El 6 de octubre, durante la glosa del Segundo Informe de Gobierno, senadores de oposición le hicieron al secretario de Hacienda, Édgar Amador, una pregunta que cabe en una palabra: ¿la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Amílcar Olán, empresario señalado en reportajes por su cercanía con Andrés Manuel López Beltrán? Amador respondió con un discurso sobre la imparcialidad de la UIF , sin distingos, y afirmó que no existen “en este momento” investigaciones por parte de la Fiscalía. Obsérvese el truco: confundió a la UIF con la FGR y convirtió el verbo “investigar” en sinónimo de “denunciar”.
El país no salió sabiendo lo único que importaba. Solo caben dos explicaciones: el secretario ignora el estado de los expedientes de una unidad que depende de él, o los conoce y decidió que el Senado no merecía saberlo. Ambas son graves. Y ambas delatan un problema de diseño, no una mala tarde en tribuna. Un árbitro que reporta al jugador La UIF es hoy un órgano desconcentrado de Hacienda. Es decir, la unidad que debe detectar el dinero sucio de funcionarios y políticos cuelga jerárquicamente de un integrante del gabinete que comparte proyecto, mesa y destino con esos mismos funcionarios. Ningún manual de conflicto de interés aprobaría ese organigrama. Quien ha trabajado dentro de corporaciones sabe que el sesgo casi nunca llega como orden escrita: llega como cercanía, como cálculo, como paciencia. Un expediente incómodo no se cierra; se deja madurar. A ello se suma una incompatibilidad de vocaciones. Hacienda vive de recaudar, calmar mercados y mantener contenta a la banca. La UIF debe producir inteligencia con consecuencias penales. Cuando ambas lógicas chocan, gana la que paga la nómina. Por eso sostengo que la UIF debe pasar a la SSPC, donde su producto natural, la inteligencia financiera criminal, alimenta de manera directa al Gabinete de Seguridad y se convierte en denuncias sólidas ante la FGR, sin pasar por el filtro de un secretario con otras prioridades. Además, Hacienda administra a la CNBV y al SAT, es decir, a buena parte de quienes generan los reportes que la UIF analiza.
Un analista que debe revisar a una dependencia hermana, o a un contribuyente consentido de su propia secretaría, trabaja con un incentivo distorsionado desde el primer día. Separar a la UIF no sería un castigo para Hacienda: sería protegerla de la sospecha permanente. Mudar el escritorio no basta Seamos rigurosos, que es lo que distingue a una crítica de un berrinche. OFAC y FinCEN, los espejos favoritos de este debate, viven dentro del Departamento del Tesoro. Y el GAFI exige independencia operativa, no una dirección postal específica. Mudar el escritorio a la SSPC, por sí solo, no cura nada: cambiaría de jefe político sin cambiar la dependencia política. El traslado solo funciona con blindajes: titular nombrado con ratificación del Senado, periodo fijo, causales de remoción tasadas, presupuesto propio etiquetado y una bitácora inalterable de cada expediente que permita saber quién ordenó qué.
Si el Ejecutivo se niega a moverla, el lugar correcto dentro de Hacienda es el de un organismo con autonomía técnica y de gestión, sin subordinación jerárquica del secretario en decisiones de casos. Lo inaceptable es el statu quo: autonomía de discurso, subordinación de hecho. Investigar sin preguntar a quién conviene ¿Cómo se investiga sin preguntar a quién conviene? Con reglas que no dependan de la voluntad. – Primero, todo reporte entra con folio y se clasifica con una matriz de riesgo pública en sus criterios: monto, patrón, jurisdicción, cargo. – Segundo, las personas políticamente expuestas y sus redes superan automáticamente el umbral de análisis; el nombre no decide, el riesgo sí. – Tercero, archivar un expediente exige dictamen fundado y revisión de una instancia externa. – Cuarto, plazos máximos para decidir si se denuncia. – Quinto, la denuncia ante la FGR se presenta con acuse y la UIF no suelta el caso hasta su judicialización. – Sexto, informes semestrales al Congreso: expedientes abiertos, archivados, denuncias presentadas y sentencias obtenidas. – Séptimo, rotación de analistas y trazabilidad de cada consulta. Lo que no deja huella no se audita; lo que no se audita se negocia. Luz con método, no linchamiento Aquí hay que ser preciso, porque la demagogia también contamina. OFAC publica designaciones, con fundamento y procedimiento de exclusión; no publica la lista de personas bajo investigación, y hacerlo en México vulneraría la presunción de inocencia y la reserva de las carpetas. Pero la UIF sí debe publicar, sin excusas, cada incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas con su fundamento, y reportar de forma agregada y puntual el destino de cada expediente. No es capricho: la propia UIF informó 78 acuerdos de incorporación en 2025, y circulan versiones encontradas sobre qué tan accesible es esa lista. Si el instrumento es legítimo, debe resistir la luz. Cuando la autoridad calla por sistema, el ciudadano supone selectividad, y la sospecha se vuelve costo institucional. Las zonas ciegas Finalmente, las zonas ciegas. – El huachicol fiscal, que ya llegó a la tribuna, exige seguir el dinero de las importaciones simuladas hasta sus beneficiarios, no solo hasta los transportistas. – Las empresas fachada y la facturación falsa siguen siendo el idioma común del lavado. – El sector inmobiliario y los fedatarios son un agujero conocido. – Los prestanombres de funcionarios rara vez se rastrean con la misma energía que los de un capo. – El dinero ilícito en campañas, con 17 gubernaturas en juego en 2027, merece una ruta de análisis dedicada. Y falta lo más elemental: no conozco una cifra pública consolidada de cuántas denuncias de la UIF terminan en sentencia. Esa ausencia es, en sí misma, el diagnóstico. El sistema de seguridad mexicano no necesita más conferencias sobre la neutralidad de la UIF. Necesita una UIF cuya neutralidad se pueda comprobar. Propongo que esto no se resuelva con otro comunicado, sino con una iniciativa: reforma legal, protocolo público de casos y un calendario de implementación evaluable públicamente antes de que termine el sexenio – -Biografía: Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán. Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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