El padre de la pequeña Velvet, Ever Leonardo Vaca Candrón, camina bajo el sol de medio día por Calzada de Guadalupe junto a cientos de fieles hacia la Basílica de Guadalupe, lleva en el pecho el nombre de su hija. Su niña murió con tan solo un año y 10 meses de edad, a causa de un conductor de motocicleta que lo atropelló a él y a su hija mientras cruzaban la Avenida Aztecas en Coyoacán el 28 de enero de 2023.

En abril de este año, el responsable –quien manejaba a exceso de velocidad y bajo el influjo del alcohol– fue sentenciado a 10 años y nueve meses de prisión, cuenta Ever. «Se nos hace injusto, una pena muy corta para lo que provocó, porque falleció mi bebé y rompió toda una familia. Es algo que nosotros vamos a cargar el resto de nuestras vidas», dice. El padre, convertido en activista , impulsa en la Ciudad de México la ‘Ley Velvet’ para que las penas se agraven cuando un conductor bajo el efecto del alcohol o drogas provoque una muerte . Velvet es una de las víctimas cuyas familias se unieron a la una peregrinación desde el Zócalo capitalino hasta la Basílica de Guadalupe este domingo, en el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros de Tránsito . «¡No más muertes viales!», exigieron padres, madres, hermanos, hermanas y parejas al pie del Cerro del Tepeyac. La vida de Ángel Misael Perales fue interrumpida a los 23 años también por un conductor bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad. El joven regresaba de trabajar y, a solo cinco minutos de llegar a su casa, fue atropellado al cruzar una avenida la noche del 25 de agosto de 2025. «Iba a empezar a estudiar la universidad, tenía planes con su novia, se iban a casar. Teníamos muchos planes como familia que en un ratito se acabó todo», señala Efrén Perales, hermano de Ángel Misael.

El responsable fue detenido, pero le permitieron llevar el proceso en libertad e incluso le quitaron la medida cautelar de firmar una vez al mes ante un juez para evitar que escape. «No sé si él ya se haya dado a la fuga, si se vaya a presentar a la audiencia», dice Efrén. Con bastón y a paso lento, Mercedes Meneces García lleva consigo la imagen del rostro de su hijo Víctor «Pushkin» Olague», quien murió a los 21 años al ser arrollado por una unidad de la Línea 3 del Metrobús en Avenida Balderas y Artículo 123, el 4 de febrero de 2021. La mujer, una adulta mayor, confiesa que cada vez le cuesta más caminar, pero debía estar presente para la misa en honor de su hijo y otras víctimas en la Capilla del Pocito. «Era su vida la bicicleta y la patineta, era muy deportista», afirma Mercedes.

La madre lleva cinco años luchando por justicia para su hijo, denunciando irregularidades en la investigación realizada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX): pérdida de videos y de incluso el expediente completo durante un año, el cual fue localizado de nuevo este 2026, pero solo con la mitad de la información. Mercedes afirma que su hijo fue revictimizado, al atribuirle la responsabilidad de su propia muerte. «Me dijeron que iba drogado o alcoholizado, pero no apareció en la necropsia, que es lo primero que hacen», sostiene la madre de Víctor. En México existe una deuda hacia las víctimas de hechos de tránsito y sus familias, advierte la activista Areli Carreón, integrante de la Coalición de Movilidad Segura. Son ocho entidades -incluyendo la Ciudad de México- las que no actualizan aún su legislación en cinco años con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, expedida en diciembre de 2021. «No sabemos cuántos muertos más, cuántos heridos más, cuánto dolor más para que (las y los legisladores) hagan su trabajo. «A lo mejor no nos hacen caso a los ciudadanos de a pie, pues a ver si a los poderes superiores de la patrona de México (la Virgen de Guadalupe) existe esa convicción, ese compromiso para cumplir con lo que la ley ya les obliga», sostiene Carreón. La diputada federal Patricia Mercado, quien acompañó a las víctimas en parte de su peregrinar, señala hay dos elementos que faltan para hacer posible el acceso a la justicia para las víctimas de hechos de tránsito y sus familias. «Primero es que se haga justicia a quien fue, que se sirvan las sanciones adecuadas, eso piden las organizaciones. «En segundo lugar, el seguro de responsabilidad civil obligatorio para la reparación del daño «, presidenta de la Comisión de Movilidad en la Cámara de Diputados.

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