El error de partida: confundir opacidad con arbitrariedad La discusión pública mexicana sobre el retiro de más de 50 visas a políticos y funcionarios —y, esta semana, la de Andrés Manuel López Beltrán— ha partido de una premisa jurídicamente incorrecta: que la ausencia de explicación pública equivale a ausencia de fundamento. Es un salto argumentativo que no resiste el análisis. El derecho migratorio estadounidense no exige motivación pública para revocar una visa, y esa reserva —consagrada en la sección 222(f) de la Immigration and Nationality Act— no es una anomalía de este caso: es la regla general aplicada a los 55 millones de titulares de visa bajo revisión continua del Departamento de Estado. Interpretar el silencio como prueba de politiquería es, en el mejor de los casos, una lectura ingenua del sistema; en el peor, una narrativa construida para desplazar el debate del terreno jurídico al terreno emocional.
El estándar que nadie en el debate mexicano ha querido explicar La sección 212(a)(2)(C) de la INA faculta al funcionario consular a negar o revocar una visa cuando tiene «razón para creer» que el solicitante ha participado, de cualquier forma, en tráfico de sustancias controladas —incluida la mera sospecha de vínculo, sin necesidad de condena, acusación formal o siquiera investigación abierta en México. Esto no es un tecnicismo menor: es el corazón del asunto. El umbral probatorio es deliberadamente bajo porque el objetivo de la norma no es sancionar penalmente, sino proteger el interés de seguridad nacional estadounidense restringiendo el acceso físico de personas que las agencias de inteligencia consideran de riesgo. Quien exige «pruebas» bajo el estándar de un proceso penal está aplicando la vara equivocada a la institución equivocada.
Por qué el caso López Beltrán no puede leerse en el vacío Ningún elemento público confirma, a este corte, que exista un expediente de investigación en Estados Unidos contra Andrés Manuel López Beltrán. Eso debe decirse con toda claridad, porque afirmar lo contrario sin sustento sería tan irresponsable como la narrativa que se pretende cuestionar. Pero también debe decirse, con la misma claridad, que la explicación que él mismo ofrece —persecución política «al estilo hitleriano», ausencia total de motivo— es jurídicamente insuficiente como defensa, porque el sistema estadounidense no está diseñado para exhibir el motivo. La pregunta relevante no es «¿mostró EE. UU. pruebas?» —nunca las muestra, por diseño—, sino «¿qué tan plausible es, dado el patrón de revocaciones desde octubre de 2025 concentradas en cuadros de un partido específico y bajo esa misma causal migratoria vinculada a narcotráfico, que se trate de una decisión puramente simbólica?» La evidencia circunstancial —patrón, causal invocada de forma recurrente por el propio Departamento de Estado, escalamiento paralelo de la política antidrogas de Washington hacia México— apunta hacia un uso instrumental de la herramienta migratoria como extensión de la política de seguridad nacional, no hacia un capricho aislado.
El costo de la negación institucional
La insuficiencia jurídica del argumento de «injerencia» Aquí es donde la postura de la presidenta Sheinbaum merece una evaluación severa. Calificar la revocación como «injerencia» en asuntos internos de México confunde dos planos jurídicos distintos y, francamente, no debería sostenerse desde una oficina que dispone de asesoría legal internacional de primer nivel. La política migratoria de un Estado soberano sobre a quién admite en su territorio —bajo estándares de seguridad nacional, además— no constituye injerencia en los asuntos internos de otro Estado; es ejercicio ordinario de soberanía migratoria, reconocido en el derecho internacional consuetudinario y en la práctica diplomática global sin excepción. Exigir «pruebas» a Washington como condición de legitimidad de una decisión consular es exigir a Estados Unidos que abandone su propio marco legal para satisfacer un estándar que México no le exige a sí mismo en decisiones migratorias equivalentes. Es, en el mejor de los casos, una postura de conveniencia política doméstica; en el peor, una defensa institucional que antepone la cohesión partidista a la evaluación seria del riesgo reputacional que representa para el país tener, dentro de su clase gobernante, un patrón sostenido y numeroso de revocaciones bajo causal de narcotráfico. El verdadero riesgo estratégico no es que Washington use una herramienta legal y discrecional —lo hará, y seguirá haciéndolo, con o sin el beneplácito de México—. El riesgo es que el discurso oficial mexicano, al insistir en el marco de «injerencia» y «politiquería» sin abrir una sola línea de revisión interna sobre los señalados, renuncie a la única función que sí le corresponde: la vigilancia institucional propia sobre sus cuadros políticos. Cada vez que el gobierno mexicano convierte una decisión consular extranjera en agravio nacionalista, evita la pregunta que debería hacerse puertas adentro. Esa omisión, sostenida caso tras caso desde octubre de 2025, es la conclusión más severa —y más fundamentada— que este análisis puede ofrecer.
Dos sistemas jurídicos, una sola evasión
Estados Unidos actúa dentro de un marco legal legítimo, opaco por diseño y de bajo estándar probatorio deliberado. México responde con un marco retórico de soberanía que es jurídicamente correcto en abstracto pero políticamente instrumentalizado para no rendir cuentas en lo concreto. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, y reconocerlo —sin caer en la especulación de imputar delitos no confirmados ni en la ingenuidad de aceptar la versión oficial mexicana sin escrutinio— es la única postura analíticamente honesta disponible a este corte. _____ *Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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