La sesión de la Suprema Corte del 17 de noviembre dejó una escena poco habitual. La ministra María Estela Ríos acusó a sus compañeros de faltarle al respeto por pretender modificar su proyecto. El presidente Hugo Aguilar respondió que la resolución debía reflejar el criterio de la mayoría. El enfrentamiento acaparó la atención mediática, pero detrás surgieron dos problemas, la protección de nuestra privacidad y la forma en que la Corte construye sus decisiones.
Se resolvió el amparo en revisión 193/2026, relacionado con la constitucionalidad del artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La disposición obliga a las empresas telefónicas a conservar durante dos años registros de las comunicaciones de sus usuarios y establece mecanismos para que las autoridades accedan a información y obtengan datos de geolocalización. No hablamos de grabar conversaciones, sino de almacenar información potencialmente igual de reveladora. Saber a quién llamamos, cuándo y desde dónde utilizamos nuestros dispositivos permite reconstruir relaciones personales, desplazamientos e incluso aspectos íntimos de nuestra vida. La pregunta constitucional era si el Estado puede imponer la conservación indiscriminada de información de millones de personas que no están sujetas a investigación alguna. La ministra ponente propuso negar el amparo. Argumentó que los derechos a la privacidad y protección de datos personales admiten restricciones por razones de seguridad pública. También sostuvo que conservar información no equivale a intervenir comunicaciones privadas y que existen controles contra los accesos arbitrarios. La Corte negó el amparo. La conservación de registros fue aprobada por seis votos contra tres, mientras que otros apartados obtuvieron mayorías de siete u ocho integrantes. Sin embargo, varios ministros cuestionaron la fundamentación del proyecto. Arístides Guerrero planteó examinar alternativas menos invasivas que la conservación generalizada de información. Sara Irene Herrerías Guerra insistió en realizar un examen de proporcionalidad y precisar las garantías constitucionales aplicables.
Ambos cuestionamientos resultan fundamentales. Que una medida persiga una finalidad legítima no significa automáticamente que sea constitucional. El Estado puede combatir delitos y proteger la seguridad pública, pero debe demostrar que los instrumentos utilizados son idóneos, necesarios y proporcionales. De lo contrario, bastaría invocar la seguridad para justificar cualquier intromisión en nuestra privacidad. Existe una diferencia sustancial entre conservar información de toda la población y preservar datos relacionados con una investigación. La primera medida convierte el almacenamiento generalizado en regla; la segunda responde a una necesidad individualizada. Sus consecuencias para los derechos fundamentales son distintas. El debate también reveló un problema institucional. La ministra Ríos González rechazó adoptar una metodología interpretativa que consideraba innecesaria y pidió respeto a su independencia. Hugo Aguilar respondió que el proyecto debía reflejar el criterio de la mayoría. Una sentencia de la Suprema Corte no pertenece a quien elabora el proyecto, sino al órgano colegiado que la aprueba. La independencia judicial protege el criterio de cada ministro, pero no convierte su propuesta individual en una resolución inmune a las observaciones de sus compañeros.
El problema surge cuando existe mayoría para resolver un asunto, pero no necesariamente para compartir las razones que sustentan la decisión. Declarar constitucional una disposición sin mayores precisiones no equivale a reconocer su validez bajo una interpretación que limite las facultades de las autoridades. La Suprema Corte emitió el Acuerdo General 6/2025, que regula la elaboración de engroses cuando los proyectos son aprobados con modificaciones. Establece que no pueden introducirse argumentos nuevos que no hayan sido debatidos durante la sesión. En el amparo 193/2026 varios ministros anunciaron votos concurrentes, reservas y desacuerdos con determinadas consideraciones. Aunque se alcanzaron las mayorías para negar el amparo, ello no demuestra que todos sus fundamentos recibieran idéntico respaldo. Esto no significa que se hayan violado las reglas de deliberación. Sin embargo, obliga a examinar el engrose definitivo para verificar que la fundamentación corresponda a las razones aprobadas. Una Corte constitucional no cumple su función simplemente reuniendo los votos necesarios para resolver un expediente. También debe producir decisiones coherentes, suficientemente motivadas y capaces de orientar a los tribunales. De ello dependen la seguridad jurídica y la legitimidad de sus resoluciones. La sesión dejó dos desafíos para la nueva Suprema Corte. Garantizar que las facultades estatales de vigilancia estén sometidas a controles constitucionales efectivos y demostrar que sus integrantes pueden transformar sus diferencias en sentencias verdaderamente colegiadas. El verdadero escándalo no debería ser que una ministra discutiera con el presidente de la Corte. Debería preocuparnos más que, mientras se decidía sobre nuestros datos personales, la atención pública se concentrara en las susceptibilidades de quienes tienen la responsabilidad de protegerlos. Porque lo preocupante no es que los ministros discutan. Lo preocupante sería que, después de discutir, no quedara claro qué razones constitucionales fueron realmente aprobadas. *Carlos Enrique Odriozola Mariscal es abogado y activista en la defensa de los derechos humanos. Presidente del Centro Contra la Discriminación. Redes sociales @ceodriozolam. Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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