El 5 de marzo, miembros del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, en compañía de elementos de la Guardia Nacional, hallaron tres crematorios clandestinos con restos humanos calcinados y triturados en el Rancho Izaguirre ubicado en La Estanzuela, Jalisco. Las fotos que se difundieron eran brutales. Además de huesos humanos, en los crematorios había ropa, zapatos y pertenencias de las víctimas, lo que inevitablemente hizo recordar la referencia de Auschwitz, el infame campo de exterminio Nazi, a diversos usuarios de redes sociales.
En septiembre de 2024, el predio ya había sido explorado e investigado por agentes policiales, pero no habían encontrado los crematorios clandestinos, lo que nos habla de la incapacidad y la indolencia de las autoridades. Como siempre ocurre en México, fueron los colectivos de búsqueda de personas quienes tuvieron que hallar los crematorios clandestinos. Las autoridades pusieron el pretexto de que había sido muy difícil hallar los restos humanos porque los criminales hicieron muy buen trabajo escondiéndolos bajo una capa de tierra y una capa de ladrillo. Vaya cinismo. Hay que recordar que, en los casos de desaparición, los familiares y los seres queridos de las personas desaparecidas son víctimas, pues sufren el dolor, la incertidumbre, la impotencia y la enorme tristeza de no conocer el destino de su ser querido y no pueden procesar el duelo de manera saludable, al no estar seguros de si esa persona sigue con vida o, en caso de haber fallecido, en dónde y bajó qué condiciones murió. Por lo tanto, la situación es doblemente desgarradora. Si de por sí es inaceptable que las autoridades sean omisas o incapaces de encontrar a las personas desaparecidas, es aún peor que sean las víctimas quienes —en medio de un dolor indecible— tengan que hacer el trabajo del Estado para encontrar a sus hijas, hijos, parejas, hermanos y hermanas. De acuerdo con el colectivo Guerreros Buscadores, el Cártel Jalisco Nueva Generación utilizaba este rancho como campo de reclutamiento forzado, adiestramiento y exterminio. Las investigaciones de académicos y activistas, como Jorge Ramírez, Claudio Lomnitz, Natalia Mendoza, Jacobo Dayán y otros, han demostrado que una de las causas comunes de desaparición de personas en México es el reclutamiento forzado. Es decir, por medio de la violencia, la coerción o la privación ilegal de la libertad, los grupos criminales obligan a personas jóvenes a participar de distintas formas en sus actividades ilícitas. Mediante estos esquemas de reclutamiento forzado y adiestramiento, las organizaciones criminales utilizan la violencia para convertir a jóvenes inocentes en sus traficantes de drogas, sus sicarios, sus halcones o sus trabajadoras sexuales. Las personas con profesiones especializadas también son víctimas del reclutamiento forzado para ser los hackers, los contadores, los administradores, los médicos y los químicos de los grupos criminales. El Rancho Izaguirre es tan sólo un ejemplo entre decenas, probablemente cientos, de casos similares en todo el país. Los grupos criminales operan con un nivel tan alto de impunidad y han alcanzado grados tan altos de control territorial que pueden tener campos de reclutamiento, entrenamiento y exterminio a menos de 60 kilómetros de distancia de Guadalajara, una de las ciudades más importantes de México. Pueden privar de su libertad a jóvenes y convertirlos, por la fuerza, en sicarios y pueden asesinar, desaparecer y cremar a cientos de personas sin que las autoridades hagan nada para evitarlo.
Este horroroso caso arroja preguntas muy incómodas para la sociedad mexicana, para el gobierno local de Pablo Lemus y para el gobierno federal de Claudia Sheinbaum. ¿Por cuánto tiempo operó, en impunidad, el Rancho Izaguirre? ¿Cuántos de estos megacampos de entrenamiento y exterminio tiene el Cártel Jalisco Nueva Generación en esta entidad? ¿Y cuántas instalaciones similares tienen ése y otros grupos criminales en todo el territorio nacional? ¿Por qué las autoridades no encontraron los restos humanos la primera vez que exploraron el rancho? ¿Por qué los medios mexicanos están prestando mayor atención a la tontería de que algunos políticos prefirieron saludar al hijo de López Obrador antes que a la presidenta Sheinbaum en un mitin que al horror del campo de exterminio? ¿Las autoridades locales y federales tienen la capacidad forense para identificar a quiénes pertenecían los restos óseos para así dar certidumbre a las familias? Y una pregunta muy importante en el contexto actual, en el que la política de seguridad federal está en medio de un viraje (que algunos aplauden) y en el que México está supeditando sus intereses de seguridad a los de Estados Unidos, es: ¿no valdría la pena utilizar todos los recursos de inteligencia, investigación y fuerza que está destinando el Estado mexicano a encontrar y destruir laboratorios de fentanilo para rastrear y desarticular este tipo de campos en los que las personas son desaparecidas por partida doble (por el reclutamiento forzado y el exterminio)? En otras palabras, ¿en vez de desarticular las redes de tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos no sería más útil entender mejor para después desactivar las redes de desaparición de personas? ¿No sería mejor eso para los mexicanos y las mexicanas? ¿No sería más útil para resolver la crisis de violencia, muerte y horror que atraviesa el país? ____ Nota del editor: Jacques Coste ( @jacquescoste94 ) es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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