Faltan policías, sobran excusas, persiste la improvisación crónica. El pretexto del control de confianza Grecia Quiroz anunció esta semana la baja de un número indeterminado de policías municipales en Uruapan —las cifras que circulan van de veinte a alrededor de ciento cincuenta elementos, sin que la autoridad haya precisado oficialmente el total — por no acreditar los exámenes de control y confianza o no cumplir con los requisitos que exige el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En el papel, la justificación es impecable: nadie con criterio serio en seguridad pública puede defender que un elemento sin certificación C3 porte un arma y una placa. El problema no es el requisito. El problema es que en Uruapan el C3 se está usando como cortina de humo para esconder años de improvisación institucional, y eso sí es una falta grave de honestidad de gobierno. Porque depurar sin reconstruir no es fortalecer una corporación: es vaciarla. Y una alcaldesa que reconoce públicamente que su municipio «necesita incrementar su estado de fuerza» mientras firma la baja masiva de sus propios elementos, sin ofrecer un plan de reclutamiento, capacitación y reincorporación paralelo y verificable, no está gestionando una policía: está administrando su desaparición por goteo.
La herida que nadie quiere nombrar completa No se puede escribir sobre la policía de Uruapan en 2026 fingiendo que el 1 de noviembre de 2025 no ocurrió. Ese día fue asesinado el entonces alcalde, Carlos Manzo, durante el Festival de las Velas, y quien hoy encabeza la depuración policial es su viuda y sucesora, Grecia Quiroz —bajo cuya administración la Fiscalía General del Estado sigue requiriendo evidencia relacionada con ese homicidio para esclarecerlo—. Este dato no es anecdótico ni morboso: es la prueba más dura de que ni siquiera una tragedia de esa magnitud, cometida contra la máxima autoridad municipal, produjo la reconstrucción integral que la corporación necesitaba desde hace años.
Si el asesinato de un alcalde en funciones no bastó para activar un rediseño serio de la policía municipal —su reclutamiento, su cadena de mando, sus condiciones salariales, su doctrina operativa—, entonces el problema de Uruapan no es coyuntural ni personal: es estructural, y viene arrastrándose desde mucho antes de esta administración, sin que ningún gobierno —ni el anterior, ni el actual— haya asumido el costo político de encararlo de fondo.
Una corporación sin gerencia policial Lo más preocupante no son los despidos en sí, sino lo que revelan sobre la ausencia total de planeación policial. El propio gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció que Uruapan ya arrastraba un déficit de elementos respecto al estándar nacional de estado de fuerza, y recordó que desde hace meses el mando de la corporación está a cargo de un elemento de las Fuerzas Armadas. Traducido sin eufemismos: el municipio ni siquiera controla operativamente a su propia policía. Depende de un mando militar externo porque no ha sido capaz de construir una estructura de mando civil profesional, con oficiales de carrera, planes de vida y carrera policial reales, y mecanismos internos de permanencia que no dependan de purgas administrativas hechas a modo. A esto se suman las denuncias —no confirmadas oficialmente, pero consistentes en varios testimonios— de que algunos de los elementos dados de baja se encontraban todavía en proceso de acreditación de sus exámenes y desempeñaban funciones operativas de manera temporal. Si esto es cierto, estaríamos hablando de una corporación que puso a cadetes en labores de prevención del delito y proximidad, sin haber concluido su formación reglamentaria, a ejecutar labores de vigilancia en desprotección total y que ahora despide a una parte de su estado de fuerza por no cumplir exactamente el requisito que ella misma no garantizó – o en todo caso gerenció- cumplir a tiempo. Eso no es depuración: es negligencia administrativa disfrazada de rigor institucional.
El rumor que exige transparencia, no silencio Existen también versiones extraoficiales sobre un uso cuestionable del presupuesto municipal en otros rubros, en momentos en que la corporación alega falta de recursos para sostener salarios y procesos de certificación. No encontré ninguna fuente documental que sustente esa versión, y por tanto la trato aquí como lo que es: un rumor no verificado. Pero el hecho de que circule con esa fuerza en un municipio que despide policías por «falta de presupuesto» mientras no transparenta con claridad su ejercicio del gasto en seguridad, es en sí mismo una falla de comunicación gubernamental que la alcaldesa debería resolver con datos duros, no con comunicados genéricos en redes sociales.
Lo que Uruapan necesita, y no está recibiendo Uruapan no necesita más comunicados de buenas intenciones. Necesita un diagnóstico público del estado real de su fuerza policial, un plan de reclutamiento y capacitación con fechas y metas verificables, una auditoría transparente del presupuesto destinado a seguridad pública municipal, y una definición clara de cuándo y cómo el mando civil recuperará el control operativo de su propia corporación. Mientras eso no exista, cada depuración —por justificada que esté en el papel— seguirá leyéndose como lo que realmente es: la administración ordenada del vacío institucional, en un municipio que ya pagó el precio más alto posible por no haber resuelto esto a tiempo. _____
*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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