La ley presume resultados; la calle presenta otros El Estado de derecho no se mide por los discursos presidenciales ni por el número de operativos anunciados. Se reconoce cuando una persona puede caminar sin miedo, denunciar sin exponerse a represalias, encontrar una policía que investigue y obtener justicia sin que el dinero, el cargo o la amenaza decidan el resultado. Bajo esa prueba, el Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project (WJP) coloca a México frente a un diagnóstico difícil de maquillar: 0.39 puntos sobre uno, por debajo del promedio mundial de 0.55, y el lugar 125 entre 143 países.
No es una sentencia judicial ni una medición exclusiva del delito; sí es una advertencia comparativa sobre cómo se experimentan y funcionan las reglas e instituciones. La tendencia no admite triunfalismo. El perfil nacional registra una reducción de 8.4% en la puntuación general entre 2021 y 2026. El país perdió cuatro posiciones respecto de 2025, cuando estaba en el lugar 121, y retrocedió en siete de los ocho factores evaluados frente al año anterior, según la cobertura del informe.
Seguridad: el Estado llega, pero no siempre gobierna En el factor de orden y seguridad, México obtuvo 0.50 puntos y quedó en el lugar 132 de 143; en América Latina y el Caribe ocupa el 30 de 32, y entre países de ingresos medios altos, el 43 de 44. El subfactor de control efectivo del crimen marca 0.38; la capacidad para limitar conflictos civiles, 0.18; y la ausencia de violencia para resolver agravios, 0.20. La presencia de fuerzas federales puede contener temporalmente una escalada, recuperar una carretera o proteger un punto estratégico. Pero el despliegue no equivale, por sí mismo, a gobernabilidad. Si al retirarse los efectivos regresan la extorsión, las amenazas, los cobros ilegales y la imposición criminal de horarios, precios o movilidad, hubo contención, no recuperación institucional.
La justicia penal, el agujero negro El dato más severo está en justicia penal: 0.22 puntos y posición 139 de 143 países. México queda entre los cinco peor evaluados en este factor. La investigación del delito recibe 0.17; la efectividad del sistema penitenciario, 0.18; la imparcialidad del sistema penal, 0.15; y el respeto al debido proceso y los derechos de las personas acusadas, 0.26.
La cadena falla en puntos que deberían sostenerse mutuamente: investigar, probar, juzgar, sancionar y custodiar conforme a la ley. La policía que sólo llena informes, el ministerio público que no construye casos y la pericial que llega tarde convierten la denuncia en trámite. Y sin prisiones gobernadas por el Estado, una condena puede terminar trasladando el control cotidiano a redes criminales.
La seguridad también depende de los contrapesos El índice coloca a México en el lugar 135 en ausencia de corrupción, con 0.26 puntos; en límites al poder gubernamental obtiene 0.39 y cae 11.6% frente a 2021. No son asuntos separados de la seguridad. Cuando la fiscalización es débil, los nombramientos obedecen a lealtades, las investigaciones se administran selectivamente y las sanciones no alcanzan a quienes abusan del cargo, la aplicación de la ley pierde credibilidad. El Estado de derecho también exige que el propio gobierno acepte límites. La concentración de decisiones, el debilitamiento de controles y la descalificación de críticas no mejoran la capacidad operativa; reducen las posibilidades de detectar errores, corregir abusos y exigir resultados.
¿Contradice al gobierno? La realidad no cabe en un solo indicador El gobierno puede señalar descensos en determinados delitos o mejoras en encuestas concretas, y esos datos deben examinarse con la misma seriedad. El WJP no sustituye las estadísticas de homicidio, las carpetas de investigación ni las encuestas de victimización: integra encuestas a hogares y consultas a especialistas para valorar dimensiones amplias del Estado de derecho. Pero sus resultados contradicen cualquier narrativa general de éxito institucional que no explique el deterioro de siete factores y el lugar 139 en justicia penal. La ENSU del INEGI ofrece un contraste útil, aunque mide percepción urbana, no el mismo fenómeno que el WJP. En septiembre de 2026, 58.1% de la población adulta en 91 ciudades consideró inseguro vivir en su ciudad, por debajo del 63.0% de septiembre de 2025. La medición no absuelve ni condena por sí sola: obliga a contrastar resultados, revisar capacidades y separar la comunicación política de la experiencia cotidiana de la ciudadanía.
El costo de ignorar la advertencia ¿Ha mejorado el Estado de derecho? Según el balance comparativo del WJP, no: la puntuación general y siete factores muestran retroceso respecto de 2021. ¿Ha ayudado el gobierno federal? El índice no permite adjudicar toda la responsabilidad a una sola instancia; seguridad y justicia dependen de capacidades federales, estatales y municipales, fiscalías, tribunales, policías y controles democráticos. Precisamente por eso sería irresponsable que la Federación lo despachara como una crítica extranjera o un ranking sin consecuencias. La prueba está en decisiones concretas: profesionalizar policías municipales con salarios, formación y supervisión; fortalecer unidades de investigación y análisis criminal; proteger denunciantes; evaluar fiscalías por casos esclarecidos y judicializados, no por comunicados; auditar prisiones; publicar metas comparables y permitir revisión independiente. Cada medida exige presupuesto, responsables, calendario y evidencia pública. El WJP no tiene la última palabra sobre México, pero sus cifras no se desactivan desacreditando al mensajero. El país puede discutir metodología, contrastar fuentes y corregir interpretaciones; lo que no puede hacer es tratar el diagnóstico como irrelevante mientras la justicia penal permanece en el fondo de la clasificación. El Estado de derecho empieza cuando la ley protege a la persona común frente al criminal y también frente al abuso oficial. Si el ciudadano sigue pagando por denunciar, cerrando temprano por miedo o esperando años una investigación, la promesa institucional no ha llegado a su calle. Y una política de seguridad que no consigue que la ley gobierne el territorio administra la emergencia: no la resuelve. Por eso, la evaluación debe convertirse en una obligación pública: cada autoridad tendría que responder con evidencia, plazos y responsables, no con descalificaciones, promesas renovadas ni comparaciones escogidas para ocultar aquello que todavía no funciona en la práctica.
*Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán. Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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