El sainete de la primera piedra El 2 de octubre, en Querétaro, un gobernador panista y el embajador de Estados Unidos colocaron la primera piedra de una academia policial. Tres días después, la Presidenta exigía explicaciones desde la mañanera, la Cancillería llamaba a ambos y Gobernación pedía información. En el trayecto, las versiones se desmoronaron: primero se dijo que nadie había sido informado; luego apareció un oficio fechado el 23 de septiembre y recibido por la SRE el 25. Ese oficio anunciaba una visita para temas de interés común, no una academia, y la Cancillería sostiene ahora que el proyecto exige el visto bueno del Grupo de Alto Nivel de Seguridad ( aunque para temas estrictamente técnicos esa atribución del SESNSP).
Ni siquiera el nombre es estable: academia internacional para unos, de interdicción estatal para otros. Cuando el acto y el expediente no comparten denominación, lo que hay no es política pública: es improvisación con cámaras. Mi crítica es pareja. A Querétaro le exijo que clarifique que el trámite se llevó a cabo con todo el rigor técnico y no político. A la Federación, que no convierta una ambigüedad propia en escándalo ni use el rigor jurídico como arma contra un gobierno de oposición. Y a Washington, que exija que toda situación de carácter bilateral en materia de seguridad, ostente un documento que aclare ante la ciudadanía lo que ocurre, sin concesiones políticas.
Un vacío que no se llena con regaños Lo ocurrido no es accidente; es síntoma de una arquitectura sin planos. Hoy la cooperación descansa en la Iniciativa Mérida, en el Marco Bicentenario de 2021, en convenios sectoriales y en una ley nacional de 2020 que impuso reglas unilaterales. Ya entonces legisladores del PAN advirtieron que las obligaciones recíprocas se negocian en convenios o tratados, no se decretan desde un solo lado. Tenían razón entonces y la tienen hoy: una regla que solo obliga a una parte genera resentimiento, no cooperación, y deja a los estados improvisando frente a una potencia que sí sabe lo que quiere. Mientras el T-MEC se revisa con abogados, la seguridad, que condiciona la economía, se administra con ocurrencias. Propongo de nueva cuenta un tratado bilateral de seguridad, inteligencia y cooperación, con estos ejes.
Primero: los límites constitucionales En México, el artículo 117 prohíbe a los estados celebrar tratados con potencias extranjeras; el 89 y el 76 reservan al Presidente y al Senado su celebración y aprobación; y los artículos 21 y 73 reparten la seguridad pública entre órdenes de gobierno. La Ley sobre la Celebración de Tratados permite acuerdos interinstitucionales de estados y municipios, pero con aviso y dictamen de la SRE. Del lado estadounidense pesan la cláusula de tratados, con aprobación senatorial de dos tercios, la Ley de Asistencia Exterior y las leyes Leahy, que condicionan la ayuda a unidades sin abusos. Un tratado serio debe decir qué puede pactar un estado, qué un municipio y qué jamás.
Segundo: operatividad e inteligencia Aquí la pregunta es brutal: ¿quién manda, quién dispara, quién responde? El tratado debe fijar que los agentes extranjeros son enlace y no autoridad, como ya dice la ley mexicana, pero también cadena de mando, reglas de uso de la fuerza, responsabilidad penal sin inmunidad y notificación inmediata de cualquier operación conjunta.
El caso de Chihuahua, en abril, con presunta participación de agentes estadounidenses, muestra el costo de no tenerlas: muertos, silencio y una iniciativa legislativa apresurada. La inteligencia exige reglas todavía más duras: qué se comparte, con qué reciprocidad, bajo qué clasificación, con qué control judicial y cómo se protege a las fuentes. Inteligencia no es prueba: sin legalidad de origen y cadena de custodia, lo que sirve para detener no sirve para sentenciar. Y la contrainteligencia debe ser bilateral: control de confianza, polígrafo y auditoría para quienes manejen información compartida, de ambos lados. Un secreto filtrado mata igual en español que en inglés, y alguien debe responder por haberlo filtrado.
