Las redes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Sinaloa y La Familia Michoacana , designados por Estados Unidos como Organizaciones Terroristas Extranjeras han logrado penetrar las estructuras de gobiernos locales de varios estados del país. Así lo demuestran los resultados de la “Operación Enjambre” que ha terminado con la aprehensión de 14 alcaldes en funciones, de los cuáles 10 estaban presuntamente ligados a estas organizaciones criminales , ya sea con tareas de protección o participación activa en actividades como la extorsión.
CJNG: la red de extorsión tejida en las alcaldías
Entre noviembre de 2024 y septiembre de 2026, el gobierno federal además reporta, la detención de más de 110 funcionarios locales , entre exalcaldes, exdirectores de Seguridad, síndicos, regidores y tesoreros. En los casi 23 meses de la implementación Operación Enjambre, la estrategia se ha extendido a ocho entidades del país como Estado de México, Puebla, Morelos, Oaxaca, Jalisco, Chiapas, Veracruz, y Tlaxcala. Enjambre, fue el primer esfuerzo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum contra la también llamada » narcopolítica «. “No habrá protección contra funcionarios coludidos con la delincuencia”, dijo la mandataria federal tras dar el primer golpe en noviembre de 2025 en el Estado de México. En el operativo puesto en marcha por el gobierno federal, cinco de los 14 alcaldes en funciones detenidos estaban ligados presuntamente CJNG, que fue liderado y consolidado por Nemesio Oceguera Cervantes «El Mencho» , que fue abatido en el febrero de este año y que hoy es dirigido por Juan Carlos Valencia González, alías o «El 03» o «El Pelón». El primer alcalde vínculado al CJNG que fue detenido por Operación Enjambre fue Rosember López Roblero de Bella Vista en enero de 2025. El político postulado por Chiapas Unido fue señalado de estar relacionado con una agrupación local denominada «El maíz».
A López Roblero se le vincula de delitos de desaparición forzada de personas, extorsión agravada y homicidio y de acuerdo con las investigaciones, a través de su personal, exigía de 50,000 a 100,000 pesos a familias desplazadas por el crimen a cambio de darles garantías de ingresos y estancia. José Ascensión Murguía de Teuchitlán, Jalisco fue el segundo alcalde vinculado al CJNG detenido. De acuerdo con las autoridades federales, a pesar de saber de las actividades de adiestramiento criminal que el CJNG realizaba en el Rancho Izaguirre , no actuó. A Ernesto Cruz de Cintalapa, Chiapas también se le vincula con la organización, la cual tiene una disputa por la entidad con Cártel de Sinaloa. Al político morenista se le señala por presuntos delitos de abuso de autoridad, actos de corrupción y malversación de recursos públicos .
Dos de las últimas detenciones vinculadas al CJNG y de las más polémicas son las de Diego Rivera de Tequila, Jalisco y Miguel Sánchez de Juchitan Zaragoza , ambos señalados por encabezar redes de extorsión desde el poder. Los vínculos del CJNG con autoridades municipales no son nuevos, el gobierno de Estados Unidos ha destacado que «altos mandos del CJNG han extorsionado y pagado sobornos a funcionarios corruptos para expandir sus actividades delictivas». Este grupo delictivo no fue el primero en incursionar en la extorsión, sin embargo, sí la ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento para sus actividades delictivas. «Además del narcotráfico, su principal fuente de ingresos, el CJNG también genera ingresos alternativos mediante el robo de combustible, la extorsión y el fraude con tiempo compartido, entre otras actividades» , reportó el Departamento del Tesoro en 2025.
Los alcaldes ligados al Cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana
Pero el Cártel Jalisco no es el único que ha cooptado autoridades. Otros cinco de los alcaldes detenidos son señalados por sus vínculos con otras dos organizaciones designadas como terroristas: el Cártel de Sinaloa y la Familia Michoacana. En la entidad más poblada de México, el Estado de México se detuvo en noviembre de 2025 a María Elena Martínez Robles , alcaldesa de Amanalco , quien estaba vinculada con José Alfredo Hurtado Olascoaga «El Fresa», líder de La Familia Michoacana. A la exalcaldesa de Morena se le señaló por su responsabilidad en el homicidio calificado del síndico municipal y su chofer, delito por el que recibió 70 años de prisión. En febrero de 2025 se detuvo a Pedro Luis Hernández de Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México por el delito de extorsión agravada y por su presunta vinculación con la organización michoacana. En el centro del país se detuvieron a Uruviel González Vieyra alcalde de Ciudad Serdán, Puebla y a Giovanni González Vieyra de Tlachichuca, Puebla por sus presuntos vínculos con los delitos como extorsión, secuestro, posesión de armas de fuego y abuso de autoridad. En mayo de 2026 fue detenido Agustín Toledano quien fue postulado por PAN-PRI-PRD como alcalde de Atlatlahucan, Morelos presuntamente por el delito de extorsión y al Cártel de Sinaloa. Irving Sánchez Zavala, expresidente de Yecapixtla, Morelos fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión y los nexos con el Cártel de Sinaloa en mayo pasado. De las detenciones más recientes están la de Jesús Corona Damián presidente municipal de Cuautla, Morelos por su vínculo con el Cártel de Sinaloa y a Isaac Rodríguez Ochoa de Esperanza, Puebla presuntamente vínculado con la Agrupación local «Los Zúñiga». Aunque las entidades en las que fueron detenidos los alcaldes no son las punteras en delitos como homicidio dolosos y extorsión , tras la detención de esas autoridades se reporta una disminución en ambos delitos por una tasa por cada 100,000 habitantes.
