Los datos de un fenómeno que nadie en el estado mexicano quiere medir bien. Quiero agradecer a Oscar Balderas y a Defensorxs por la invitación a comentar y reforzar su estudio. Pocas veces un documento nombra con tanta claridad lo que quienes trabajamos seguridad pública en México observamos desde hace años en el terreno: la conflictividad estudiantil y normalista no es un fenómeno aislado, sino síntoma de un Estado que dejó de trazar fronteras claras entre protesta, falta administrativa, delito y negociación política.
Desde mi experiencia como consultor en seguridad estatal y municipal, exfuncionario universitario y profesor, ofrezco una lectura complementaria, con un caso comparativo, sobre los hallazgos más relevantes.
Los hallazgos clave del estudio El primer hallazgo, y el más estructural, es que el conflicto normalista no admite una sola lectura: conviven en él protesta social legítima, organización con capacidad real de presión, posible instrumentalización de segmentos por terceros, y una debilidad institucional que no logra distinguir entre estas capas. Un segundo hallazgo, igual de importante, documenta que las escuelas normales operan como nodo con al menos siete funciones simultáneas —escuela, residencia, organización, identidad política, movilización y corredor carretero—, lo que explica por qué un bloqueo ahí nunca es solo un bloqueo. Un tercer hallazgo, presentado con el cuidado metodológico que merece, registra 1,061 eventos de conflictividad entre enero de 2021 y abril de 2026, de los cuales apenas 9.6% terminó en detenciones públicas y cerca de 1% en vinculación a proceso. El propio estudio es enfático: son indicadores de riesgo construidos con fuentes abiertas, no estadística oficial, y deben cotejarse contra registros de fiscalía y seguridad pública. Esa honestidad metodológica, lejos de restarle fuerza al trabajo, se la da.
Casas del estudiante y dinámicas comparables Aquí aporto mi propia lectura comparativa. Las casas del estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo replican, en clave universitaria, la misma lógica que el estudio identifica en los internados normalistas: vivienda más identidad más organización más capacidad de presión, en un esquema de autonomía casi total y supervisión mínima.
En mi paso cómo estudiante y profesor universitario, observé que ninguna de las dos figuras —casa o internado— es en sí misma una estructura criminal; el riesgo no nace de la vivienda, nace del vacío de gobernanza que la rodea: quién decide, cómo se eligen representantes, cómo se administran los recursos y qué canal existe para denunciar coerción interna. Cualquier intervención que ignore la autonomía universitaria como principio, y pretenda resolver esto con presencia policial, no solo será jurídicamente cuestionable: será inútil, porque el problema no está en el edificio sino en la ausencia de reglas verificables sobre quién entra, quién manda y quién rinde cuentas.
La fragilidad del movimiento normalista El estudio advierte, con la prudencia debida, que la instrumentalización criminal es una hipótesis de trabajo y no un rasgo del estudiantado. Comparto ese matiz, pero agrego una preocupación profesional: la fragilidad no depende de que el crimen organizado ya haya capturado al movimiento, sino de que las condiciones estructurales lo permiten sin que nadie tenga que forzar nada.
Un colectivo con años de movilización acumula capacidad operativa —logística, control territorial simbólico, disciplina interna— que es exactamente el tipo de activo que interesa a un actor criminal: no para dirigir el movimiento, sino para usarlo como cobertura, como corredor de información o como fuerza de ocupación de carreteras estratégicas. Esa es la diferencia entre estar infiltrado y ser instrumentalizable: la segunda condición no requiere una decisión consciente del estudiantado, solo requiere que el Estado siga ausente.
La impunidad como incentivo El tercer eje que merece atención es lo que el estudio llama, con acierto, la economía de la impunidad: si la sanción percibida por bloquear, incendiar una unidad o retener a un funcionario es baja o inexistente, presionar se vuelve la opción racional. El caso de abril de 2025 en la carretera Morelia–Pátzcuaro —doce detenidos, ocho liberados horas después— ilustra el punto, aunque debe leerse con cuidado: liberación no equivale automáticamente a impunidad, depende de la situación jurídica de cada persona. Lo que sí es observable es el patrón: cuando la negociación ordinaria produce resultados inciertos y el bloqueo produce una mesa de diálogo garantizada, el sistema de incentivos está invertido. Mi experiencia en función pública confirma que este patrón no es exclusivo del ámbito normalista; se repite en cualquier conflicto donde el Estado negocia sistemáticamente con quien más presiona, premiando la capacidad de daño por encima de la vía institucional.
La retirada del Estado Todo lo anterior converge en el hallazgo que considero central: el Estado se retira de al menos tres formas distintas. Físicamente, cuando no interviene. Jurídicamente, cuando ve el delito y no investiga. Y políticamente, cuando delega la solución en quien más presiona —la forma más peligrosa, porque normaliza la excepción y le dice a cualquier otro actor que la vía eficaz no es la ley, sino la fuerza de bloqueo. Esta retirada no es indiferencia: es una decisión, aunque no se declare como tal. Y ahí está la responsabilidad estatal que este estudio documenta sin ambigüedad, sin que ello implique criminalizar la protesta legítima ni tratar a cada normalista como sospechoso. Se puede, y se debe, dialogar con el estudiante e investigar, con metodología y sin prejuicio, a quien use esa identidad como cobertura para el delito. Blindar al estudiante frente al crimen, y a la sociedad frente al delito, no son objetivos contradictorios: son la misma tarea, pendiente desde hace demasiados años. El estudio de Balderas y Defensorxs tiene, a mi juicio, un mérito adicional que rara vez se reconoce en este tipo de trabajos: declara abiertamente los límites de su propia evidencia. Esa honestidad metodológica debería ser la norma, no la excepción, en el debate público sobre seguridad y educación en México.
*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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