Claudia Sheinbaum ha presentado una iniciativa de reforma electoral elaborada desde el poder. No es un dato menor. Es la primera vez desde 1977 que una reforma de esta naturaleza se impulsa de manera unilateral desde el gobierno, sin construirse a partir de un consenso amplio con las fuerzas de oposición. Y es la primera desde 1996 que no nace del Congreso como espacio plural, sino del Ejecutivo y de un grupo de militantes y burócratas afines.
En cualquier democracia moderna ocurre lo contrario. Son quienes pierden una elección los que cuestionan las reglas y proponen ajustes para corregir inequidades. Aquí no. Aquí son quienes ganaron por amplio margen quienes quieren modificar el tablero a su favor. Los poderosos moviendo las reglas. Esa sola señal debería encender alarmas. Pero hay algo todavía más grave: hay un elefante en la sala. Está ahí, ocupa todo el espacio y condiciona el sistema entero, pero quienes diseñaron la reforma prefieren no mirarlo. Me refiero a la narcopolítica. Hablamos de un mecanismo concreto de captura del poder. Cuando los grupos criminales ponen candidatos, fondean campañas o intervienen en la jornada electoral, después cobran la factura; y la cobran cara. Exigen permisividad para el trasiego de droga, armas y personas, para la extorsión y el secuestro. Acaparan contratos de obra y servicios públicos. Controlan policías locales y presupuestos. Hemos llegado al extremo de ver gobernadores y alcaldes no solo vinculados, sino encabezando directamente redes criminales. Ahí está La Barredora, que nació desde dentro del gobierno de Adán Augusto en Tabasco. Ahí está el caso del alcalde morenista de Tequila, Diego Rivera Navarro, que encabezaba personalmente la red criminal y reportaba al Mencho. Ese es el tamaño del elefante. Si se quiere hablar en serio de reforma electoral, el punto de partida debe ser cortar de raíz el financiamiento ilícito. La propuesta de Sheinbaum de reducir el financiamiento público genera un ahorro marginal frente al presupuesto federal y no resuelve nada de fondo; sin controles efectivos contra el ingreso de dinero criminal, sería incluso contraproducente. Morena no tiene problema en recibir menos recursos del INE si sus candidatos ligados a estructuras delictivas cuentan con financiamiento paralelo que compensa cualquier reducción. El dinero del crimen no puede competir contra el legal: sin inteligencia financiera electoral independiente en tiempo real, sin anulación automática de elecciones cuando se acredite financiamiento criminal y sin extinción de dominio sobre recursos ilícitos usados en campañas, la competencia seguirá distorsionada. El problema no es cuánto dinero hay en la política, sino de dónde viene. El segundo frente es la violencia política. La elección federal de 2024 fue la más violenta de la historia moderna del país: más de 60 aspirantes y candidatos asesinados durante el proceso, cientos de actores políticos agredidos, más de 30 renuncias forzadas por amenazas directas y casillas que no pudieron instalarse en diversas regiones por control territorial. No fue violencia casual, fue un mecanismo de control electoral en varias zonas. Si asesinan a un candidato y la elección sigue como si nada, el mensaje es brutal: las balas también votan.
El tercer problema es quién gobierna después de la elección. No basta con hablar del dinero; hay que hablar de los narcocandidatos. El asesinato de Sergio Carmona, señalado como precursor del huachicol fiscal y financiador de campañas de Morena, cerró la puerta a un caso clave sin que se investigara a los candidatos o al partido beneficiado. Si un partido postula candidatos vinculados al crimen organizado y luego alega desconocimiento, el sistema está diseñado para la impunidad. Debe existir una lista de inelegibles, debida diligencia obligatoria y responsabilidad solidaria del partido y de su dirigente nacional. Quien postule narcos no puede lavarse las manos después. El cuarto frente es la intervención criminal directa en la jornada electoral. Tomar casillas, bloquear carreteras, intimidar votantes o impedir la instalación de urnas es alterar la voluntad popular. En 2021 ya se denunció ante organismos internacionales la metodología de presión territorial en varias elecciones para gobernador, especialmente en Michoacán, con bloqueo de accesos y coacción del voto en diversas regiones. En 2024 el patrón se repitió. Si el crimen toma centros de votación y la elección no se anula automáticamente, el mensaje es que votar bajo amenaza es normal. Con la reforma electoral no está en juego un simple ajuste técnico para ahorrar recursos, como el gobierno nos quiere hacer ver. Está en juego si México va a seguir normalizando que el crimen organizado participe en la selección de candidatos, defina ganadores y perdedores, capture gobiernos locales, y quizá hasta del federal. Con independencia de la evidente toxicidad de la reforma de Sheinbaum, si sus legisladores deciden cambiar el sistema electoral sin tocar la narcopolítica, no será por omisión. Será porque ese elefante no les estorba. Les resulta funcional. Ignorarlo no es descuido, es cálculo político. Y una reforma construida para no ver el problema más grave del sistema no fortalece la democracia, degrada e incluso la cancela.
_____ Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
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