La organización criminal relacionada con el llamado “huachicol fiscal” , presuntamente encabezada por los hermanos Fernando y Manuel Farías Laguna , tuvo una afectación económica de más de 340 millones de pesos , tan solo por los millones de litros de hidrocarburos recuperados durante un operativo en 2024 , informó la fiscal general de la República, Ernestina Godoy. La investigación del caso derivó en el aseguramiento del buque Challenge Procyon en la Aduana de Altamira, Tamaulipas, en marzo de 2024, medida que representó el golpe a la organización criminal.
“Destaco que la afectación económica a la organización criminal, tan solo de este aseguramiento, asciende a más de 340 millones de pesos por los millones de litros de hidrocarburos recuperados”, dijo la fiscal Godoy. Como parte de las acciones contra esta estructura también fueron aseguradas 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles. Godoy explicó que la investigación comenzó en 2024, luego de que el entonces almirante secretario de Marina, Rafael Ojeda, transmitiera a quien entonces ocupaba la titularidad de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, indicios sobre operaciones de dicha red delictiva. Ese mismo año, el Ministerio Público de la Federación inició las investigaciones. El aseguramiento del buque con ocho millones de litros de hidrocarburo en Altamira, Tamaulipas, confirmó la existencia de un entramado criminal que, de acuerdo con la investigación, buscó enriquecerse al margen de la ley y en el que habría participado Fernando Lagunas.
Días después, el Gabinete de Seguridad detectó una operación de características similares en Ensenada, Baja California, donde fue asegurado un segundo buque mediante el cual ingresaron ilegalmente al país cerca de ocho millones de litros de combustible. La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada reconstruyó el esquema de operación de la organización, basado en el uso de buques tanque que arribaban a puertos como Tampico o Ensenada. En esos puntos, los hidrocarburos se reportaban indebidamente como aceites o aditivos para evadir impuestos. De acuerdo con Godoy, con la participación de servidores públicos deshonestos se realizaba el transporte y la dispersión de los derivados del petróleo mediante empresas legalmente constituidas, que se encargaban de su distribución en estaciones de servicio como destino final o bien de lavar el dinero obtenido ilícitamente. El nuevo modelo de investigación e inteligencia aplicado en la Fiscalía General de la República permitió obtener evidencia de revisiones y pedimentos manipulados, así como de agentes aduanales corruptos que facilitaron la descarga del hidrocarburo, las revisiones simuladas y la adulteración en volúmenes y muestras de producto. Los avances en la investigación sobre el modus operandi permitieron determinar que la organización operaba en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México. A partir de las diligencias realizadas por el Ministerio Público se obtuvieron más órdenes de aprehensión, entre ellas la de Fernando Lagunas, con la que se activó la respectiva ficha roja de Interpol. Además de Fernando Lagunas, 15 personas más han sido detenidas y presentadas ante las autoridades judiciales, entre ellas 12 exservidores públicos, como resultado de las indagatorias y de la coordinación permanente con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. La fiscal informó que las investigaciones no se detuvieron con estos aseguramientos. El seguimiento al modus operandi ha aportado elementos contundentes para solicitar nuevas órdenes de aprehensión contra otras personas, entre ellas accionistas, apoderados, socios y enlaces, en seis estados de la República, relacionados directamente con la distribución. Las acciones de localización y expulsión de Argentina de Fernando Lagunas son resultado de trabajos de inteligencia, seguimiento, coordinación e intercambio de información de la Fiscalía General de la República con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Godoy también destacó la colaboración de autoridades de Estados Unidos, así como de la Cancillería y autoridades de justicia de Argentina. Finalmente, la fiscal aseguró que los trabajos de investigación continuarán “con rigor y profundidad” para avanzar en la desarticulación de las operaciones irregulares con productos derivados del petróleo y evitar que los recursos que pertenecen a los mexicanos terminen en ganancias de unos cuantos o financiando actividades criminales. “Donde haya impunidad, habrá investigación. Donde haya crimen, habrá consecuencias”.
]]>
Comentarios recientes