El INE es una institución fundamental para la democracia mexicana . Fue producto de la conquista ciudadana por tener elecciones equitativas y competitivas; su ciudadanización implicó arrebatarle al gobierno el monopolio del acceso a los cargos de elección popular y pluralizar la política mexicana. Como se ha hecho evidente en las últimas semanas, desafortunadamente la institución atraviesa la crisis institucional más profunda de su historia. No estamos ante un simple bache administrativo, sino ante un deterioro que amenaza la esencia misma del arbitraje democrático en México, y lo que podría ser el inicio de su captura total por parte del gobierno o, de plano, la desaparición de un órgano cuya razón de ser es la autonomía y la independencia. Las señales desde el poder ya se empiezan a dar, muy al estilo de lo que vimos con el Poder Judicial. Por eso se trata de un momento crítico.

El contexto y la crisis que se vive requieren tomar medidas drásticas para recobrar la legitimidad, dignificar la función electoral y, sobre todo, recuperar la confianza ciudadana. Es hora de dar un golpe de timón, uno verdaderamente fuerte. Si queremos salir de esta tormenta, el primer paso es no equivocarnos en el diagnóstico.

I. El origen y alcance de la crisis Para curar al enfermo, hay que entender dónde está la falla. Y aquí debemos ser tajantes:
hay una separación clara entre la crisis de la cúpula y la capacidad operativa del Instituto. El INE sigue sacando adelante los procesos electorales gracias a su estructura permanente, que aunque sin duda ha sido afectada por los malos manejos institucionales, sigue siendo el pilar del Instituto. La crisis no radica en una incapacidad técnica del órgano ni en un exceso de atribuciones legales, sino en la captura administrativa y la falla absoluta de sus mecanismos internos de supervisión. El INE sigue sacando adelante los procesos electorales gracias a su estructura permanente, que aunque sin duda ha sido afectada por los malos manejos institucionales, sigue siendo el pilar del Instituto. La crisis no radica en una incapacidad técnica del órgano ni en un exceso de atribuciones legales, sino en la captura administrativa y la falla absoluta de sus mecanismos internos de supervisión. Lo que vimos con la gestión de Guadalupe Taddei fue la crónica de una muerte anunciada. Fue el clímax de un deterioro institucional provocado por el abuso y los excesos de quienes integran el Consejo General, pero sobre todo por la degradación de la Junta General Ejecutiva (JGE) —llenada de perfiles improvisados, sin experiencia ni trayectoria— y tolerada por una Contraloría politizada, al servicio del gobierno y no de la legalidad. Frente a esto, el diagnóstico desde el Ejecutivo federal es incompleto y conlleva un alto riesgo de regresión. No debe haber duda en que el árbitro debe mantener su autonomía decisoria, y que sus órganos de control deben funcionar sin sesgos partidistas. Cualquier ajuste legal que ignore las causas reales que permitieron la concentración de poder en la Presidencia y la opacidad en las compras públicas, solo agravará el problema.

