El activismo de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la llegada de Ernestina Godoy, puso bajo la lupa el trato que la institución da a los casos de alto perfil mediático. Especialistas consideran que hay una actuación más intensa cuando los expedientes involucran a actores políticos de oposición y un ritmo distinto cuando alcanzan a integrantes o figuras cercanas a la Cuarta Transformación.
Hasta el momento hay un doble rasero en la Fiscalía,
Godoy llegó a la FGR con la promesa de que no habría persecución política ni impunidad. En ocho meses, la Fiscalía aceleró casos clave como los del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, vinculado con la desaparición de Ayotzinapa, y del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, involucrado en una investigación por huachicol fiscal. En contraste, ha sido más cauta con expedientes que involucran a figuras morenistas como Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa señalado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Especialistas advierten una politización en la procuración de la justicia, algo que no es exclusivo de la actual administración. “Hay actuación mucho más activa donde hay mediatización de los casos que tienen que ver con actores políticos de la oposición, no así con la investigación de personas que pertenecen al movimiento de la Cuarta Transformación», señala Simón Alejandro Hernández León, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Ibero Puebla.
Los casos emblemáticos La detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por el caso Ayotzinapa es uno de los casos más emblemáticos para la FGR en la era Godoy. La Fiscalía aseguró que cuenta con elementos de prueba que acreditan la participación de Aguirre en el ocultamiento de información y el gobernador pasó de ser un testigo a un imputado. A casi 12 años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, la detención de Aguirre dio un giro político al caso. Integrantes de la oposición acusaron que era una muestra del uso político de la justicia, sin embargo, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum lo negó.
Otro de los golpes más fuertes que asestado la FGR es la detención de Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California. El 16 de julio pasado se dio la detención por su presunta vinculación con delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal. Tras esa detención, exmandatarios e integrantes de la iniciativa IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas), entre ellos los panistas Felipe Calderón y Vicente Fox Quesada, acusaron que se trataba de una persecución política, pero la FGR lo negó. “Fueron las propias investigaciones las que revelaron la posible participación de las personas que han sido vinculadas a proceso, lo que deja claro que no se trata de una persecución política”, aseguró la fiscal Godoy. A esto se suma que bajo la gestión de Godoy se reactivó el caso de Emilio Lozoya con la detención de su hermana Gilda Lozoya Austin. Acusada de ser prestanombres en el caso Agronitrogenados, fue detenida en julio pasado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Tras su detención, aseguró que había una intención política. «Yo creo que este es un caso político, donde a mi mamá, a mi cuñada y a mí, es decir, a las mujeres de mi familia, se nos ha utilizado para presionar a mi hermano», dijo. La presidenta Sheinbaum también lo rechazó. “No tiene nada que ver con un asunto político”, afirmó. Entre los casos que se están reactivando con Godoy se encuentra el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada. La semana pasada se detuvo en la Ciudad de México a Fausto Corrales Rodríguez , testigo clave en el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén.
El contraste en la actuación de la FGR La FGR de Ernestina Godoy enfrenta varias de pruebas de fuego en las que debe demostrar que no hay un uso político de la justicia y que a pesar de su cercanía con la presidenta, su actuación es imparcial. Una de los casos que pondrán a prueba a la fiscal es el de la red de huachicol que involucra a la Secretaría de Marina. La semana pasada fue trasladado de Argentina a México Fernando Farias, un exmarino vinculado con una compleja red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible. A la FGR le corresponderá investigar la corrupción en las Fuerzas Armadas, que incluye a perfiles de alto nivel como un contralmirante y un vicealmirante. El caso se reveló hace casi un año, en septiembre de 2025. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó de la detención de 14 personas involucradas en la red de huachicol, incluidos dos sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. La red conocida como «Los Primos» introducía millones de litros de combustible a puertos de Tamaulipas, pero los registraba como «aditivos para aceite» con lo que evadía controles y laboratorios aduanales. El entonces fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que fue el titular de Marina durante el sexenio anterior quien denunció la red. «En el año de 2024, el entonces secretario de Marina se acercó a la Fiscalía de la República para presentar una serie de denuncias sobre problemas de corrupción, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero. Se abrieron las investigaciones. Inmediatamente, la Fiscalía no solamente abrió las investigaciones, sino que las puso bajo control judicial; es decir, a partir de ese momento todas las diligencias que se hicieron en esos temas fueron bajo control judicial»,
informó . El caso de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, es otra prueba para la institución debido a que tiene abiertas carpetas de investigación relacionadas con las 10 personas señaladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, respecto a presuntos vínculos con el narcotráfico. El viernes pasado, Rubén Rocha anunció su decisión de retomar su cargo como gobernador de Sinaloa y en un escrito aseguró que tras ser investigado por la FGR no hay elementos de prueba en su contra. «Después de 112 días de investigación, como la propia Fiscalía General ya informó en conferencia de prensa a los medios,
no hay elementos mínimos de prueba que sustenten nuestra participación en ninguna conducta delictiva; en otras palabras, no he cometido ningún delito , de acuerdo con el marco constitucional y legal de nuestro país», dijo. Pero tras la polémica que se generó por su decisión de retomar su cargo, Rocha volvió a pedir licencia. En Sinaloa, la FGR también tiene abierta la investigación sobre el secuestro de Ismael «El Mayo» Zambada. La semana pasada se detuvo a Fausto Corrales Rodríguez, un testigo clave de los hechos de julio de 2024. Ese caso ha estado bajo la polémica luego de que con Ernestina Godoy, la FGR informó quetuvo bajo su custodia a
Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias «El Jando» , piloto que trasladó a «El Mayo» a Estados Unidos, pero que se le envío a Estados Unidos sin saber que era uno de los hombres que buscaba. Fabiola Martínez Ramírez, directora regional del Departamento de Derecho CDMX del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), explica que suele haber una aplicación diferenciada en la procuración de justicia. “Pareciera que cuando es un caso que involucra a una persona común y corriente, el proceso de investigación tiene menor celeridad, hay un mayor uso de los instrumentos jurídicos, de la técnica jurídica para lograr en algunos casos detenciones, pero cuando vemos que se trata de figuras políticas, el ritmo es otro”, plantea.
La militancia de Godoy La afinidad partidista de Ernestina Godoy nunca ha estado en duda. Además de ser miembro fundadora de Morena, desde hace cuatro décadas es militante de la izquierda. Bajo las siglas de Morena fue senadora de la República y años atrás formó parte del gabinete de la hoy presidenta Sheinbaum como procuradora y primera Fiscal General de Justicia de la CDMX. Godoy gozaba del respaldo del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien destacaba su honestidad e integridad, y ella no escondía su apoyo y admiración hacia el morenista. La presidenta Claudia Sheinbaum también ha defendido a Ernestina Godoy y aseguró que con ella al frente de la institución se podría fortalecer la coordinación institucional. Simón Alejandro Hernández señala que su militancia activa preocupa aunque tenga trayectoria en fiscalías y procuración de justicia. “Hay un área de oportunidad de trabajo importante para demostrar que hay un compromiso contra la impunidad y que no va a estar limitado por la militancia o la cercanía que pueda tener la fiscal con el movimiento político de la Cuarta transformación”, sostiene.
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