Comparaciones caprichosas con máximos históricos y entre bases de datos diferentes son algunas de las prácticas con las que el gobierno federal incurre con el fin de presumir falsas reducciones en la incidencia delictiva, de acuerdo con informe presentado por la organización Causa en Común. Según el reporte “Incidencia delictiva 2018-2024… y algunas anomalías” , también hay evidencias de probables «manipulaciones» de las cifras de incidencia delictiva mediante el traslado de delitos a diversas categorías o subcategorías.
Algunos ejemplos de estas anomalías correspondientes a 2024 que Causa en Común detectó fueron: posible reclasificación de los homicidios dolosos como homicidios culposos; posible reclasificación de los homicidios dolosos como “otros delitos contra la vida; posible reclasificación de los homicidios dolosos como desapariciones; feminicidio; posible reclasificación de los secuestros como “otros delitos contra la libertad» y posible reclasificación de trata de personas como “otros delitos contra la sociedad”. En el análisis presentado este 18 de febrero, Causa en Común reportó que en los últimos informes que el gobierno federal presentó sobre la incidencia delictiva en el país las autoridades mezclaron cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con las del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). De esta manera, para los años 2018-2023 se utilizaron los datos del Inegi, mientras que, para 2024, se usaron las cifras del SESNSP, por lo que el número de víctimas reportadas por el Inegi en 2023 es mayor a las reportadas por el SESNSP en 2024 y al momento de comparar ambos registros el gobierno federal presentó una «engañosa disminución» del 7% en el número de víctimas de homicidio, apunta el informe de Causa en Común. A ello se le suma una presunta reclasificación de homicidios dolosos en otras subcategorías de delitos contenidos en el rubro de “delitos que atentan contra la vida”: homicidio culposo y “otros delitos contra la vida y la integridad”. De acuerdo con el SESNSP, la disminución en el número de víctimas de homicidios dolosos se produjo a la par de un aumento constante de las víctimas de homicidio culposo y de “otros delitos contra la libertad y la integridad”. Las cifras a nivel nacional –añade– muestran que entre el 2018 y 2024 el número de víctimas de homicidio doloso disminuyó 11%, mientras que el número de víctimas de homicidio culposo aumentó un 11%; el de “otros delitos contra la vida y la integridad” aumentó 102%.
Impulsar un programa nacional para incrementar la denuncia ciudadana, fortaleciendo modalidades como mesas de trabajo vecinales y vías digitales. Que el SESNSP defina la aplicación de criterios homologados para la recopilación, sistematización y manejo de la información estadística. Que el SESNSP lleve a cabo auditorías de los registros estatales de incidencia delictiva, con énfasis en aquellos que muestren anomalías y evidencias de probables manipulaciones. Que el SESNSP desarrolle programas de capacitación para los servidores públicos encargados de generar la información estadística sobre incidencia delictiva.
De esta manera, por ejemplo, Durango reportó 24% menos homicidios dolosos en 2024 respecto a 2023, pero registró un incremento de 75% en el número de personas desaparecidas. En el caso de los feminicidios, el informe señala que este delito arrastra importantes problemas de subregistro, derivados, en parte, a la falta de homologación en los códigos penales estatales, lo que afecta la precisión de las estadísticas reportadas. La evidencia de este subregistro son las altas variaciones en el porcentaje de asesinatos de mujeres tipificados como feminicidios, que se obtiene a partir de la suma de las víctimas de feminicidio y de las mujeres víctimas de homicidio doloso. En 2024, a nivel nacional se reportaron 3,427 mujeres asesinadas, lo que implica que las víctimas de feminicidio representa el 24% de ese total. A nivel estatal, hay cuatro entidades en las que esa proporción es igual o superior al 70%: Yucatán (70%), Tlaxcala (73%), Coahuila (74%) y Campeche (100%). En cambio, hay 12 entidades en donde el porcentaje de asesinatos de mujeres tipificados como feminicidio es inferior al 24% nacional. El informe señala que hay estados cuyos registros oficiales sobre violencia feminicida no concuerdan con los reportes en medios de comunicación locales. Por ejemplo, Colima reportó seis víctimas de feminicidio en 2024, pero Causa en Común documentó 17 asesinatos de mujeres con crueldad extrema. Mientras tanto, Guerrero reportó en 2024 22 víctimas de feminicidio y Causa en Común documentó 33 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, por lo que –señala– solo el 10% de los asesinatos de mujeres en la entidad se tipificaron como feminicidios. Similar al caso de los homicidios dolosos, el delito de secuestro también presentó anomalías que sugieren la probable dilución de los registros en la subcategoría de “otros delitos contra la libertad”. De acuerdo con el SESNSP, entre 2018 y 2024 el número de víctimas de secuestro disminuyó 43%, mientras que las víctimas de “otros delitos contra la libertad” aumentaron 45%, creciendo de manera sostenida año con año. De hecho, en 2024, las víctimas de “otros delitos contra la libertad” alcanzaron un nuevo máximo histórico. Por ejemplo, el Estado de México reportó en 2024 76 víctimas de secuestro, en contraste con ls 6,695 víctimas de “otros delitos contra la libertad personal”. Con el fin de contar con reportes oficiales que reflejen la realidad delictiva en el país, Causa en Común propuso:
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