En México, cerca de 165,000 hijas e hijos podrían estar vinculados con personas desaparecidas o no localizadas, esto de acuerdo con una estimación elaborada por Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe y el Observatorio Infancia Latina. El cálculo busca dimensionar una población que permanece prácticamente invisible para los registros oficiales. El informe se dio a conocer previo a este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas , una fecha dedicada a visibilizar a las víctimas de este delito y a sus familias.
México registra personas, no familias
El informe Hijas e hijos de personas desaparecidas en México: Estimación nacional, invisibilidad institucional y obligaciones urgentes , advierte así que México no tiene actualmente datos que permitan conocer con precisón cuántas niñas, niños, adolescentes y personas adultas son hijas o hijos de quienes permanecen desaparecidos. Sin embargo, el cálculo parte de 103,176 personas de entre 15 y 49 años que permanecen desaparecidas o no localizadas al mes de agosto de 2026, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Fue así que esta cifra se aplicó el indicador de 1.60 hijas e hijos, tomado de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023, para obtener un escenario de cerca 165,081 hijos e hijas potencialmente vinculados con ese universo de personas desaparecidas. El informe enfatiza que esta cifra no equivale a un censo ni a un número exacto de hijos de personas desaparecidas. Tampoco significa que todas esas personas sean actualmente niñas, niños o adolescentes. Según Tejiendo Redes por la Infancia, el principal problema para la realización de este informe se encontró en la estructura del RNPDNO, pues aunque el registro permite conocer características de las personas desaparecidas, no se relaciona públicamente con sus familiares.
Por ello, no permite saber cuántas personas desaparecidas tenían hijas o hijos, qué edades tienen, quién está a cargo de su cuidado o qué apoyos reciben. Tampoco identifica casos en los que dos personas desaparecidas formen parte de una misma familia. Esta ausencia de información se señala, tiene consecuencias más allá de las estadísticas, pues de acuerdo con Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, la desaparición de una persona puede alterar los cuidados, los ingresos familiares, la continuidad escolar, la salud, la seguridad, la vivienda y los vínculos comunitarios. Por lo que sin información sobre esos factores, las instituciones tampoco pueden determinar con precisión a quién deben atender, qué presupuesto necesitan o si las medidas de protección están funcionando.
Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas
La fecha internacional, que se conmemora cada 30 de agosto , fue establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante la resolución 65/209 en 2010 y comenzó a observarse en 2011. La ONU subraya que las desapariciones no afectan únicamente a quienes desaparecen, sino también a sus familias y comunidades. Este año, además, la conmemoración adquiere un significado particular: 2026 marca el 20 aniversario de la adopción de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el único tratado universal dedicado específicamente a prevenir y erradicar esta práctica. La ONU colocó como lema de este aniversario “Las víctimas primero. Acciones ya”, con énfasis en los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. En México, el informe recién prestado plantea así que poner a las víctimas en el centro también implica mirar a quienes permanecen fuera de la estadística: las hijas e hijos que deben reorganizar su vida ante la ausencia prolongada de una madre, un padre o una persona cuidadora. Y es que la desaparición puede interrumpir cuidados, reducir ingresos, afectar la continuidad escolar, deteriorar la salud, incrementar riesgos de seguridad y modificar los vínculos familiares y comunitarios. Sin embargo, el Estado no cuenta actualmente con información suficiente para saber cuántas niñas, niños y adolescentes enfrentan estas consecuencias ni qué respuestas reciben. Así, en el informe también se recupera evidencia cualitativa del trabajo realizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, que documentó las experiencias de hijas e hijos de personas desaparecidas. Entre los impactos identificados estuvieron el miedo y la incertidumbre, afectaciones al rendimiento escolar, burlas, respuestas desiguales de docentes, trámites institucionales poco sensibles e inseguridad en espacios cotidianos y digitales. También se identificaron barreras para acceder a becas, horarios incompatibles con el empleo, trámites repetidos, apoyos tardíos y falta de atención especializada. La desaparición puede trasladar hacia madres, abuelas, hermanas, parejas e hijas buena parte de las tareas de búsqueda, cuidado, generación de ingresos y relación con las instituciones. El informe señala que estos impactos deben investigarse sin convertirlos en estereotipos. Ante el vacío de información precisa de cuantos hijos e hijas viven en la incertidumbre ante la desaparición de sus padres, el informe propone que la desaparición de una persona active una ruta institucional protegida para identificar si tiene hijas o hijos y conocer sus necesidades. La propuesta plantea coordinar al Sistema Nacional de Búsqueda, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y SIPINNA, sin crear una base de datos pública con información sensible de las familias. La ruta contempla cinco etapas: identificación, valoración, activación, continuidad y rendición de cuentas. Esto implicaría registrar el vínculo y un contacto autorizado; valorar cuidados, educación, salud, ingresos, desplazamiento y riesgos; asignar responsabilidades entre las instituciones; evitar entrevistas y trámites repetidos y evaluar periódicamente si los apoyos son suficientes. El informe plantea que compartir información entre instituciones debe significar compartir señales necesarias para activar derechos, no expedientes completos de búsqueda ni historias familiares. La identificación tendría que estar protegida mediante minimización de datos, accesos diferenciados, seguridad digital y mecanismos de rectificación y queja. El documento también cuestiona que la atención se limite a quienes actualmente son menores de edad y es que la desaparición de un padre, madre o persona cuidadora puede tener efectos prolongados sobre la educación, salud, seguridad social, identidad y proyecto de vida. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias reconoce que esos efectos pueden continuar después de que las víctimas indirectas cumplen 18 años. Por ello, el informe resalta que reconocer a las hijas e hijos de personas desaparecidas como una población diferenciada, con derechos y necesidades que deben ser considerados en las políticas de búsqueda, atención a víctimas, educación, salud y protección social.
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