El 28 de septiembre, la ANUIES pidió fortalecer de inmediato la seguridad de las comunidades universitarias, tras el asesinato de dos preparatorianos de la UAEM en la colonia Chulavista, de Cuernavaca. Quince días antes, Claudia Tacoronte, estudiante española de intercambio, había sido asesinada en Cuautla. Organizaciones universitarias cuentan cinco alumnas víctimas de violencia feminicida desde abril de 2025. Hubo detenciones en al menos dos de esos casos; de los demás, no hay información pública verificada.
La respuesta institucional fue predecible: la presidenta ordenó reforzar la seguridad, la gobernadora pactó una ruta con Gobernación y las universidades aseguraron haber reforzado sus protocolos. Todo llegó después. El antes sigue sin explicación.
Autonomía no es extraterritorialidad La fracción VII del artículo tercero constitucional reconoce a las universidades autónomas la facultad de gobernarse a sí mismas. Gobernarse significa elegir autoridades, fijar planes de estudio y administrar su patrimonio. No significa territorio exento del Código Penal. La Ley General de Educación Superior, de 2021, ratifica esa autonomía, pero pide a las instituciones que promuevan medidas contra la violencia, con apoyo de las autoridades. Promover no es cumplir. Ahí está la grieta jurídica. La confusión persiste porque a muchos les conviene. Las comunidades universitarias la cultivaron como escudo político; la sociedad civil, que nunca leyó el texto, la compró. El resultado es una policía vista como amenaza, y no como garantía del derecho a la vida.
Lo que dicen los datos oficiales El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 21 víctimas de feminicidio en Morelos entre enero y julio de 2026: tasa de 1.97 por cada 100,000 mujeres, frente a 0.55 nacional. Solo Sinaloa está arriba. Morelos mantiene vigente la Alerta de Violencia de Género en ocho municipios, entre ellos Cuernavaca y Cuautla. Es decir, el Estado ya sabía dónde estaba el riesgo. Mientras tanto, la Mesa estatal de seguridad informó que el promedio diario de homicidios dolosos bajó de 3.1 en enero a 1.8 en agosto. Ambas cosas pueden ser ciertas: menos muertos en promedio y jóvenes igualmente desprotegidos. Un promedio estatal no consuela a quien camina de noche hacia una parada. Y las cifras oficiales, advierte el propio Secretariado, dependen de las fiscalías y se reclasifican.
ANUIES: recomendar no es obligar La ANUIES sostuvo que la seguridad pública en los entornos universitarios corresponde a las autoridades estatales. Jurídicamente es cierto; políticamente es una excusa. Ninguna autoridad puede actuar sobre lo que la universidad no le informa, y la Universidad de Granada declaró que la UAEM no le comunicó los feminicidios previos. Después suspendió intercambios. La opacidad institucional también mata la confianza. Y aquí el problema es estructural: la ANUIES es una asociación de afiliación voluntaria. Puede emitir pronunciamientos, no obligaciones. Si el país quiere seguridad universitaria, no basta que los rectores se den por aludidos; lo debe ordenar el Congreso, sin invadir lo que la Constitución protege.
Un piso nacional obligatorio Propongo un Estándar Nacional de Seguridad Universitaria, establecido por ley general, con piso mínimo idéntico para toda institución pública y privada, incluidos bachilleratos y facultades. La universidad decide cómo cumplirlo; no si lo cumple. Ocho obligaciones, verificables.
a) Diagnóstico anual de riesgo del plantel y su entorno, elaborado con fiscalía y municipio. b) Segunda: convenio con protocolo público de ingreso de la fuerza pública, aprobado por el órgano universitario, salvo flagrancia o riesgo inminente. c) Denuncia inmediata ante la fiscalía y aviso a familias y socios de intercambio, con sanción por ocultamiento. d) Protocolo de género con instancia independiente, plazos de atención y medidas de protección, porque la omisión en una denuncia interna puede costar una vida. e) Cuerpos de vigilancia universitarios certificados, con control de confianza y capacitación homologada, como cualquier policía. f) Cabina única que trate el aviso universitario como llamada al 911, con tiempos de respuesta medidos y públicos. g) Trayectos. Rutas seguras, iluminación y paradas vigiladas acordadas con el municipio, y coordinación con transporte público. h) Rendición de cuentas. Informe público anual, evaluación externa e indicadores de tiempo de respuesta, carpetas y casos comunicados. Quien incumpla perderá acceso a recursos federales extraordinarios y convenios; los constitucionalistas debatirán hasta dónde, pero la Constitución no ampara el encubrimiento.
Trayectos, tecnología y datos La tecnología sirve si nace con candado. Una aplicación de acompañamiento debe ser voluntaria, activarse solo durante el trayecto que el estudiante decida compartir y enviar alertas a la cabina única y a contactos de confianza. Nada de geolocalización permanente, nada de perfiles de conducta, y borrado de datos al terminar el recorrido, conforme a la legislación de protección de datos personales. La videovigilancia intramuros sí importa, pero como parte de un diseño: accesos controlados, cámaras en entradas, estacionamientos y corredores, resguardo de imágenes con cadena de custodia para que sirvan como prueba. Cámaras sin protocolo son decoración, y cámaras sin análisis, archivo de tragedias.
Competencias con nombre y apellido Para que no suene a «cada quien en lo suyo», cada obligación debe tener responsable nominal y plazo. La policía municipal patrulla y vigila entornos; la estatal responde y coordina; la fiscalía integra unidades especializadas en delitos contra estudiantes y publica avances; el Sistema Nacional de Seguridad Pública mide y evalúa. La universidad informa, protege dentro y colabora fuera. Quien falle, responde ante autoridad y opinión pública.
La cuenta pendiente Las rectorías deben dejar de escudarse en la autonomía y los gobiernos en las competencias. Ambos han tenido tiempo. La UNAM y otras instituciones han vivido violencia en sus entornos, y el patrón se repite: comunicado, marcha, promesa, olvido. Morelos no es la excepción, es el aviso. Claudia Tacoronte vino a estudiar y fue asesinada. Dos chicos de diecisiete años fueron atacados un sábado por la noche. Cuando una universidad europea suspende intercambios, el mundo ya evaluó nuestro sistema. Ningún minuto de silencio sustituye una política pública. Falta que lo evalúe el Congreso. Que el próximo periodo legislativo empiece con este estándar aprobado, no con otro pésame.
*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
]]>
Comentarios recientes