La comunidad internacional expresó su preocupación por la militarización de la seguridad y de la política migratoria en México, el nuevo registro de desaparecidos, la crisis forense, la falta de protección e incluso el espionaje a personas defensoras y periodistas, así como el intento de afectar independencia judicial, informó el senador del Grupo Plural Emilio Álvarez Icaza. El miércoles el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) recibió el Examen Periódico Universal de México y representantes de la comunidad internacional comenzaron el análisis previo a que este viernes emita sus recomendaciones; hay severos cuestionamientos hacia el Estado mexicano, advirtió el legislador.
La revisión que realiza el examen periódico sobre cómo México cumple en materia de derechos humanos consiste en un análisis integral que considera el informe del gobierno, el que eventualmente presente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el reporte sombra presentado por más de 300 organizaciones y un informe de la oficina de ONU DH en México. Luego tres países conducen la evaluación y eventuales recomendaciones, en este caso fueron China, Bulgaria y Paragüay, pero ayer, dijo el senador, incluso países que podría pensarse aliados del gobierno mexicano, como Rusia, expusieron sus preocupación por la situación en México. Particularmente expuso la «gravedad» de que “es este gobierno donde más personas desaparecen y como no pueden resolver (ahora) intentan desaparecer a los desaparecidos”. Por eso demandó que como familiar de una víctima de la desaparición forzada, la de su hermano Jesús, la presidenta de la CNDH entienda que “debe proteger a las víctimas, no al gobierno”. “Rosario Piedra tendría que estar levantando la voz para defender a esas víctimas y lo que hace es guardar un silencio cómplice el nuevo registro que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador», señaló. «Desaparecen por ejemplo a personas de las guerra sucia cuyos familiares ya se preguntan ´si dices que lo encontraste ¿dónde están? Y lo que hacen es revictimizar a los familiares. “No sólo es ilegal. Es una vergüenza, es una operación política para intentar decirle a la sociedad mexicana que no es el gobierno con más personas desaparecidas. Me parece que hay un nuevo pacto de corrupción-impunidad y que López Obrador lo encabeza”, acusó el legislador.
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