A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos, una nueva línea de investigación toma fuerza: una red criminal compuesta por la Funeraria El Ángel, integrantes de Guerreros Unidos y funcionarios del Servicio Médico Forense (Semefo) pueden estar involucradas en manipular y desaparecer evidencia relacionada con cuerpos de algunos de los normalistas. Mauricio Pazarán , titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), explicó que como parte de las nuevas líneas de investigación se fortaleció una hipótesis que establece que algunos estudiantes pudieron haber sido trasladados a funerarias con el propósito de desaparecer evidencia mediante la incineración.
El funcionario detalló esta línea de investigación, que ya había sido abierta años atrás, se fortaleció debido a que un reanálisis de las llamadas identificó a 17 nuevos sujetos de investigación y patrones que antes no fueron explorados en los que se incluyen integrantes de la policía estatal de Guerrero, integrantes de Guerreros Unidos y funerarias. Un actor central de la red es Rodolfo “N” dueño de la Funeraria El Ángel e Irving “N”. “A partir de este reanálisis se fortaleció particularmente la línea de investigación que años atrás había abierto en relación con las funerarias y hornos crematorios. Un dato muy importante para la investigación es que Rodolfo N. y su familia son propietarios de las funerarias investigadas y aseguradas, pero también son concesionarios del Servicio Médico Forense, que es la institución que certifica las causas de muerte y da las autorizaciones para sepultar o incinerar a un cuerpo”, expuso. Un dato que permitió fortalecer esta línea de investigación, explicó, fue que Rodolfo “N” usó el teléfono de Julio César Mondragón, uno de los estudiantes asesinados durante la llamada »Noche de Iguala». “Este hallazgo fortaleció los indicios que vinculan a personal de las funerarias con la desaparición de los estudiantes”, explicó. Al identificar ciertas irregularidades en la operación de la Funeraria y en el Semefo, se realizaron cateos en los que se encontraron 23 indicios de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, casquillos y documentación, los cuales están bajo análisis para saber si corresponden a restos humanos y para obtener perfiles genéticos para determinar posibles coincidencias con los jóvenes desaparecidos. Hasta ahora son siete los detenidos entre trabajadores de la funeraria y el Semefo, incluido Rodolfo “N” y su hijo, acusados por la desaparición forzada de personas.
Usaron celulares de normalistas después de su desaparición A 12 años de la desaparición de los jóvenes, este lunes Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, y Mauricio Pazarán presentaron un nuevo informe del caso Ayotzinapa, el primero del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que se incluyen nuevas líneas de investigación, una de ellas la de la funeraria. Otra línea es el uso de los equipos telefónicos de los jóvenes desaparecidos. Por ejemplo, se detectó que el teléfono del estudiante Jorge Antonio Tizapa fue utilizado un mes después de la desaparición por el exservidor público de Iguala, Mauro “N”, quien es señalado de los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas. Otro teléfono que fue utilizado posterior a la desaparición de los jóvenes fue el de Jorge Aníbal Cruz Mendoza, presuntamente usado un policía municipal de Iguala el 30 de septiembre de 2014 y posteriormente por su pareja sentimental. Ese elemento de seguridad estuvo en operación la noche de la desaparición.
«Una herida abierta», reconoce Segob
“Este hallazgo no es aislado. Un teléfono no es solo un objeto. Analizado técnicamente puede convertirse en una fuente relevante de información para establecer conexiones entre personas, lugares y momentos”, dijo el fiscal especial. También se identificó que se utilizó el teléfono de Israel Caballero, otro de los normalistas, por la esposa de un servidor público municipal. “Es importante señalar que del reanálisis del hecho al teléfono de Israel Caballero Sánchez nos refuerza esta línea de investigación relacionada con el traslado de alguno de los estudiantes a lo que se denomina La Barandilla de Iguala”, indicó. Como parte de las investigaciones también se detuvo a un joven que en el momento de los hechos tenía 14 años y fungió como “halcón” del grupo criminal “Guerreros Unidos”. “Esta persona manifestó su disposición para colaborar con las autoridades y aportar información relacionada con los hechos en investigación. Es por ello que en julio de este año proporcionó información relevante que permite robustecer la participación de integrantes de Guerreros Unidos en la desaparición de los estudiantes y sobre todo proporcionó puntos de interés para la búsqueda de indicios”, dijo. El subsecretario reconoció que el caso es aún una herida abierta para México y dijo que se mantiene como prioridad para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. «La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa Guerrero, ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 es una herida abierta para sus familias y para el pueblo de México», dijo. Aseguró que a 12 años de los hechos, el compromiso del gobierno de México es «encontrar a los jóvenes, conocer la verdad sobre lo ocurrido y llevar ante la justicia a a quienes resulten responsables».
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