Por segundo año consecutivo, al presentar su informe anual de labores, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, insistió en la necesidad de transformar el organismo y convertirlo en una Defensoría del Pueblo, porque ya no es suficiente para garantizar la protección de los derechos. “Nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, que ya no responde, dije ya no responde, a las necesidades del pueblo mexicano”, afirmó el 24 de enero ante el Pleno del Congreso.
Para defensores de derechos humanos, Piedra Ibarra tiene razón en que la CNDH se ha alejado de algunas víctimas, pero señalan que en parte se debe a que está operando sin autonomía. La ven omisa ante la militarización del país y consideran que ha dado la espalda a algunos casos de violaciones graves a los derechos humanos. Sin embargo, subrayan, esto no es resultado de cómo se ha constituido el organismo, sino de su debilitamiento institucional producido, entre otras razones, por la cercanía de la titular con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. “La Comisión ha servido como una caja de resonancia para defender o respaldar las políticas desde el Poder Ejecutivo, aun cuando son contrarias a los derechos humanos”, advierte Eduardo Guerrero, abogado del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). En este panorama, Piedra Ibarra busca reelegirse en el cargo. Próximamente, el Senado de la República deberá elegir ombudsperson y especialistas advierten de los riesgos de ratificar para un segundo periodo a la actual titular.
Más recomendaciones, menos medidas cautelares Rosario Piedra ha negado que su presidencia actúe sin autonomía. Al presentar su informe de labores 2023, sostuvo que en los cuatro años de su gestión se emitió el 24% de todas las recomendaciones registradas desde la creación del organismo en 1990.
También expuso que en ese lapso se han interpuesto más demandas de inconstitucionalidad que en la administración pasada, pese a ejercer un presupuesto menor. “Lo digo con la frente en alto: desde noviembre de 2019 no hay una sola recomendación que haya debido haberse emitido que se haya dejado de hacer”, sostuvo ante legisladores. Sin embargo, el mayor número de recomendaciones no se traduce en más medidas precautorias o cautelares para la protección y defensa de los derechos humanos. En 2018, la CNDH emitió 223 recomendaciones y la cifra subió a 300 en 2022, de acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos Federal del Inegi. En contraste, las medidas precautorias o cautelares pasaron de 516 en 2018 a 165 en 2022. Si se consideran todas las acciones que puede realizar la CNDH (recomendaciones, medidas precautorias, acciones de inconstitucionalidad, conciliaciones y otras medidas), el organismo promovió menos en 2022: un total de 728 frente a 933 en 2018.
Se trata, exceptuando 2020, cuando las actividades se pospusieron en varios niveles por la pandemia de covid-19, del menor número de acciones desde 2016. El organismo recibió 70,093 solicitudes de queja durante 2022, 58% más que las 44,274 solicitadas en 2018, según el censo. Sin embargo, disminuyó los expedientes de queja calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos. En 2022 aceptó 23,749 en esa categoría, 727 menos que en 2018. “Las violaciones a derechos humanos que la CNDH acreditó con mayor frecuencia en sus recomendaciones fueron a los derechos de protección a salud, de acceso a la información en materia de salud y a la vida, relacionado con la inadecuada atención médica recibida en instituciones públicas de salud a nivel federal. Ello contrasta con el bajo número de asuntos en los que abordó violaciones al derecho a la libertad e integridad personal por casos de detenciones arbitrarias y tortura, o del derecho a la vida en casos de ejecuciones extrajudiciales”, explica en Centro Pro en un informe del trabajo de la CNDH en 2023.
La CNDH y las víctimas El 12 de febrero, familias de personas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente por miembros de la Marina protestaron afuera de la CNDH. Con la manifestación denunciaron al organismo de cometer omisiones en 34 carpetas de investigación. El grupo acusó que estas fallas han contribuido a la liberación de 23 de los marinos señalados. Como estas familias, otras personas víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos han señalado el actuar de la Comisión Nacional. El año pasado se hizo público que el organismo había bajo de su portal cientos de recomendaciones emitidas antes de 2015 sin consultar a las víctimas previamente. Posteriormente, publicó de nuevo los documentos, pero en versiones con gran parte de los hechos testados.
