La propuesta del Gobierno federal de crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, parte de un objetivo difícil de cuestionar: reducir riesgos de infiltración criminal en las elecciones. La preocupación es legítima: que los partidos cuenten con mayores elementos al momento de seleccionar a sus aspirantes. No obstante, tal como está diseñada, la propuesta no tendrá efectos sustantivos, pero sí riesgos. Me explico.
El problema no son solamente las candidaturas
Durante años, México ha acumulado evidencia sobre la manera en que organizaciones criminales aprovechan los procesos electorales para construir o consolidar regímenes criminales, principalmente en el ámbito local. Ante ese escenario, fortalecer mecanismos preventivos parece una respuesta razonable. Sin embargo, el control territorial de las organizaciones criminales no depende exclusivamente de colocar a sus candidatos. Su capacidad de influencia normalmente se construye mediante mecanismos más complejos, que revelan fallos más estructurales: financiamiento ilícito, violencia contra candidaturas, intimidación de adversarios, captura de autoridades locales o presión sobre gobiernos ya electos. No sería la primera vez que una política pública enfrenta este problema de origen. Durante el proceso electoral de 2024, buena parte de la discusión sobre seguridad se concentró en proteger físicamente a candidaturas bajo amenaza. Sin embargo, el problema nunca fue únicamente la agresión individual: detrás de ella existían procesos más profundos mediante los cuales grupos criminales buscaban moldear la competencia política. La evidencia disponible apunta en esa dirección. El análisis de la iniciativa ciudadana Votar entre Balas muestra que los ataques del crimen organizado no sólo buscan influir en candidaturas; también persiguen controlar gobiernos municipales, incidir en nombramientos estratégicos, acceder a recursos públicos y debilitar instituciones de seguridad y justicia. Más aún, 77% de las víctimas registradas se concentraron en el ámbito municipal, mostrando que el interés criminal está puesto en el control local. Bajo esa lógica, existe el riesgo de concentrar la respuesta pública en el síntoma más visible —las candidaturas riesgosas— mientras permanecen relativamente intactos los mecanismos que permiten construir arreglos político-criminales más profundos. Una organización criminal puede adaptarse con relativa facilidad: permitir competir a perfiles aparentemente limpios y ejercer influencia después mediante amenazas, corrupción o captura institucional. En otras palabras, la propuesta hará poco para evitar procesos más avanzados de construcción de dominio criminal desde lo local. Si lo que se pretende es blindar del crimen a la democracia antes, durante y después de las elecciones, la discusión debe ampliarse. La iniciativa actual busca establecer mecanismos de intercambio de información entre autoridades de seguridad y justicia con el Instituto Nacional Electoral (INE), donde estaría alojada la Comisión. Más que construir únicamente filtros para perfiles individuales, el país necesita fortalecer mecanismos dirigidos a reducir capacidades de las organizaciones criminales para la captura política. Esto involucra inteligencia financiera sobre campañas y gobiernos locales, sistemas de monitoreo permanente de violencia político-criminal, protección integral para candidaturas y autoridades locales en territorios de riesgo, fortalecimiento de policías municipales, y desarrollo de capacidades institucionales locales.
Hay riesgo de uso político de la Comisión
En cambio, donde sí puede haber un efecto relevante de esta iniciativa es en el uso político de las instituciones de seguridad. La iniciativa incorpora a autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia dentro de un proceso con consecuencias político-electorales. Aunque no tendrán facultades para vetar candidaturas, sí producirán información que puede influir en decisiones políticas. El riesgo es la politización de esa información. Una vez que expedientes, carpetas o reportes de inteligencia adquieren valor electoral, pueden surgir incentivos para utilizarlos de forma selectiva: filtrar información que perjudique a ciertos perfiles políticamente competitivos o minimizar aquella que afecte a otros. Una carpeta puede convertirse en un instrumento para debilitar candidaturas sólidas; hacerse de la vista gorda también puede convertirse en una forma de despejar el camino para determinados actores. El problema no es que las instituciones de seguridad generen información. El problema es cuando esa información empieza a influir en la competencia política. Ahí la frontera entre seguridad y elecciones comienza a volverse menos clara. Precisamente por ello, si la iniciativa avanza, será fundamental establecer reglas del juego con criterios técnicos muy claros: qué información puede utilizarse, qué estándares de evidencia serán válidos, quién la revisará, bajo qué procedimientos y con qué mecanismos de control y transparencia. Mientras menor sea la discrecionalidad, menor será también el riesgo de que una herramienta diseñada para fortalecer la integridad electoral termine abriendo espacios para la disputa política. _____ Nota del editor: Armando Vargas (@BaVargash) es doctor en Ciencia Política, profesor de posgrado en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa (@mexevalua). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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