El 17 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, una ocasión para tomar conciencia y «desnormalizar» la pobreza, y un llamado a buscar su reducción sustantiva. En México, la pobreza tiene una característica peculiar: en gran medida se crea desde el mundo del trabajo. Millones de empleos carecen de ingreso suficiente para superar la línea de pobreza y/o de acceso al seguro social, con los servicios de salud y demás protecciones. Es un escándalo y una contradicción: el trabajo debe ser la puerta de salida de la pobreza.
Con ese motivo, el reporte «Cortar la raíz laboral de la pobreza» de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza presenta «datos duros, lecciones de la experiencia reciente y perspectivas para avanzar». ( Disponible en https://www.frentealapobreza.mx/post/cortar-la-raíz-laboral-de-la-pobreza ) Los datos muestran los claroscuros del pasado reciente: la pobreza se redujo del 42% al 30% de la población, pero simultáneamente aumentó la población con carencias sociales (de 25% a 32%). La carencia por acceso a la salud creció de 16% a 34%, y la carencia por acceso al seguro social sigue siendo la más alta: 48%. Las lecciones son cinco: 1. La reducción de la pobreza es resultado directo del incremento del ingreso laboral, pero sigue siendo insuficiente para la mitad de la población. 2. La reducción de la pobreza no transforma una falla estructural: el acceso a la salud y al seguro social siguen condicionados al tipo de trabajo. El reto de la mal llamada informalidad laboral no es fiscal ni productivo: es la exclusión de la protección social. 3. Las transferencias monetarias de programas gubernamentales han crecido mucho, pero su impacto en pobreza sigue siendo mínimo. 4. La pobreza en el sur-sureste sigue siendo muy alta, y eso no es un accidente geográfico: es el resultado de un sistema económico y laboral que excluye y genera trabajo precario. 5. La pobreza se redujo, pero se ensaña y es mayor en las etapas que definen la vida: la primera infancia y la juventud.
Antes de presentar las perspectivas y recomendaciones, me detengo en la segunda lección, pues cada día escucho más narrativas empresariales preocupadas por la «informalidad», a la que se ubica como competencia desleal, evasión fiscal, antesala del crimen y precursora de la inseguridad. Sin negar la gravedad del reto, me parece que se están mezclando muchas realidades y usando los pocos datos disponibles de manera distorsionada o, al menos, equívoca. El primer problema es justamente la poca información dura sobre esta realidad. ¿Pero qué sí sabemos con datos? El dato más conocido es la ocupación informal: 55% de la población ocupada. Por definición, son trabajos sin derechos —muy específicamente, sin seguro social y, por tanto, sin acceso a la salud y al resto de protecciones sociales—. A principios de 2026 son 32.6 millones de personas (ENOE 2026-I). Pero cuidado: los datos no sustentan que la informalidad laboral esté creciendo. Está estancada o en reducción muy lenta: 60% hace 20 años, 59% hace 10, 56% hace 5. Nota importante: las variaciones de décimas o un punto porcentual se ubican dentro del margen de error estadístico y no deben magnificarse como tendencias.
Lo que se dice poco es que la gran mayoría —80% de los trabajos informales, 25.8 millones— son en realidad opciones de subsistencia: personas que, ante la falta de empleos de calidad, salen a ganarse la vida por cuenta propia o en micronegocios. Son 13.8 millones en micronegocios con menos de 10 personas —muchas veces incluyendo al propietario y sus familiares— y 10.9 millones en trabajo por cuenta propia. Es decir, autoempleo. A ello se suman 1.1 millones en agricultura de subsistencia. El restante 20% de los trabajos informales —6.3 millones— son empleos que incumplen la obligación de afiliación laboral: 2.6 millones en el sector agropecuario, 2.2 millones en las casas (trabajadoras del hogar) y 1.5 millones en empresas medianas y grandes, instituciones públicas y privadas, incluso en el gobierno. Es decir, trabajos informales que flagrantemente incumplen la ley. Pero no es que estén creciendo. No hay datos que sustenten que los empresarios se «estén pasando a la informalidad», como se afirma con ligereza y sin evidencia. La solución, por tanto, no es «fiscalización» o «regularización», sino acceso al seguro social. Para ello se requieren «puentes» con esquemas de subsidios transparentes, decrecientes y con incentivos claros. Si no… seguiremos igual. _____ *Rogelio Gómez Hermosillo es Presidente Ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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