Confiamos en la investidura; la investidura, resultó, no basta El agujero por donde se fuga México. Entre el 21 de junio y el 27 de julio de 2026, el periodista Héctor de Mauleón difundió al menos cuatro grabaciones en las que se escucha a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, conversando con personas identificadas como intermediarios del FBI y el DHS sobre su visa cancelada y su disposición a cooperar.
En una de ellas dice textualmente que puede compartir lo que escucha en las mesas de seguridad estatales. Ávila reconoció la autenticidad de su voz, pero calificó todo como «conversación privada» y fragmentos sacados de contexto. No es un escándalo que se apague con un boletín: es la radiografía de un sistema que nunca definió, con claridad normativa, a quién le está entregando sus secretos más sensibles.
Tres nombres para un mismo agujero México tiene un Consejo de Seguridad Nacional de vocación estratégica, un Consejo Nacional de Seguridad Pública donde los 32 gobernadores revisan cifras delictivas junto al gabinete federal, y las Mesas de Coordinación de Seguridad, donde circula información operativa sobre células criminales activas. Tres cuerpos, tres niveles de sensibilidad y una clase política que, en la práctica, no siempre distingue uno de otro. Si no hay claridad sobre qué información circula en cuál mesa ni bajo qué clasificación, no hay manera seria de protegerla.
El filtro que nunca existió Un gobernador llega a esas mesas por haber ganado una elección, no por un control de confianza equivalente al de un mando policial medio. No hay examen patrimonial previo ni evaluación periódica de vulnerabilidad ante presión extranjera. En el caso de Ávila, el riesgo no es hipotético: su exesposo, Carlos Torres Torres, es investigado por la FGR desde 2025 por presuntamente permitir la operación de Los Rusos —facción del Cártel de Sinaloa— a cambio de sobornos, investigación que derivó en la cancelación de la visa de ambos. Ese antecedente, sumado a las gestiones documentadas para negociar con agencias estadounidenses, es exactamente el tipo de vulnerabilidad que ningún filtro institucional detectó a tiempo.
Dos gobernadores, dos desenlaces Aquí el caso obliga a corregir la lectura original: no se trata de impunidad simétrica. Rocha Moya sí pidió licencia, dos días después de que el Departamento de Justicia de EU lo acusara formalmente en un documento de 34 páginas por presuntos vínculos con «Los Chapitos»; el Congreso de Sinaloa aprobó su salida y designó gobernadora interina. Ávila, en cambio, permanece en funciones con respaldo explícito de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario Omar García Harfuch, quienes sostuvieron que el audio «no compromete la seguridad nacional» y que no hay delito que perseguir mientras no se confirme la identidad de sus interlocutores. La diferencia de trato no necesariamente refleja distinta gravedad: refleja que un caso llegó por acusación judicial extranjera formal, y el otro por una grabación filtrada a la prensa. Eso es un problema de diseño, no solo de percepción: la reacción institucional depende del vehículo de la denuncia, no de un protocolo de evaluación de riesgo.
Blindar información sin blindar personas es una farsa Se habla de cifrar comunicaciones y clasificar expedientes. Necesario, pero insuficiente: el punto más débil de cualquier sistema de inteligencia no es el archivo, es quien tiene acceso legítimo a él. Ningún candado tecnológico protege información que un actor autorizado decide ofrecer por cálculo de supervivencia política. La contrainteligencia interna —evaluación continua de quienes acceden a información estratégica— sigue siendo prácticamente inexistente en el diseño actual.
Una reforma con nombre y apellido
Se necesitan tres medidas verificables: a) Control de confianza obligatorio y periódico para todo integrante de mesas de coordinación, gobernadores incluidos; b) Clasificación explícita por niveles de sensibilidad con sanciones penales ejecutables por filtración; c) Un protocolo de alerta temprana que active revisión de vulnerabilidad ante procesos migratorios, señalamientos patrimoniales o vínculos familiares bajo investigación —sin esperar a que el escándalo estalle en un audio. Mientras la reacción institucional dependa de por dónde se filtra la denuncia y no de una verificación técnica previa, seguiremos descubriendo, un audio a la vez, por dónde se sigue escapando el país. _____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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