La estrategia de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se perfila a tener más recursos en 2027 para atender la crisis de violencia que en promedio deja 40.8 homicidios diarios. Para el que será el tercer año de su sexenio se propone un presupuesto de 331,416 millones de pesos en conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Se perfila aumento para presupuesto para seguridad pública
Proyección presupuestal por institución (2026 vs. Proyecto 2027)
¿La Marina está involucrada en red de huachicol fiscal?
Cuadrante 1: Dato Principal +19.40% Mayor incremento proyectado: Secretaría de Marina (SEMAR) Cuadrante 2: Tendencia (2026 ➔ 2027) Sedena (+5.4%) Marina (+19.4%) SSP (+3.9%) Cuadrante 3: Proyecto 2027 (Monto) Sedena $185,706 M Marina $81,223 M SSP $64,487 M Cuadrante 4: Cifras y Variación Inst. 2026 2027 Var. % Sedena $170.7B $185.7B +5.40% Marina $65.9B $81.2B +19.40% SSP $60.1B $64.5B +3.90% Fuente: PPEF 2027
De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 , entregado este martes a la Cámara de Diputados, para el próximo año se propone un incremento de 34,625 millones de pesos de lo asignado este año que ascendió a 296,790 millones de pesos. Si los diputados federales aprueban sin cambios el proyecto, la Secretaría de la Defensa Nacional será la institución que más recursos tendrá: 185,706 millones de pesos, un incremento de 5.4% respecto al año 2026. Por su parte, la Secretaría de Marina será la segunda institución que más recursos tendrá para el próximo año y la de mayor incremento al pasar de 65,926 millones de pesos a 81,223 millones de pesos, lo que implicará un alza de 19.4%. La propuesta para incrementar el presupuesto en la Secretaría de Marina, quien tiene a su cargo las aduanas del país, coincide con la batalla que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está emprendiendo contra el huachicol fiscal , delito en el que miembros de la institución estuvieron involucrados. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio a la Marina el control de las aduanas y fue en su administración cuando operó una red ligada al ingreso de combustible que era etiquetado como otras sustancias para evadir impuestos. El huachicol fiscal ocasionó daños por 600,000 millones de pesos, de acuerdo con la Procuraduría Fiscal. De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la red de contrabando de combustible vía marítima involucró a los marinos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, quienes intervenían en ascensos, designaciones y traslados de personal de la Marina y las aduanas, para permitir el ingreso del combustible.
Más dinero para la Secretaría de Harfuch
«Con la estructura de complicidades ya instalada, Manuel Roberto y Fernando junto con sus cómplices, presuntamente repetían una y otra vez la trama ilegal. Esto es, los buques zarpaban principalmente desde Texas cargados de hidrocarburo, el cual se declaraba como aceite o aditivo para cambiar su tratamiento fiscal. Servidores públicos y agentes aduanales coludidos recibían pagos por cada embarque que se dejaba pasar», afirmó Ernestina Godoy, fiscal general. Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la Secretaría de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quedó en el centro de la controversia porque es tío de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. La relación familiar ha colocado bajo escrutinio la trayectoria de los marinos y la manera en que ocuparon posiciones dentro de la estructura naval y aduanera. El caso también ha abierto una disputa sobre el papel que tuvo el propio Ojeda en la detección de las irregularidades. Mientras el gobierno ha sostenido que el exsecretario informó sobre actividades ilícitas y que por ello no es investigado, la defensa de los Farías Laguna ha insistido en que debe comparecer ante la Fiscalía, al considerar que su testimonio puede ser relevante para esclarecer los hechos. Hasta ahora, Ojeda no figura como imputado en el proceso, pero su nombre continúa apareciendo en las distintas versiones sobre cómo se conoció y avanzó la investigación por el llamado huachicol fiscal. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció hace unos días que su gobierno buscará seguir la ruta del dinero mediante las facturas y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en la cadena de hidrocarburos para dar con todos los responsables. La Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Omar García Harfuch, también se perfila a tener más recursos. Para el 2027 se proyecta un presupuesto de 64,486 millones de pesos, que implicaría un incremento de 3.9% respecto a los 60,110 millones asignados para este año que está por concluir.
Aumento llega cuando homicidios bajan
La presión de Trump
Alberto Guerrero, especialista en seguridad Pública, explica que para 2027 el presupuesto para las Fuerzas Armadas tendría un crecimiento mayor respecto al de instituciones civiles. «Por cada peso que se destina a entidades como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se destinan 4.1 pesos a Defensa y Marina de manera conjunta. Estamos ante una jerarquización presupuestaria de la seguridad nacional y territorial con un fuerte componente militar», plantea. De aprobarse el proyecto, por cada peso destinado para la SSP de Harfuch, Sedena tendrá 2.8 pesos y Marina 1.2 pesos. Las instituciones militares tendrán 4.1 pesos por cada peso de la corporación civil. La propuesta de incrementar el presupuesto para 2027 ocurre cuando las cifras de homicidio doloso registran una reducción de 53% en el promedio diario. En septiembre de 2024, último mes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se registraban 86.9 muertes violentas, pero para agosto de 2026 se reportaron 40.8. Esa cifra se traduce en 46 eventos menos por día. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 2026 es el año con el menor promedio diario de víctimas de homicidio doloso desde 2015. La administración se perfila como una de las que más detenciones de presuntos delincuentes: 67,253 en lo que va del gobierno. El incremento previsto para 2027 coincide con la presión que el gobierno de Donald Trump ejerce sobre México para hacer más contra el crimen. En su segundo periodo como presidente de Estados Unidos, el republicano ha escalado las medidas contra las organizaciones criminales y presuntos delincuentes. El mandatario declaró a ocho cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTEs), entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana. Además solicitó el envío de 92 presuntos capos de la droga hacia Estados Unidos para enfrentar la justicia de ese país y declaró como Arma de Destrucción Masiva al Fentanilo. La presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado su rechazo por algún intento de injerencia desde Estados Unidos y ha resaltado que su gobierno está dando resultados en materia de seguridad y así lo demuestra la disminución de hasta 60% en el ingreso de fentanilo, así como las detenciones que México está realizando de generadores de violencia.
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