La Fiscalía General de la República (FGR) procederá legalmente contra un juez tras el fallo que emitió de no vincular a proceso a siete empresarios y exfuncionarios del Estado de México por el caso de la concesión del Viaducto Bicentenario, en el que la dependencia federal inició una causa penal por los delitos de asociación delictuosa, usurpación de funciones y explotación de un bien de la Nación.
¿Qué argumenta la FGR?
En una audiencia, el juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, Daniel Ramírez Peña, determinó desechar la causa penal interpuesta por la FGR. Ante ello, el órgano autónomo aseguró que el juez anunció su fallo antes de conocer las pruebas a favor y en contra, además de que emitió públicamente una opinión respecto del caso y anunció el veredicto en contra del Estado mexicano. “…razón por la cual la Representación Social de la federación ahí mismo lo recusó en audiencia, por incurrir en una causa de impedimento para seguir conociendo del asunto; y, por lo tanto, se le iniciará el juicio correspondiente, independientemente de los recursos que la ley permite”, detalló la FGR en un comunicado. Asegura que la concesión que otorgó el gobierno del Estado de México a la empresa Viaducto Bicentenario, S. A. de C. V., en el año de 2008, fue absolutamente ilegal, debido a que se realizó con el argumento de que se realizaría el mantenimiento de una vía federal, como se da en todas las entidades, sin embargo, esto le corresponde a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. “ Ese acto delictivo le permitió a un particular, el saqueo de más de 8 mil millones de pesos por dicha explotación ilegal , correspondiéndole el 99.5% de los ingresos totales, de esa vía federal; compartiendo con el Gobierno del Estado de México 42 millones de pesos, equivalente al 0.5%; sin que la Federación haya recibido, en estos quince años, ni un solo centavo por la explotación de un bien propiedad de la Nación”, detalla la FGR.
Implicados en el caso Viaducto Bicentenario
La Fiscalía presentó la denuncia contra la constructora española OHL y su sucesora, Aleática, por la probable explotación ilegal de una bien de la Nación y que se realizó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México. Entre los exfuncionarios implicados en el caso se encuentran Ernesto Nemer, exsecretario de Gobierno; Luis Limón, exsecretario de Movilidad; Alberto Angulo, exdirector del Sistema de Autopistas, y Jorge González Bezares, exdirector de la Junta de Caminos.
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