La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados se prepara a dictaminar la minuta de reformas a la Ley de Amparo en sus términos, sólo sin la retroactividad, pese a que ninguno de los ponentes que participaron en las tres sesiones de foro de Parlamento Abierto para analizar la minuta haya considerado que los cambios son positivos. El vicecoordinador de los diputados morenistas, Leonel Godoy Rangel, anticipó la aprobación del dictamen sin modificaciones de fondo, pues en el pasado priistas y panistas »impusieron su visión», y ahora toca hacerlo a la coalición de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde (PVEM), pues ganaron en las urnas.
Rechazan la reforma
El legislador justificó los cambios y dejó a la historia y a la academia valorar si son correctos o no, por ejemplo la nueva figura de “interés público”. Todo esto, dijo, “en defensa de una visión diferente que nosotros tenemos, que choca con la visión tradicional que se tenía de las instituciones y de las leyes”. “Se busca si, como en todo lo demás, como lo hicieron antes, el PAN, luego el PRI y luego el PRI nuevamente, imponer su visión y lo consiguieron y lo respetamos. Buscamos ganarles en elecciones cómo derrotar esa visión. Ahora cuando gane la oposición también va a buscar modificar esto que estamos ahora planteando”, expuso. En su argumentación Godoy agregó: “lo hacemos pensando en el bien superior de la nación. Nos podemos equivocar como se han equivocado otros gobiernos con una visión neoliberal. Nosotros también nos podemos equivocar pero será el tiempo el que decidirá esto, las leyes son perfectibles». “Seguramente mucho de lo que hoy hacemos será cuestionado dentro de 10 o 15 años”, dijo. Tras concluir el Parlamento Abierto sobre la minuta de Ley de Amparo en unos minutos se realizará la dictaminación y el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, dijo que ya hubo de entrada una modificación relevante. “El proyecto de dictamen ya viene con un cambio, que es la eliminación del efecto retroactivo de la reforma y seguramente van a venir varias propuestas”, expuso. En las tres sesiones del foro, realizadas el viernes, sábado y lunes participaron 30 ponentes y ninguno defendió los cambios. El 100% de los expertos expresaron sus dudas e incluso sus alertas sobre las consecuencias que, de aprobarse, tendrán las reformas en los derechos humanos, el sector económico y los intereses colectivos. Por ello al término la diputada panista Margarita Zavala dijo que “es importante que no le pongamos prisa, sino que revisemos profundamente lo que estamos haciendo, porque es una reforma de muy difícil punto de regreso Los abogados y el pueblo no lo merecen”. En la sesión de este lunes, una parte de los ponentes plantearon que la reforma busca no dejar caminos a los jueces y ordenarles negar suspensiones prácticamente para todo. Roberto Gil Zuarth, exlegislador panista, expuso que los cambios establecen “reglas tajantes, una especie de check list, una suerte de mecánica en que el juez tiene que ir determinando paso a paso si se puede conceder o no la suspensión”, y si bien elimina discrecionalidad, se da esta a los jueces revisores. “Parece una señal de desconfianza al juez electo popularmente. probablemente hay razones. Si la legitimidad democráticamente electa implicaba atar al juez a la voluntad popular, parece que ésta es una medida contramayoritaria del legislador. Le quitas discrecionalidad al juez electo popularmente y lo sustituyes por reglas de actuación”. La jurista y catedrática de la Escuela Libre de Derecho Luisa Conesa Labastida planteó también que los nuevos juzgadores carecen de contexto para valorar los casos con los antecedentes jurisprudenciales.
“Lo que resulta complejo, regresivo, es que la ley te diga: es que debes de negar la suspensión en estos casos. Bueno es que mejor di que no hay suspensión. Y es complejo cuando tienes toda una generación de jueces nuevos que no tienen este quehacer interpretativo”, indicó Conesa. “No está bien que te digan que cuando es interés colectivo e interés público tienes que negar. es como que te diga no des la suspensión nunca. Entonces ya no va a haber juicio de amparo”. Y es que recordaron el nuevo concepto incluido en la reforma: “interés público”, que se sumará al que hoy se aplica: “orden público e interés general” basado en jurisprudencias existentes. Ahora ambos conceptos deben existir para conceder suspensiones dentro de un juicio de amparo, y en términos llanos ahora interés público se considerará el interés del gobierno con lo cual, valoraron, el amparo dejará de ser instrumento de defensa de derechos ciudadanos. La magistrada Lena Moreno ejemplificó cómo pedir que ambos aspectos confluyan será complejo, generará confusión y hará imposible toda suspensión. Recordó el caso de una niña con androcoplasia a la que se concedió un amparo para tener un medicamento de alto costo en el IMSS, y en el futuro ese caso ameritará la negativa: “nos podrían decir va contra el interés colectivo porque es tan cara que podría impedir otros tratamientos”. La juzgadora también explicó por ejemplo que cancelar la posibilidad de suspender actos cuando se trate de congelamiento de cuentas “es dar un escopetazo para matar hormiguitas, sino que la figura donde tiene que ponderase es en la Ley de Instituciones de Crédito”, pues es una medida administrativa.
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