La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo detuvo al alcalde morenista de Puerto Aventuras, Gilberto Gómez Martínez , junto con otros dos funcionarios, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada contra un comerciante. Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas el jueves 15 de octubre de 2026, luego de que un juez de Control autorizara la detención de los tres señalados. Además del alcalde, fueron detenidos Karla Paola “N”, funcionaria de la Dirección de Desarrollo Económico de la alcaldía, y Jorge “N”, identificado como sobrino de Gómez.
¿De qué acusan a los detenidos en Puerto Aventuras? Otros alcaldes detenidos entre septiembre y octubre de 2026
A principios de 2026 personal del municipio de Puerto Aventuras, entre ellos Gilberto Gómez, acudió a un establecimiento de la colonia Puerto Maya a pedirle a un comerciante que regularizara su actividad y se presentara ante Karla Paola a realizar un trámite. Según la Fiscalía, el 19 de enero la funcionaria habría solicitado al comerciante llenar documentos y realizar un pago, bajo la advertencia de que, si no lo hacía, le retirarían su mercancía y le impedirían vender. La dependencia señaló que el formato requerido era gratuito. Posteriormente, el 6 de febrero, Jorge N acudió al negocio con otras personas y amenazó al comerciante con privarlo de la libertad y golpearlo si no se reportaba ante la funcionaria. La investigación también refiere que el 11 de febrero la víctima habría realizado el pago solicitado y que, el 7 de mayo, Jorge “N” regresó al establecimiento para exigirle una cantidad semanal adicional, con nuevas amenazas. A partir de la denuncia, la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión integró la investigación y obtuvo las órdenes judiciales. Los tres detenidos serán puestos a disposición del juez. Entre septiembre y octubre de 2026, varios presidentes municipales han sido investigados y detenidos por presunta extorsión y posibles vínculos con el crimen organizado; algunas de las detenciones han ocurrido en el marco de la Operación Enjambre, una estrategia de seguridad que se ha extendido a ocho entidades del país.
Estado de México, Puebla, Morelos, Oaxaca, Jalisco, Chiapas, Veracruz, y Tlaxcala forman parte del operativo contra la narcopolítica, que consiste en detectar y extirpar células criminales coludidas con regidores, alcaldes o síndicos en funciones. En Oaxaca, el 23 de septiembre fue detenido Miguel Sánchez Altamirano , alcalde morenista de Juchitán de Zaragoza. La Fiscalía lo señaló por su probable participación en delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, en una investigación relacionada con una presunta estructura criminal que operaba en el Istmo de Tehuantepec. El 4 de septiembre fue detenido Said de Jesús Godos Luna, alcalde de Tepeyahualco, Puebla, por Movimiento Ciudadano, en el municipio de San Juan Xiutetelco. La Fiscalía General del Estado ejecutó una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, cohecho e incumplimiento de un deber legal.
Autoridades federales informaron que era investigado por su posible participación en actividades relacionadas con el robo al transporte de carga. El 7 de septiembre, en Esperanza, también en Puebla, fue detenido el alcalde morenista Isaac Rodríguez Ochoa , junto con otras ocho personas. Las autoridades investigaban a una presunta organización dedicada al robo de transporte de carga, extorsión y secuestro en la carretera Puebla-Veracruz. El 16 de septiembre, un juez lo vinculó a proceso por delitos relacionados con la portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud. Finalmente, el pasado 3 de octubre de 2026 el alcalde morenista de Suchiapa , Chiapas, Jorge Lara Cordero, fue detenido junto con el exalcalde Alexis Nucamendi Gómez, también en el marco de la Operación Enjambre. En total, 21 personas fueron apresadas ese día, entre mandos y elementos de la Policía Municipal. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal, las investigaciones están relacionadas a posibles delitos de abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa.
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