Recientemente, en una entrevista impromptu, el todavía auditor Colmenares se habría referido al Sistema Nacional Anticorrupción como una “vacilada”. Este tipo de expresiones podrían tomarse como provocación para responder en especie, pero eso no contribuye a elevar el debate público en lugar de caer en la frivolidad y el alarmismo estentóreo; como de lo segundo ya hay muchos ejemplos (demasiados), empleemos su tiempo de lectura para reflexionar sobre el alto costo de vacilar ante la responsabilidad pública.
Vacilar implica dudar, flaquear, negarse a decidir o actuar. La auditoría seria es un proceso sin duda técnico, pero parte de un evento político-administrativo. Si bien claramente toda auditoría debe conducirse con estricto apego al método y al procedimiento, no podríamos dejar de entender que el ejercicio presupuestal se encuentra inserto dentro de una esfera de decisiones políticas abiertas a escrutinio y frecuentemente al reclamo. Para eso precisamos que las Auditorías Superiores y de los Estados se centren en la faceta técnica y se abstengan de la política, honrando a cabalidad que en todo caso debe imponerse la evidencia de la revisión a los deseos de los titulares de los Ejecutivos. Auditar requiere esmero y pericia en la auscultación de los datos y un celo aun mayor para hacerlos prevalecer frente a los relatos que comúnmente formulan los políticos. Un ejemplo muy claro fue cuando Agustín Caso, entonces auditor de desempeño, estimó el sobrecosto del capricho de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, que ascendería a más de 330,000 millones de pesos. Bastó con que el presidente en una mañanera dijera que le parecía excesivo para que, en un ejemplo de vacilación, el auditor superior desestimara el ejercicio y separara al auditor de desempeño. ¿Qué cuentas son? Las que usted quiera, señor presidente. Esto es vacilar. La Auditoría Superior de la Federación y la mayoría de las Auditorías de los estados cuentan con elementos técnicos y profesionales cuya función y desempeño deben ser defendidos sin vacilación frente al poder. De ahí la importancia de titulares que no confundan talante con desplante, ni autoridad con hilaridad, sino de mecanismos que permitan a la sociedad civil conocer y comprender el proceso para en su caso hacer causa común en defenderlo. El cargo de auditor (o auditora) seguro recibirá presiones o tentaciones del más alto calibre y por lo tanto requiere de un apoyo y legitimidad que apoye su labor cuando exista la evidencia, no solo del rigor técnico de sus informes, sino la solvencia moral de su desempeño. De igual manera requiere de un acompañamiento tan cercano que le impida materialmente ceder ante las tentaciones que de hecho surgirán.
En este contexto se olvida un aspecto tan o más importante que una buena designación, nos referimos a la fragilidad institucional, donde las instituciones públicas mexicanas se encuentran mayoritariamente colonizadas por personal que llegó por vías diferentes al mérito y que escaló por motivos ajenos a la capacidad, una fragilidad institucional donde los titulares son guardaespaldas del presidente (o presidenta) y donde la integridad y criterio son “premiadas” con la destitución o desprestigio artificial. Se requiere –a lo Madison– de instituciones que no requieran ser lideradas por ángeles (que no existen), pero que su diseño no deje otra alternativa a los demonios (que sí existen) desempeñarse con rectitud y atingencia, protegiendo a las y los titulares decididos a defender el interés público sobre el político. Una adecuada selección es importante, pero es solo el principio. _____ Nota del editor: Las opiniones publicadas en este artículo corresponden exclusivamente al autor.
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