El disparo que nadie esperaba escuchar en voz alta
Hasta hace muy poco, hubiera resultado impensable que un presidente de los Estados Unidos anunciara públicamente que su Comando Sur ejecutó un ataque letal contra el líder de una organización criminal fuera de su territorio, lo celebrara como éxito político y lo transmitiera en video. Pero eso ocurrió. Y ocurrió con una frase que no admite interpretaciones ambiguas: «ya no tienen refugio seguro.» No dijo «ya no tienen refugio en Venezuela». Dijo en ninguna parte.
Un nuevo paradigma que el gobierno mexicano prefiere no ver
Esa distinción cambia todo el tablero estratégico de América Latina, y debería haber encendido alarmas en Los Pinos. No lo hizo. La muerte del Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, no es noticia porque haya muerto un criminal. Es noticia porque el instrumento que lo eliminó fue el Comando Sur, no el FBI, no la DEA, no un tribunal de extradición. Fue un mando militar con doctrina hemisférica. Y el presidente que lo ordenó lo dijo con todas sus palabras: «bajo mis órdenes». Durante décadas, la respuesta estadounidense al crimen organizado fuera de su territorio descansó en tres pilares: cooperación policial, asistencia técnica y compartición de inteligencia. Esa arquitectura partía de un principio básico: el instrumento principal era el aparato policial y judicial del país socio. México participó activamente en ella, con todos sus claroscuros, durante sexenios de distintos signos políticos. Lo que ocurrió en Venezuela inaugura un cuarto modelo, cualitativamente distinto: operaciones militares de precisión contra organizaciones criminales calificadas como amenazas estratégicas. El lenguaje que utilizó Trump no fue policial ni judicial. Fue explícitamente castrense. Habló de ataque cinético: destrucción del objetivo, fuerza letal deliberada, neutralización inmediata. El gobierno mexicano observó ese acontecimiento y respondió con la misma postura que ha adoptado ante cada señal de alerta proveniente de Washington: silencio ideológico envuelto en retórica soberanista.
Lo que el Tren de Aragua revela sobre la nueva clasificación de amenazas La paradoja venezolana y el error de cálculo mexicano
Muchos analistas —y aparentemente quienes diseñan la política de seguridad en México— siguen mirando organizaciones como el Tren de Aragua como variantes más de cartel de drogas. Ese diagnóstico está peligrosamente desactualizado. Se trata de una empresa criminal multimodal que opera simultáneamente en extorsión, trata de personas, tráfico de migrantes, minería ilegal, secuestro, homicidio por encargo, lavado de dinero y control territorial. Esa diversificación la hace extraordinariamente resiliente. Pero lo más revelador no es su estructura. Es la categoría en que Washington decidió ubicarla: la misma reservada antes para el terrorismo y los actores híbridos con capacidad de afectar intereses estratégicos estadounidenses. Cuando el Comando Sur es el actor principal, la señal es inequívoca. Para el gobierno de Sheinbaum, sin embargo, esa señal parece procesarse únicamente como argumento para reivindicar principios de no intervención, no como dato de inteligencia estratégica que exige una respuesta institucional de fondo. Uno de los detalles más reveladores de la operación es que implicó coordinación con Venezuela, un gobierno al que Washington ha calificado sistemáticamente de régimen hostil. Cuando la amenaza criminal resultó lo suficientemente prioritaria, la cooperación en seguridad prevaleció sobre el conflicto político bilateral. La lógica cambió sin aviso: primero la seguridad, después la política. México debería leer ese dato con una lucidez que hasta ahora ha brillado por su ausencia. El gobierno actual ha construido su postura ante Washington sobre una apuesta implícita: que la fricción retórica tiene un costo geopolítico manejable, que la narrativa de soberanía es un escudo suficiente y que la integración económica actúa como disuasivo automático ante cualquier escalamiento. Venezuela demostró que ninguna de esas premisas es garantía cuando Washington decide que una amenaza supera el umbral de tolerancia política. Lo que resulta particularmente preocupante no es la confrontación en sí, sino la ausencia de una arquitectura de respuesta. El gobierno mexicano no ha articulado una estrategia clara frente a la designación de grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas, no ha fortalecido de manera visible sus capacidades de inteligencia estratégica y ha oscilado entre la negación de cifras y la minimización de amenazas cada vez que los datos contradicen su narrativa oficial de seguridad.
El repertorio se amplía mientras México mira hacia otro lado
Ese es precisamente el punto central: la relevancia estratégica del precedente venezolano no radica en que exista una operación equivalente en preparación contra México, sino en que el repertorio de instrumentos que Washington ha demostrado estar dispuesto a utilizar se ha expandido públicamente. Y un gobierno que decide su política de seguridad ignorando ese dato no está ejerciendo soberanía. Está practicando negligencia estratégica con retórica patriótica. México no es Venezuela. La frontera compartida de más de tres mil kilómetros, la integración económica sin equivalente regional y las capacidades institucionales propias hacen que cualquier escenario de alta intensidad sea incomparablemente más costoso para ambos países. Pero esa diferencia no es una licencia para la inacción ni para sustituir la inteligencia estratégica por discursos de tribuna. Es precisamente esa posición la que exige mayor precisión analítica, mayor sofisticación diplomática y mayor voluntad de cooperación institucional sin claudicar en soberanía real. Fortalecer las capacidades nacionales de inteligencia, investigación y coordinación internacional no es una concesión a la presión extranjera. Es una decisión de Estado. Un Estado que confunde el rechazo ideológico a Estados Unidos con una política de seguridad coherente no está protegiendo a su población. Está apostando su seguridad a que el adversario nunca decida jugar en serio. Cuando Washington normaliza públicamente el uso de fuerza militar contra objetivos criminales fuera de su territorio y lo anuncia como política exitosa, el mensaje llega a todos los gobiernos del hemisferio. La pregunta no es si México lo recibió. La pregunta es si tiene la madurez institucional para responder con algo más que un comunicado de principios. ____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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