca que las autoridades identifiquen desde las primeras etapas de una investigación si un delito puede estar relacionado con la labor de defensa de derechos humanos de la víctima. Además, establece que cuando existan indicios de esa relación, las autoridades deberán analizar de manera prioritaria y agotar las líneas de investigación vinculadas con la labor de defensa.
En otro de los acuerdos, durante la Asamblea se presentó el Manual de operación de las fiscalías o unidades especializadas para la recepción de denuncias, investigación y persecución del delito de extorsión. El documento busca servir como herramienta para compartir experiencias y fortalecer las capacidades institucionales de las fiscalías y procuradurías en el combate a este delito. Como parte de las acciones, las instituciones acordaron fortalecer la capacitación de su personal y difundir la oferta educativa del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), particularmente en temas relacionados con el combate a la extorsión. La Fiscal General de Justicia de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, señaló que detrás de cada investigación hay servidores públicos que necesitan preparación, herramientas y condiciones adecuadas para realizar su trabajo. Durante la Asamblea también se abordaron temas relacionados con feminicidio y propuestas de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales. En materia de feminicidio, las fiscalías tomaron conocimiento de la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Feminicidio, con el propósito de identificar las acciones necesarias para una eventual implementación. Asimismo, analizaron propuestas de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales orientadas a agilizar y fortalecer la investigación de los delitos.
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