Anunciar resultados sin explicar cómo se medirá el éxito.
Cuatro modelos, una sola promesa imposible El documento
«Soluciones para México» que
el PAN presenta en materia de seguridad no es, como su título sugiere, un plan. Es una acumulación de
catorce medidas —tecnológicas, punitivas, territoriales e institucionales— que conviven en
el papel sin que nadie se haya tomado
la molestia de preguntarse si conviven en
la realidad. Y ahí está el primer problema, el que debería inquietar a cualquier lector con memoria institucional: el paquete propone, al mismo tiempo, duplicar la policía civil en seis años y reducir progresivamente la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Son dos transformaciones que solo funcionan en secuencia. Ninguna nación seria retira una capacidad operativa existente antes de haber construido la que la sustituirá. Proponerlo simultáneamente no es audacia política: es no entender —o fingir no entender— cómo se construye una institución policial desde cero.
Vigilancia sin investigación: el espejismo del sensor ciudadano Las primeras cuatro propuestas —aplicación de denuncia ciudadana, cámaras privadas conectadas al C5, celulares como sensores y drones operando permanentemente— comparten una misma ingenuidad de fondo: confunden detectar con resolver. Convertir al ciudadano en sensor distribuido de seguridad suena moderno, pero el cuello de botella mexicano nunca ha estado en saber que algo ocurrió, sino en lo que viene después: investigar, preservar evidencia, judicializar, sentenciar. Nada de esto se resuelve con una aplicación ni con un dron sobrevolando una colonia. Chihuahua, que el propio documento cita como referencia con su plataforma Centinela, ha operado miles de horas de vuelo y detecciones en tiempo real; pero esos son resultados reportados por la propia autoridad estatal, no evidencia independiente de causalidad, y el PAN los presenta como si fueran prueba concluyente de un modelo replicable a escala nacional. La tecnología multiplica la observación; no multiplica, ni de lejos, la capacidad ministerial y judicial que convierte una imagen en una sentencia.
Mano dura sin arquitectura probatoria El bloque punitivo —»se acabó el pacto», cadena perpetua para «narcopolíticos», extorsión cero y una megaprisión— tiene la claridad comunicativa que le falta al resto del documento, y esa claridad es precisamente su trampa. Frases contundentes sustituyen ingeniería jurídica. El concepto de «narcopolítico» no existe como categoría penal, y construirlo exigiría definir con precisión financiamiento criminal, encubrimiento, omisión deliberada y protección institucional: nada de eso aparece desarrollado.
Sobre la cadena perpetua pesa además una historia jurisprudencial de la Suprema Corte que ha oscilado entre considerarla una pena inusitada y aceptarla bajo ciertas condiciones; presentarla como bandera de campaña sin abordar esa complejidad constitucional es, cuando menos, irresponsable. Y sobre «extorsión cero» conviene ser honestos: México ya cuenta desde 2025 con una estrategia nacional contra la extorsión —línea 089, unidades especializadas, intervención financiera, atención a víctimas— (cuenta, pero no podemos asegurar que tenga resultados positivos y verificables). La diferencia del PAN no está en la sustancia, está en el énfasis retórico de romper cualquier cosa que pueda interpretarse como concesión al crimen. Eso es discurso, no política pública nueva.
Prevención territorial: la honestidad que falta Aquí, paradójicamente, el documento pisa terreno más sólido, y por eso mismo resulta más irritante su falta de reconocimiento. «Recuperación de la paz colonia por colonia» es, en esencia, el modelo de Territorios de Paz que ya opera en la Ciudad de México —con intervención en veintitrés colonias y sesenta y dos polígonos durante 2025— y que el propio gobierno federal incorporó a su Programa Sectorial 2025-2030. Las becas y empleos juveniles, la iluminación de calles, la reconstrucción penitenciaria orientada a reinserción: todo esto tiene precedentes documentados (igualmente cuestionable por no tener verificación independiente), desde Irapuato hasta Dolores Hidalgo.
No hay nada malo en retomar lo que funciona. Lo que resulta cuestionable es venderlo como innovación cuando es, en el mejor de los casos, una versión con mayor despliegue policial de algo que el país ya está probando y que no tenemos evidencia verificable e independiente para saber si funciona.
El nudo que el documento nunca desata Llegamos entonces al verdadero centro del problema, el que ningún título llamativo puede disimular: las propuestas trece y catorce —duplicar la policía local con seguridad social y carrera profesional, y retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas— solo tienen sentido si se leen juntas, y leídas juntas revelan una secuencia que el documento jamás explicita. México cerró 2024 con apenas ciento cincuenta y un mil elementos en instituciones estatales, una tasa cercana a un policía por cada mil habitantes, con enormes disparidades entre entidades. Duplicar esa cifra sin resolver antes reclutamiento, control de confianza, formación y supervisión no produce más seguridad: produce más aparato deficientemente seleccionado. Y retirar a las Fuerzas Armadas de la Guardia Nacional, los despliegues territoriales y las operaciones contra el crimen organizado sin haber construido primero esa policía funcional es, sencillamente, dejar un vacío operativo donde hoy hay, con todas sus limitaciones, una capacidad desplegada, además de repetir un patrón de extinción de instituciones que el actual régimen se ha encargado de repetir como mantra, sin antes pasar por un proceso de transición operativa y procesal.
Sin metas no hay política El vacío metodológico más grave, sin embargo, es transversal a las catorce propuestas: no hay línea base, no hay indicador, no hay plazo, no hay institución responsable, no hay presupuesto ni mecanismo de corrección para ninguna de ellas. Un partido que aspira a gobernar la seguridad de un país no puede limitarse a enunciar objetivos —reducir delitos, recuperar territorios, disminuir la impunidad—; tiene la obligación de decir cómo sabremos, en año tres, si algo funcionó: la prospección. Mientras esa arquitectura de evaluación no exista, este paquete seguirá siendo lo que es hoy: catorce buenas intenciones, algunas ya en marcha en otros lugares, ordenadas alrededor de una contradicción de origen que nadie, todavía, se ha atrevido a resolver por escrito y mucho menos, en territorio.
Biografía: Alberto Guerrero Baena es Consultor y Estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán. Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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