También se ha hecho público que la CNDH ha cerrado quejas graves contra el Ejército sin una investigación profunda y adecuada, como fue el caso del defensor de derechos humanos en Tamaulipas, Raymundo Ramos, quien denunció haber sido víctima de espionaje con el software de Pegasus. “En lugar de investigar a profundidad y en lugar de tomar en cuenta la evidencia hecha pública sobre estos hechos, la CNDH simplemente decidió cerrar la queja tomando únicamente en cuenta un informe de la Sedena diciendo que no, que no espiaban. Como esa, hemos tenido conocimiento de algunas otras en las que la CNDH ha sido omisa y no ha atendido”, advierte Guerrero.
Militarización Las Fuerzas Armadas han adquirido más poder en este sexenio y la CNDH no se ha opuesto. El mayor peligro de que Rosario Ibarra respalde las decisiones presidenciales es que actúa con parcialidad. Cuando López Obrador presentó una iniciativa para militarizar la Guardia Nacional y traspasarla a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se esperaba que la Comisión interpusiera una acción de inconstitucionalidad, pero, en cambio, defendió esa reforma, que más tarde fue anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que el 5 de febrero, de nueva cuenta, el Ejecutivo federal la envió al Congreso para su dictaminación. “Sus posicionamientos, sus acciones, pero también sus omisiones, van muy en línea de la posición y el discurso presidencial”, menciona Guerrero.
Es una minimización de la situación, se están negando las condiciones de violencia que está sufriendo la población».
Si el gobierno federal niega las violaciones a derechos humanos en ciertos lugares o situaciones, es difícil que la CNDH actúe de manera distinta y esto afecta, incluso, a comunidades enteras. En la frontera de Chiapas, grupos criminales controlan el territorio y las actividades económicas. Violentan y amenazan a los habitantes, denuncia Carlos Ogaz, integrante del Grupo de Trabajo Región Frontera. Los criminales también reclutan de manera forzada y hasta han obligado a la población a participar en manifestaciones. Pese a las graves violaciones que se viven en esta zona, hasta ahora el Gobierno federal ha minimizado la situación y ha negado que constituya una crisis humanitaria, afirma. «Esta minimización es también fruto de la poca voluntad política para una atención integral de este contexto de violencia. No hay una sola carpeta de investigación vinculada”, agregó al presentar el informe Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos. Por la violencia generalizada, entre junio de 2021 y enero de 2024, al menos 10,000 personas de la frontera sur han abandonado sus hogares, agrega Sandra Suaste, de la Red Nacional de Organismos de Civiles de Derechos Humanos.
Violencia y miedo es la realidad de la población en la frontera de Chiapas. No hay un conteo desde las autoridades porque ante estos temas de terror se imposibilita el tema de la denuncia”,
La comunidad desconfía hasta de la Guardia Nacional, explica, porque consideran que está coludida con los criminales o es omisa, por lo que las organizaciones han sostenido primeros acercamientos con la Secretaría de Gobernación para que reconozca la crisis y se atienda.
Contra defensores Otro grave problema es que la CNDH se ha lanzado también contra las personas defensoras, sobre todo con aquellas que han cuestionado sus decisiones. También se ha centrado en señalar a los organismos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI), órganos que el presidente López Obrador busca desaparecer. De manera similar a lo que hace el presidente en sus conferencias de prensa diarias, la Comisión abrió una sección en su portal web titulada «Mentiras sobre la CNDH». Ahí emite respuestas a supuestas publicaciones falsas sobre el organismo. Pero especialistas advierten que es una confrontación a organizaciones y personas defensoras que cuestionan sus decisiones.
Me parece preocupante porque es tener a la CNDH cuestionando a las propias organizaciones y a las propias defensoras de derechos humanos. Dio un paso más en esta lógica presidencial, pero también un paso más allá en el detrimento de su autonomía»,
Incluso, la CNDH se ha lanzado contra organismos internacionales de derechos humanos que le hacen recomendaciones y este año no acudió a la evaluación de México por el Consejo Nacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los especialistas advierten que si Rosario Piedra es ratificada en el cargo, la CNDH se arriesga a debilitarse todavía más y someterse al Poder del Ejecutivo. Aunque siempre se necesitan mejoras, explican, el cambio que propone la titular, para ser una Defensoría, no es estructural. Además, afirman, con las facultades que tiene actualmente la CNDH sí alcanza para realizar una digna defensa de los derechos humanos, siempre y cuando se haga con autonomía.
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