II. Es urgente recuperar la confianza Me parece que no todo está perdido. La ciudadanía sigue valorando al INE como una institución relevante para el país; y aunque la confianza en el árbitro actual ha mermado, la historia y los cimientos que le dieron origen le dan fuerza para salir adelante. Sin embargo, es imperativo actuar de inmediato. A mi juicio, la ruta de rescate debe trazarse sobre cinco ejes clave:
1. Desmantelamiento de redes, depuración y justicia . No puede haber borrón y cuenta nueva. Es indispensable llegar hasta las últimas consecuencias en las indagatorias sobre la red de contratistas y simulación de competencia, aplicando sanciones administrativas y penales (con intervención de la FGR y la UIF) sin simulaciones. Se debe aplicar la «muerte civil» (inhabilitación permanente en el INE y los OPLEs) a las empresas y apoderados legales involucrados. Hay que romper de tajo los vínculos operativos, removiendo a los involucrados, sin importar si son consejerías electorales, direcciones ejecutivas, mandos medios o enlaces.
2. Reestructuración de la cúpula con legitimidad política. La reconstrucción exige una nueva Presidencia en el INE con carácter, visión de Estado y prestigio propio; un perfil que surja del consenso político real y no de la imposición de una facción. Dejar que una presidencia provisional conduzca el proceso es un error: en una etapa crucial como esta, las decisiones deben ser tomadas por personas con nombramientos definitivos, no temporales. En este mismo sentido, urge reconstruir la JGE con funcionarios de probada experiencia técnica, eliminando el cáncer de la discrecionalidad; las encargadurías de despacho deben estar acotadas a un máximo de 30 días.
3. Colegialidad real y corresponsabilidad. Las decisiones financieras, de adquisiciones y de personal no pueden seguir pasando exclusivamente por la Presidencia y la JGE. Las comisiones del Consejo General deben involucrarse en la supervisión efectiva y aprobación de licitaciones estratégicas. Hay que restablecer el debate deliberativo, superando la nociva dinámica de «bloques de votación» que paralizó los contrapesos internos.
4. Transparencia transversal sin sesgos. Debemos adoptar un esquema de contrataciones abiertas en tiempo real, con trazabilidad de beneficiarios finales y subcontrataciones. Las licitaciones deben hacerse con tiempo y contar con la validación de testigos sociales académicos y especializados (como la UNAM, el IPN o el CINVESTAV) para evitar dados cargados. A la par, el Órgano Interno de Control (OIC) debe operar con rigor técnico, blindado de las presiones políticas. La transparencia debe ser un principio transversal de actuación en todo el Instituto, sin pretextos ni simulaciones.
5. Romper la burbuja de complacencias. El INE debe dejar atrás el aislamiento institucional donde los consejeros solo se escuchan a sí mismos o a sus grupos afines. Es imperativo abrir mesas permanentes de escrutinio con organizaciones de la sociedad civil, la academia y los especialistas electorales.

III. Garantizar la organización y la integridad de las elecciones Fiscalización: Seguimiento exhaustivo del origen y destino de los recursos, dejando atrás la revisión meramente formal de facturas. Campañas anticipadas: Aplicación oportuna y sin miedo de medidas cautelares ante los actos de precampaña y campaña fuera de la ley. Sobrerrepresentación: Definición de criterios jurídicos consistentes, claros y apegados al principio de pluralidad democrática para evitar la sobrerrepresentación que desvirtúa el valor del voto. Violencia y crimen organizado: El gran elefante en la habitación. El INE debe diseñar protocolos reales de prevención y mapas de riesgo, asumiendo una coordinación institucional seria para proteger la integridad de votantes, candidatos y funcionarios de casilla.

Más allá de la administración, la autoridad debe volver a su mandato constitucional. El árbitro debe volver a la cancha. Primero, exigiendo disciplina institucional. Se debe poner fin al «turismo electoral» y a la pasarela de vanidades. Las y los consejeros deben concentrarse en la organización de los comicios, erradicando viajes superfluos y foros de lucimiento personal. Además, es hora de revertir la normalización de las sesiones virtuales; la deliberación pública exige presencialidad y dedicación exclusiva, no consejeros atendiendo el pleno desde sus teléfonos mientras hacen otras cosas. Segundo, reencontrándose con el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN). Hay que acercarse de nuevo a las juntas locales y distritales, el verdadero sostén operativo que salva las elecciones a pesar de las crisis directivas. Esto implica blindar a la institución frente a las estructuras paralelas: basta de la contratación discrecional de ejércitos de asesores que desplazan al personal de carrera certificado por mérito. Finalmente, el INE tiene que abordar de forma frontal los retos de integridad electoral. Se acabaron las evasivas. De cara a los próximos comicios, el Instituto debe asumir su responsabilidad en cuatro rubros críticos: El INE está a tiempo de salvarse a sí mismo, pero la ventana de oportunidad se cierra. O la institución toma medidas contundentes y da un golpe de timón desde adentro, o la crisis será la excusa perfecta para su desmantelamiento desde afuera. La democracia mexicana no puede permitirse lo segundo. ____ Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

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