Tercero: tecnología Biometría, interceptación de comunicaciones, análisis de datos e inteligencia artificial son hoy el músculo de la investigación criminal. Pero cada herramienta importada es también una puerta. El tratado debe exigir resguardo de los datos mexicanos en territorio nacional, auditorías independientes de software y proveedores, autorización judicial para intervenciones y sanciones por uso indebido, incluido el espionaje político, que en México tiene antecedentes documentados. Sin ello, la tecnología se vuelve dependencia, y la dependencia, tarde o temprano, se cobra con intereses en soberanía y en confianza ciudadana.
Cuarto: academias Aquí empezó todo, y aquí hay que ser quirúrgico. Desde la Iniciativa Mérida se han financiado capacitaciones; lo que falta es un modelo permanente y transparente: financiamiento bilateral auditable, currículo sometido al Programa Rector de Profesionalización ( que debe de actualizar profundamente la DGAT del SESNSP), certificación binacional y estándares internacionales como los de CALEA donde convenga, y control de confianza para instructores y alumnos. Toda academia estatal con cooperación extranjera debería registrarse ante la SRE y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y el tratado debe establecer quién titula, quién evalúa y quién puede visitar sus aulas. Los policías mexicanos merecen formación; la soberanía merece que nadie la dé por sentada.
Quinto: los ejes que faltaban Cinco asuntos que son de suma relevancia.
a) Finanzas ilícitas El dinero es la columna vertebral del crimen organizado y su flujo cruza la frontera todos los días. El tratado debe regular el intercambio de información entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la red financiera estadounidense FinCEN, con plazos de respuesta, reciprocidad, estándares probatorios y garantías de debido proceso para quien vea congeladas sus cuentas. Sin reglas, el congelamiento se vuelve instrumento político y el lavado se mueve a donde nadie mira.
b) Tráfico de armas México pone los muertos y Estados Unidos pone buena parte de los fusiles. Eso exige obligaciones recíprocas y no gestos de buena voluntad: trazabilidad obligatoria de las armas aseguradas, acceso expedito a registros de venta, persecución efectiva de compradores interpuestos y revisión conjunta de resultados con metas verificables.
c) Extradiciones y traslados El Tratado de Extradición vigente data de 1978 y la práctica reciente ha tensado su espíritu. Hay que distinguir con claridad entre extradición, deportación, expulsión ( figura utilizada con los casi 100 capos llevados a Estados Unidos) y traslado, fijar criterios de selección, exigir control judicial previo y garantizar que lo entregado no sea la prueba, sino el proceso. Una entrega opaca no combate la impunidad: la exporta.
d) Derechos humanos y responsabilidad Toda operación conjunta producirá víctimas, errores y abusos. El tratado debe prever mecanismo accesible de queja, investigación independiente, reparación del daño y condicionamiento de recursos a resultados en derechos humanos, de modo que las leyes Leahy dejen de ser arma unilateral y se vuelvan estándar compartido, aplicable a agencias estadounidenses.
Gobernanza del tratado Un tratado sin órgano que lo vigile es una promesa con membrete. Propongo comité bilateral permanente, solución de controversias con plazos, evaluación anual pública, revisión legislativa en ambos países y cláusula de caducidad que obligue a renovarlo con razones, no con inercia.
Realismo y ruta Seamos adultos: un tratado exige aprobación senatorial en ambos países, y reunir dos tercios en Washington parece improbable. La ruta realista combina un tratado marco mexicano, aprobado por el Senado, con un acuerdo ejecutivo respaldado por el Congreso estadounidense y anexos sectoriales actualizables sin reabrirlo todo. Mientras tanto, Querétaro y todo estado debe presentar su proyecto ante el SESNSP, la Federación debe resolver con plazos y publicidad, y la Embajada debe aceptar que la cortesía diplomática no sustituye al canal formal. Si la Presidenta quiere soberanía, que la ejerza con reglas claras; si el gobernador quiere cooperación, que la gestione con legalidad; y si Washington quiere socios, que deje de tratarnos como escenografía.
*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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