El regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos viene acompañado de su amenaza de incrementar aranceles a productos mexicanos, de su intención de expulsar a miles de migrantes de regreso a México y de su plan de declarar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Esto ha desatado la indignación del gobierno mexicano. Como era de esperarse, la respuesta oficial ha sido un llamado a una «unidad nacional» que parece más orientado a imponer en la opinión pública la narrativa de un supuesto enemigo externo que amenaza la soberanía del país.

La estrategia de «abrazos, no balazos» no solo ha fracasado en contener la violencia, sino que ha permitido que los cárteles se expandan territorial y políticamente. La delincuencia organizada ya no solo controla rutas de tráfico de drogas; hoy impone gobiernos locales, cobra impuestos ilegales a empresarios y mantiene comunidades enteras bajo un régimen de terror. En este contexto, resulta irónico que la respuesta oficial ante la amenaza de Trump sea una supuesta defensa de la soberanía, cuando en la práctica esa soberanía ha sido entregada a grupos criminales. Además, este llamado a la unidad suena aún más cínico cuando se observa la cercanía del gobierno de México con regímenes autoritarios de América Latina, como Venezuela. La reciente participación en la toma de protesta de Nicolás Maduro es una muestra más de la política exterior alineada con dictaduras populistas. Mientras el gobierno clama por el respeto a la democracia y la no intervención, respalda a líderes que han destruido sus propios países. Esta doble moral solo le da más argumentos a Trump para señalar a México como un Estado fallido. El problema no es la retórica de Trump, sino la realidad que permite que sus palabras resuenen. Si el gobierno de México enfrentara realmente al crimen organizado, fortaleciera sus instituciones democráticas y respetara el Estado de derecho, Trump no tendría margen para sus amenazas. Pero la inacción del gobierno, su permisividad con el narcotráfico y su aval a la violación de los derechos humanos en el ámbito internacional solo lo han convertido en un blanco fácil. La pregunta es, ¿unidad con quién? ¿Con quien destruyó la independencia judicial y los órganos autónomos? ¿Con la autora de la fraudulenta sobrerrepresentación y la «supremacía constitucional»? ¿Con la que compra senadores? ¿Con quien obedece sin cuestionar cada capricho autoritario de López Obrador? ¿Unidad con quienes han dividido y polarizado a los mexicanos? No.

La unidad que necesitamos no es con el gobierno de Sheinbaum. No podemos unirnos a quienes han normalizado la violencia, debilitado la democracia y comprometido nuestra soberanía con criminales y dictadores. La verdadera unidad debe ser entre ciudadanos, exigiendo seguridad, justicia y, sobre todo, un gobierno que piense en la gente y no en perpetuarse en el poder. ____ Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

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