El atajo que la Corte cerró El 29 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 96/2026 y sus acumuladas. El resultado fue una derrota para la reforma electoral de Chihuahua y, sobre todo, una radiografía incómoda de cómo México intenta defenderse del crimen sin tener con qué probarlo. Conviene decirlo sin estridencias: la Corte tuvo razón en lo jurídico. Y el Estado mexicano, una vez más, quedó sin respuesta en lo esencial.
La norma local castigaba con la pérdida del registro, o su cancelación, a quien se beneficiara de manera directa de actos de violencia, coacción o financiamiento ilícito. El artículo 259 describía conductas amplísimas; el 268 imponía una sanción fija, automática, sin graduación posible. No se sancionaba al candidato que delinque. Se sancionaba al que resultaba favorecido por lo que otros hacían. Eso tiene nombre en el derecho: responsabilidad objetiva. Y ningún sistema que presuma de garantista puede edificar sanciones sobre ella.
Una Corte que acertó y un Congreso que improvisó La ministra Sara Irene Herrerías elaboró un proyecto de 365 páginas y el Pleno lo aprobó con modificaciones. Yasmín Esquivel votó sola contra invalidar la pérdida de registro, al considerarla proporcional. Su argumento merece respeto: no se puede tolerar la delincuencia en una democracia. Pero la tolerancia no se combate con presunciones. Se combate con expedientes. La Corte sostuvo que sin demostrar la conducta individual no hay sanción legítima, y que el artículo 22 constitucional exige individualizar la pena. Lo que duele es el origen del problema. Chihuahua legisló mal no por exceso de celo, sino por ausencia de instrumentos. Ante la incapacidad de investigar y probar, el legislador optó por la presunción: si el crimen te favorece, pagas. Es la salida de quien no confía en sus fiscalías, en su inteligencia financiera ni en sus tribunales, y prefiere castigar por inferencia lo que no puede acreditar por evidencia.
La violencia política no espera sentencias Mientras el Pleno deliberaba, la realidad no se detuvo. Expansión documentó 51 atentados de violencia política en lo que va de 2026, y el Operativo Enjambre ha llevado a la detención de más de 60 funcionarios municipales desde finales de 2024. Son cifras investigadas por este medio, no de una estadística oficial, y deben tratarse con esa cautela. Pero dibujan una tendencia que ningún fallo corrige: el crimen ya no solo amenaza a la política, la habita. Y aquí está el riesgo que el debate suele ignorar. Si el beneficio no sanciona, el crimen puede favorecer candidaturas sin exponerlas. El apoyo silencioso, la logística prestada, el financiamiento que nadie rastrea, todo eso queda impune en la vía electoral mientras no exista un expediente que lo vincule con el aspirante. La garantía es correcta. El vacío que deja, también es real.
Injerencia extranjera: la mitad olvidada La otra mitad del fallo pasó casi inadvertida y es políticamente más delicada. Por unanimidad, la Corte declaró que el Congreso de Chihuahua omitió armonizar su ley con la nueva causal constitucional de nulidad por injerencia extranjera, publicada en el Diario Oficial el 2 de junio. También omitió legislar sobre nepotismo electoral. Ambas correcciones llegarán tarde: por la regla de los noventa días, no regirán el proceso que inicia el primero de octubre. El contexto agrava la lectura. Morena acusó en mayo a la gobernadora de traición a la patria por la presunta participación de agentes de la CIA en operaciones de seguridad en Chihuahua. Es una acusación política, no una determinación judicial. Pero basta para entender que este litigio no fue solo técnico. Fue un pulso entre el gobierno panista y el partido gobernante por el control del relato sobre quién defiende las elecciones y quién las entorpece.
Lo que aún no sabemos Hay, además, una honestidad pendiente. Las crónicas del fallo no coinciden sobre la suerte de la nulidad de elecciones por delincuencia sistemática. Unas dicen que cayó; otras, más detalladas, que el Pleno la mantuvo con un estándar exigente: hechos graves, dolosos y determinantes. Hasta que se publique la sentencia, cualquier afirmación categórica es temeraria. Quien hoy celebre o lamente ese punto como hecho consumado, opina sin leer.
Probar antes que presumir
1. Construir pruebas antes que normas. Hace falta un canal institucional que lleve la inteligencia financiera, los datos de las fiscalías y la fiscalización electoral a procedimientos con valor probatorio. Sin esa tubería, cualquier reforma será un cartel en la pared: muy firme en el discurso, inservible en el expediente.
2. Explorar requisitos objetivos de elegibilidad , como sentencias firmes o inhabilitaciones, que resisten mejor el escrutinio constitucional que las sanciones por beneficio.
3. Proteger a las candidaturas y rastrear el dinero ilícito antes de la jornada electoral, porque después de la urna ya llegamos tarde y la nulidad, aun la más exigente, apenas es un parche sobre una elección capturada.
El espejo para 2027 La lección para los demás congresos locales es incómoda. En 2027 habrá gubernaturas en disputa en buena parte del país, y la tentación de copiar el modelo chihuahuense será enorme porque rinde en titulares. Ahora existe un mapa de lo que la Corte no tolera: responsabilidad objetiva, sanciones fijas, presunciones sobre el adversario. Quien insista en ellas no defenderá las elecciones; las expondrá a otra anulación y a un desgaste institucional gratuito. Chihuahua quiso que las urnas se decidieran sin cuarteles criminales de por medio. El propósito era legítimo; el método, no. La Corte marcó el límite y lo hizo con razón. Pero sería una irresponsabilidad aplaudir el fallo y olvidar lo esencial: seguimos sin fiscalías capaces de probar, sin inteligencia que llegue a tiempo y sin autoridades electorales con herramientas para actuar. El criminal no necesita ganar en tribunales. Le basta con que el Estado no llegue al expediente. La democracia no se salvará con artículos ingeniosos ni con sentencias aplaudidas, sino con instituciones que investiguen, prueben y sancionen a tiempo, antes de que la urna sea la última víctima.
*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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