Ayotzinapa: ¿quién obliga al Estado a cumplir?

Doce años después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa , sus familias siguen buscando respuestas. Han atravesado gobiernos , fiscalías, comisiones y promesas. También han acudido a los tribunales. Pero el caso plantea una pregunta que debería inquietarnos a todos: ¿de qué sirve una sentencia si el Estado puede pasar años discutiendo si debe cumplirla? La Suprema Corte tiene algo importante que decir al respecto. En julio de este año decidió atraer cuatro recursos de revisión extraordinaria relacionados con una resolución de 2018 que ordenó crear un mecanismo de investigación para el caso. La petición provino de la Presidencia de la República. Ocho años después, la discusión judicial vuelve a ocuparse de los alcances de aquella sentencia.

Conviene recordar su origen. En mayo de 2018, un tribunal colegiado de Tamaulipas encontró graves irregularidades en la investigación que sustentó la llamada “verdad histórica”. Ordenó reponer la investigación, atender las alegaciones de tortura y crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, con participación de las familias y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de asistencia internacional. La relevancia de esa decisión radicaba en introducir controles externos sobre una investigación profundamente cuestionada. Cuando las instituciones encargadas de esclarecer los hechos aparecen comprometidas por las irregularidades de sus propias actuaciones, exigirles que vuelvan a investigar sin mecanismos adicionales de control resulta insuficiente. Esa comisión judicial debe distinguirse de la creada por decreto presidencial en diciembre de 2018. Aunque ambas se vinculan con Ayotzinapa, sus fundamentos y diseños son distintos. Crear una comisión desde el Ejecutivo no demuestra, por sí mismo, que se haya cumplido la sentencia de un tribunal. Desde octubre de 2018, la Corte recibió incidentes de inejecución relacionados con aquel fallo, ante los planteamientos de imposibilidad jurídica formulados por las autoridades. La resistencia a cumplirlo tiene, por tanto, una larga historia. Los cambios de gobierno no hicieron desaparecer la controversia. Ahora la nueva Corte ha aceptado examinar recursos que pueden llevarla a revisar los efectos de esa resolución. Atraerlos no significa que ya haya anulado la sentencia. Sin embargo, la decisión plantea un problema serio sobre la firmeza de las resoluciones judiciales y sobre el tiempo que las víctimas deben esperar para que sus derechos produzcan consecuencias reales. Las organizaciones que acompañan a las familias han advertido que esta reapertura prolonga la incertidumbre. Sus objeciones merecen una respuesta jurídica rigurosa. La Corte tendrá que explicar tanto la procedencia de los recursos como las consecuencias de volver a discutir una resolución dictada hace ocho años.

El debate incluye los límites del juicio de amparo y la división de poderes. Son cuestiones relevantes. Precisamente por eso, resolverlas exige considerar también el derecho de las víctimas a una investigación efectiva. Si la Corte concluyera que el mecanismo ordenado excedió las atribuciones del tribunal, todavía tendría que explicar qué obligaciones subsisten y cómo garantizar su cumplimiento. La discusión sobre competencias no puede convertirse en una salida para dejar a las familias sin protección. Hay otro frente. El pasado 25 de septiembre, las familias acudieron a la Corte para pedir atención a asuntos pendientes, entre ellos el cumplimiento de una sentencia relacionada con documentación militar. Según su defensa, la Secretaría de la Defensa impugnó esa determinación. La exigencia de información sigue atrapada en una disputa judicial. También deben reconocerse los avances. En junio de 2025, la Primera Sala resolvió asuntos relativos a la difusión de una versión pública de la carpeta de investigación. La transparencia importa. Pero conocer un expediente y conseguir que las autoridades cumplan sus obligaciones son exigencias que deben avanzar juntas.

Ayotzinapa será una prueba de independencia para la nueva Suprema Corte. La respuesta que dé a las solicitudes del Ejecutivo deberá sostenerse en razones constitucionales y en una protección efectiva de los derechos, incluso cuando ello resulte incómodo para el gobierno. Recibir a las familias y escuchar sus reclamos compromete a la institución a dar respuestas dentro de sus atribuciones. La credibilidad de la justicia se juega en las decisiones que adopta y en su capacidad para hacerlas efectivas frente al poder público. Después de doce años, las familias siguen cargando con la exigencia de investigar, entregar información y cumplir las resoluciones judiciales. Esa carga corresponde al Estado. Y cuando sus autoridades se resisten, corresponde a los tribunales hacer valer el derecho. Por eso Ayotzinapa también interpela a la Suprema Corte. ¿Quién obliga al Estado a cumplir? La respuesta debe encontrarse en sus sentencias y en los actos que aseguren su ejecución. El autor es abogado y activista en la defensa de los derechos humanos. Presidente del Centro Contra la Discriminación. Redes sociales: @ceodriozolam Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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