“Ningún servidor público que utilice su posición para favorecer, colaborar o mantener vínculos con grupos delictivos estará protegido. Las acciones de inteligencia, investigación y coordinación institucional para desarticular redes delictivas continúan”. Si el criterio de Enjambre fuera estrictamente técnico —incidencia delictiva, denuncias ciudadanas, inteligencia acumulada—, estos seis estados deberían haber sido los primeros en la lista, no los últimos”
Alcaldes detenidos, ¿de qué partido político son? Del total de los los alcaldes en funciones, cuatro era de
Morena y cuatro más procedían de
Movimiento Ciudadano, otros dos de la alianza
PAN-PRD-PRI, uno del PRD, uno del PAN y uno del partido local,
Chiapas Unido . La mayoría de los alcaldes estaba al frente de
comunidades de menos de entre 20,000 y 190,000 habitantes, ubicadas en corredores carreteros, fronteras como Puebla, rutas de migración Chiapas y zonas clave para organizaciones criminales. De acuerdo con un comunicado del gabinete de Seguridad, con el operativo se busca detener a toda aquella autoridad que tenga vínculos con el crimen organizado. En su artículo,
“Enjambre selectivo. Pican parejo, menos donde duele el voto”, el especialista en seguridad, Alberto Guerrero, cuestiona que el Operativo ha dejado fuera a seis territorios donde la gobernanza criminal es un hecho de vida cotidiana:
Sinaloa, Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Guerrero y Michoacán. “Hablamos de las entidades con las tasas más altas de homicidio doloso y extorsión sostenida del país, con presidencias municipales bajo sospecha pública recurrente durante años, con corredores logísticos del narcotráfico que ninguna autoridad federal ignora”, plantea el especialista.
Se tiene que llegar llegar el caso de Rocha Moya donde una acusación directa contra él y más funcionarios».
Pero falta escalar a los gobernadores
Gerardo Álvarez , analista de políticas públicas en
México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), explica que ir contra la relación perniciosa entre la autoridad y el crimen es un buena herramienta para combatir las redes de corrupción y protección en los municipios, el «eslabón más débil» de la estructura gubernamental. Para Álvarez, Enjambre es un buen esfuerzo para combatir una vieja relación que tiene
impactos en la vida diaria de millones de mexicanos en las que muchas veces se convierten en las víctimas de delitos como extorsión como fueron los casos en Tequila, Jalisco y Juchitán, Oaxaca. Sin embargo, considera que
debe escalar e ir contra gobernadores. «Es muy importante que el gobierno federal esté invirtiendo esfuerzos, recursos contra esta dinámica de
gobernanza criminal , de vinculación de funcionarios con el crimen organizado en general, pero es necesario que
haya ese mismo ahínco con funcionarios de nivel estatal, porque lo municipal son los eslabones de responsabilidades más bajos dentro del Estado mexicano”, explica. En abril de este año, el gobierno de Estados Unidos señaló al gobernador con lincia de Sinaloa, Rubén Rocha y nueve funcionarios más de tener vínculos con «Los Chapitos», una facción del Cártel de Sinaloa. En la historia de México varios gobernadores han tenido vínculos con organizaciones criminales, entre ellos, Roberto Sandoval con el CJNG, Mario Villanueva Madrid de Quintana Roo con el Cártel de Juárez; Tomás Yarrington Ruvalcaba con Los Zetas y Jesús Reyna García con Los Caballeros Templarios. A través de un través de un
memorando enviado al Congreso estadounidense en septiembre pasado, el gobierno de Estados Unidos ha pedido a México detener a los funcionarios corruptos vinculados con los cárteles. Cuando una autoridad tiene algún tipo de relación con el crimen, las implicaciones son graves porque
no solo se capturan instituciones, también se permite la extensión y fortalecimiento de un grupo criminal, impera la impunidad, se usa el poder contra rivales de la organización aliada, pero también los ciudadanos son víctimas de delitos desde el gobierno como sucedió en
Tequila y Juchitán donde operaban redes de extorsión desde los alcaldes. “En muchas regiones del país se ha cedido terreno a la delincuencia y ha permitido que haya una gobernabilidad paralela por grupos del crimen organizado que tienen mayor estructura operativa, de fuego, logística”, explica Simón Hernández, coordinador de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la IBERO Puebla.
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