La Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas al Código Penal Federal para elevar las penas hasta a 18 años de prisión por el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado. Esta reforma busca fortalecer las sanciones ya previstas para este tipo de conductas en contra de menores de 18 años, omitiendo deliberadamente el término “reclutamiento forzado” para facilitar el consenso político; gracias a ello, la iniciativa fue aprobada con 415 votos y enviada al Senado.
Las modificaciones legales se aplicaron al artículo 201 del Código Penal Federal, estableciendo que las sanciones por el delito de corrupción de menores con fines de asociación delictuosa –que actualmente son de siete a 12 años– se incrementarán en una mitad, alcanzando así los 18 años de cárcel. Durante la sesión, legisladores de diversos grupos parlamentarios reconocieron que, a pesar de las prohibiciones vigentes, este delito sigue creciendo. Al respecto, el diputado Miguel Alonso Reyes, del PRI, advirtió: “De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, se estima que entre 140,000 y 250,000 niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados». Reyes señaló además que, según datos de la organización Tejiendo Redes Infancia, cada año son reclutados entre 35,000 y 45,000 menores de edad: “Las organizaciones criminales han encontrado terreno fértil ante esta laguna legislativa». En este sentido, la diputada Tania Palacios, de Acción Nacional, calificó el reclutamiento de menores como “una emergencia nacional”, alertando que el marco legal es superado por la realidad: «Mientras el crimen organizado ya recluta en redes sociales, en chats privados, en plataformas digitales, nuestra legislación sigue anclada en un tipo penal pensado para un México analógico. El crimen ya migró al mundo digital, nuestra ley todavía no». La legisladora también recordó que la frecuencia de estos casos evidencia una “generación de sicarios, de Juanito Pistolas, en Morelos, de 16 años; de Valentín, El Niño Sicario, de Sonora; de David Fabián, “El Pollo”, de Morelos; del Kevin; de los 38 jóvenes reclutados en el rancho La Vega con falsas ofertas de empleo”.
Por su parte, la diputada Naty Poob Pijy Jiménez, de Morena, subrayó que esta reforma envía un mensaje claro: “Quien reclute a un menor para delinquir enfrentará consecuencias proporcionales a la gravedad del daño de la causa». Como ejemplo de la magnitud del problema, se mencionó que en Sonora se detuvo a 344 niños reclutados por la delincuencia organizada en un periodo de apenas seis meses. No obstante, se aclaró que el objetivo es robustecer las penas ya existentes por corrupción de menores vinculada a asociaciones delictuosas, evitando crear un tipo penal específico de “reclutamiento forzado” para no incurrir en redundancias legislativas. Por otro lado, el diputado Pablo Vázquez Ahued, de Movimiento Ciudadano, opinó que la reforma es insuficiente, pues argumentó que se necesita una estrategia integral de seguridad pública que desarticule las redes de reclutamiento y permita la recuperación de los jóvenes afectados. Se expuso además que el reclutamiento forzado se manifiesta mediante tácticas variadas, tales como ofertas de empleo falsas, la cooptación de pandillas locales o el secuestro masivo de jóvenes en comunidades rurales de todo el país. Incluso se denunció que los centros de rehabilitación o anexos «en realidad son centros de reclutamiento de niñas, niños y jóvenes».
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